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En mayo de 2021, frente a la sede de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en Bogotá, quedó retratado un grafiti que respondía a una de las formas de violencia perpetradas durante el paro nacional. “Desaparecixs 379. ¿Dónde están?”. La cifra correspondía a la primera alerta de la Mesa Nacional de Trabajo sobre Desaparición Forzada, de la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos. Los números oficiales, sin embargo, son distintos. La Fiscalía le respondió a este diario que, a corte del 26 de octubre de 2021, se les dio trámite a 627 solicitudes para activar Mecanismos de Búsqueda Urgente (MBU). La entidad, además, resaltó un dato alarmante: todavía existen 27 casos activos.
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Aunque la Fiscalía no dio más detalles de esa veintena de procesos de personas que todavía no aparecen, el ente investigador explicó que se inadmitieron 192 solicitudes y que ya fueron ubicados 276 ciudadanos. El número de muertos, tras ser encontrados, es una incógnita que permanece. No obstante, para la investigadora Camila Galindo, de la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos, su organización tiene reporte de que existen 23 posibles asesinatos tras desaparición durante el paro de 2021. Una cifra que, por ahora, no está confirmada por la entidad que dirige Francisco Barbosa.
“Los días siguientes a nuestro reporte sobre 379 desaparecidos, en el que participaron alrededor de 20 organizaciones nacionales y territoriales, la Fiscalía nos empieza a enviar notificaciones sobre las búsquedas que se activan. Pero no nos daba confianza. Nos enviaban listados en los que decían que unas personas ya se encontraron y que nunca estuvieron desaparecidas. Había reportes también por ausencia voluntaria, otras que decían ‘conduciendo’ y otras como capturados. Hay una resolución donde está el caso de Brahian Rojas, en la que dicen que nunca estuvo desaparecido. Si nos notifican eso así, ¿cuál es el criterio para el resto de los casos?”, agregó la investigadora Camila Galindo.
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Uno de los casos más documentados por medios de comunicación y organizaciones de derechos humanos fue, justamente, el de Brahian Gabriel Rojas. El joven de 26 años desapareció el 28 de abril de 2021 en La Virginia (Risaralda) y fue hallado sin vida el 4 de mayo en Sabanalarga (Antioquia), a más de 330 km. Su hermana, Thalia Rojas, le dijo a El Espectador que, según testigos y familiares que estaban con él, en medio de protestas contra la fallida reforma tributaria, policías se habrían extralimitado con la víctima. “La espalda la tenía llena de morados. Él se alcanzó a soltar y salió corriendo. Cuando Brahian intentó correr, lo cogieron y lo llevaron hasta la orilla del río Cauca”, dijo tras conocer la muerte.
La Fiscalía, agregó la investigadora Galindo, solía enviar a la Mesa las actualizaciones sobre los MBU activos a través de resoluciones, pero dejó de hacerlo a partir de julio. A pesar de ello, la organización siguió recopilando sus cifras. A corte de septiembre, cuando las jornadas ya habían mermado, en 508 casos la persona ya había sido ubicada, sobre un universo de 820 denuncias. 22 ciudadanos estaban capturados, pero las autoridades no habían dado información oportuna a sus allegados. 13 habían sido golpeados durante su retención y 23 resultaron asesinados. De 312, explicó Galindo, no se ha podido corroborar con sus familiares si ya están en casa.
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Las regiones desde donde llegaron más reportes a la Mesa fueron Medellín, con 210 casos; Cali, con 129; Bogotá, con 87; Pereira, con 62, y Barranquilla, con 39. “Nosotros hablamos también de desapariciones transitorias. Todo porque la Fiscalía nos decía que si una persona era reportada y luego se sabe de ella pronto, digamos que al día siguiente, pues nunca estuvo desaparecida. Nosotros dijimos: no. La desaparición forzada es cuando alguien sustrae a un ciudadano y niega su paradero. No importa que pase una hora”, aseguró Galindo y concluyó que no descartan radicar una tutela contra la Fiscalía, buscando que responda por la información que no habría vuelto a enviar.
Destacó, al igual que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en sus recomendaciones al Estado colombiano, que policías aprovecharon la figura del traslado por protección para retener y violentar a manifestantes. Temblores ONG también llegó a esa conclusión y agregó que al menos 80 personas habrían sido asesinadas por civiles, policías, militares y hasta un investigador de la Fiscalía. A la fecha, según Temblores, tres ciudadanos siguen desaparecidos, en nueve reportes habría un vínculo directo de la Fuerza Pública y 27 personas fueron localizadas. Una de ellas sin vida, en Cesar, cuyo presunto victimario sería el Clan del Golfo.
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En cuando a la presunta participación de agentes estatales, el investigador Alejandro Rodríguez, coordinador de la plataforma GRITA de Temblores, señaló que “las víctimas son personas que son detenidas en la protesta y luego desaparecidas. Fueron vistas por última vez en medio de un procedimiento policial o alcanzaron a decirles a sus familiares que estaban siendo detenidas”, aseveró. Aunque las cifras oficiales y las de organizaciones de derechos humanos no coinciden, lo que sí está claro es que las secuelas del paro nacional de 2021 siguen vigentes. El balón está del lado de las autoridades para establecer realmente cuántas personas siguen desaparecidas y qué pasó con las que aparecieron muertas.