“¿Qué va a pasar con las familias?”: división de abogados del caso Chiquita Brands

A mediados de mes, Chiquita Brands sufrió un fuerte golpe en la justicia estadounidense, al ser declarado responsable de ocho homicidios relacionados con su probada financiación a las Autodefensas Unidas de Colombia, entre 1997 y 2004. Este 15 de julio, estaba previsto un nuevo juicio ante el Tribunal del Distrito Sur de Florida, en el que se siguiera evaluando la responsabilidad de la multinacional.

Sin embargo, en medio del procedimiento, el abogado Paul Wolf, quien representa al rededor de 2.500 familias colombianas, sorprendió a los otros equipos de abogados de víctimas, al presentar una propuesta de acuerdo con Chiquita Brands. Una en la que él sacaría una gran tajada, mucho mayor a la de sus familias. Para explicar el asunto, El Espectador se contactó con la abogada Victoria Mesa Estrada, de la firma Searcy Law y cuyo equipo representa a más de 2.000 familias. En sus palabras, no se entiende y resulta eticamente delicado el proceder de Wolf.

¿Cuáles son los detalles del acuerdo al que llegó el abogado Paul Wolf y quepresentó ante el Tribunal del Distrito Sur de Florida?

Para empezar, hay que decir que los consorcios de abogados de víctimas de Chiquita Brands teníamos un segundo juicio que iba a empezar el próximo 15 de julio. En ese caso, se incluían cuatro casos de este abogado Paul Wolf, un litigante que no fue parte del primer juicio, en el que se reconoció la responsabilidad por el homicidio de ocho personas y que fue noticia en Colombia.

Nosotros, unos días antes de este segundo juicio, habíamos hecho una petición al juez de separar los casos porque considerábamos que, basados en la historia tan difícil y la mala relación de Paul Wolf, los grupos no nos sentíamos en capacidad de hacer un juicio con él. Al juez le dijimos que estábamos seguros de que ese juicio iba a terminar sin veredicto y que probablemente iba a tener que cancelar el proceso.

Chiquita Brands radicó una respuesta el viernes pasado diciéndole al tribunal que no hay necesidad de que el juez divida los casos, porque ellos acababan de llegar a un acuerdo con el señor Paul Wolf en nombre de más o menos 2.500 víctimas. Ofreciéndoles una cierta cantidad que se dividen entre personas reconocidas por la Unidad de Víctimas y personas no reconcidas.

En la última audiencia relacionada con el segundo juicio que está por resolverse, el juez escuchó a todas las partes, entre ellos del señor Wolf, quien indicó que había llegado a un acuerdo favorable con Chiquita Brands y que, en nombre de todos sus clientes, esta era una acción que consideraba justa.

En la misma audiencia, le indicó el juez a Wolf que emitiera una orden en donde se les exige a sus víctimas responder si quieren aceptar este acuerdo o no. Y los que no respondan, ni en lo positivo o negativo, Chiquita está pidiendo al señor juez que despida sus reclamos. Sus peticiones simplemente podrían ser cancelados por el Tribunal a través de esta estrategia de Wolf.

Estamos hablando de un caso que se resuelve a miles de kilómetros de Colombia, a favor de personas que seguramente no conozcan de leyes, ¿le parece un arreglo peligroso?

Esta no es una acción colectiva, este es un juicio contra Chiquita Brands que comprende una consolidación de aproximadamente 7.000 casos donde cada reclamante tiene que demostrar sus alegaciones. Por lo tanto, el reclamante tiene que tener la autoridad final de decidir qué hacer con su caso.

Yo no sé cuáles son los términos del acuerdo de representación entre el señor Wolf y sus clientes. Asumo bajo las reglas de conducta profesional de los colegios de abogados, que por lo general son similares entre estados en Estados Unidos, que el cliente es quien tiene la última palabra en decidir si quiere aceptar o no.

Y la verdad no se justifica que sus reclamos vayan a ser despedidos porque no se enteren de los procesos. El señor Wolf tiene la obligación de comunicarse con todos sus clientes y de hacer todo lo posible para que ellos puedan examinar este acuerdo y tomar la decisión de si quieren aceptar o no.

Claramente, el señor Wolf entró en un acuerdo con Chiquita Brands sin la autorización de ningún cliente y ese acuerdo básicamente determina que a él se le van a pagar sus honorarios de abogados, haya o no haya personas que quieran aceptar los términos de la multinacional.

En los planes de Wolf y de Chiquita Brands, se le otorgarían US$3.404 a cada una de sus víctimas que esté registrada ante la Unidad de Víctimas de Colombia. Y de US$1.327 a las que no estén el registro. Por su parte, Wolf recibiría la suma de US$4.224, ¿cómo le parece esa disparidad en las cifras?

Nos parece extraño e insólito. En efecto, bajo las regulaciones de abogados, estas acciones favor de tantas víctimas por lo general son acciones en contingencia. Nosotros solamente cobramos por lo general un porcentaje por lo que colectemos en nombre de nuestros clientes. Entonces, uno no se explica cómo llegaron a este acuerdo Chiquita y el abogado Wolf, cuando sus clientes recibirían solo una porción de este supuesto dinero que se está ofreciendo.

Lo que está claro es que hay un pago directo a Pauil Wolf por parte de Chiquita Brands. No es una deducción por parte de las familias. Y claramente es un pago completamente desproporcionado a los servicios y a la recuperación que recibiría cada cliente. Este acuerdo es fuera de lo común en lo que se refiere a los honorarios recibidos por un abogado y no reflejan el trabajo de Wolf.

El hecho de que  el proceso lleve 17 años en la justicia, no quiere decir que Wolf haya hecho mucho en 17 años. Lo digo porque fuimos nosotros los que litigamos en juicio. Fuimos un grupo de siete firmas los que nos quemamos las pestañas tratando de ganar ese primer juicio. Somos nosotros los que invertimos cantidades gigantes en poder contratar expertos, cubrir interrogatorios y demás. Y Wolf se está beneficiando de nuestro veredicto, cuando él no hizo nada para la consecución del mismo.

¿Qué conclusiones le deja todo ello?

Él es el que le tiene que responder a sus clientes y explicarles por qué considera que esto es un acuerdo adecuado para ellos. Pero, definitivamente, este tipo de acuerdos deja muchas preguntas:

¿Qué va a pasar con esas familias que no quieran aceptar este acuerdo? ¿Quién los va a representar? ¿Cómo se van a asesorar? Hay muchas incógnitas que no están reflejadas en el documento. Y a nivel ético realmente levanta unas alarmas gigantes de falta de profesionalismo.

A nuestros clientes les explicamos que no estamos involucrados en esos acuerdos. Nuestra lucha sigue y seguiremos peleando nuestros casos. Nosotros seguimos firmes. Nuestro caso se fue a apelación, pero no es la primera vez que pasa. Le estamos pidiendo a nuestros clientes paciencia y que sigan creyendo en nosotros, así como nosotros creemos en ellos. Estados Unidos es un país donde la justicia llega, tarde que temprano.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

A mediados de mes, Chiquita Brands sufrió un fuerte golpe en la justicia estadounidense, al ser declarado responsable de ocho homicidios relacionados con su probada financiación a las Autodefensas Unidas de Colombia, entre 1997 y 2004. Este 15 de julio, estaba previsto un nuevo juicio ante el Tribunal del Distrito Sur de Florida, en el que se siguiera evaluando la responsabilidad de la multinacional.

Sin embargo, en medio del procedimiento, el abogado Paul Wolf, quien representa al rededor de 2.500 familias colombianas, sorprendió a los otros equipos de abogados de víctimas, al presentar una propuesta de acuerdo con Chiquita Brands. Una en la que él sacaría una gran tajada, mucho mayor a la de sus familias. Para explicar el asunto, El Espectador se contactó con la abogada Victoria Mesa Estrada, de la firma Searcy Law y cuyo equipo representa a más de 2.000 familias. En sus palabras, no se entiende y resulta eticamente delicado el proceder de Wolf.

¿Cuáles son los detalles del acuerdo al que llegó el abogado Paul Wolf y quepresentó ante el Tribunal del Distrito Sur de Florida?

Para empezar, hay que decir que los consorcios de abogados de víctimas de Chiquita Brands teníamos un segundo juicio que iba a empezar el próximo 15 de julio. En ese caso, se incluían cuatro casos de este abogado Paul Wolf, un litigante que no fue parte del primer juicio, en el que se reconoció la responsabilidad por el homicidio de ocho personas y que fue noticia en Colombia.

Nosotros, unos días antes de este segundo juicio, habíamos hecho una petición al juez de separar los casos porque considerábamos que, basados en la historia tan difícil y la mala relación de Paul Wolf, los grupos no nos sentíamos en capacidad de hacer un juicio con él. Al juez le dijimos que estábamos seguros de que ese juicio iba a terminar sin veredicto y que probablemente iba a tener que cancelar el proceso.

Chiquita Brands radicó una respuesta el viernes pasado diciéndole al tribunal que no hay necesidad de que el juez divida los casos, porque ellos acababan de llegar a un acuerdo con el señor Paul Wolf en nombre de más o menos 2.500 víctimas. Ofreciéndoles una cierta cantidad que se dividen entre personas reconocidas por la Unidad de Víctimas y personas no reconcidas.

En la última audiencia relacionada con el segundo juicio que está por resolverse, el juez escuchó a todas las partes, entre ellos del señor Wolf, quien indicó que había llegado a un acuerdo favorable con Chiquita Brands y que, en nombre de todos sus clientes, esta era una acción que consideraba justa.

En la misma audiencia, le indicó el juez a Wolf que emitiera una orden en donde se les exige a sus víctimas responder si quieren aceptar este acuerdo o no. Y los que no respondan, ni en lo positivo o negativo, Chiquita está pidiendo al señor juez que despida sus reclamos. Sus peticiones simplemente podrían ser cancelados por el Tribunal a través de esta estrategia de Wolf.

Estamos hablando de un caso que se resuelve a miles de kilómetros de Colombia, a favor de personas que seguramente no conozcan de leyes, ¿le parece un arreglo peligroso?

Esta no es una acción colectiva, este es un juicio contra Chiquita Brands que comprende una consolidación de aproximadamente 7.000 casos donde cada reclamante tiene que demostrar sus alegaciones. Por lo tanto, el reclamante tiene que tener la autoridad final de decidir qué hacer con su caso.

Yo no sé cuáles son los términos del acuerdo de representación entre el señor Wolf y sus clientes. Asumo bajo las reglas de conducta profesional de los colegios de abogados, que por lo general son similares entre estados en Estados Unidos, que el cliente es quien tiene la última palabra en decidir si quiere aceptar o no.

Y la verdad no se justifica que sus reclamos vayan a ser despedidos porque no se enteren de los procesos. El señor Wolf tiene la obligación de comunicarse con todos sus clientes y de hacer todo lo posible para que ellos puedan examinar este acuerdo y tomar la decisión de si quieren aceptar o no.

Claramente, el señor Wolf entró en un acuerdo con Chiquita Brands sin la autorización de ningún cliente y ese acuerdo básicamente determina que a él se le van a pagar sus honorarios de abogados, haya o no haya personas que quieran aceptar los términos de la multinacional.

En los planes de Wolf y de Chiquita Brands, se le otorgarían US$3.404 a cada una de sus víctimas que esté registrada ante la Unidad de Víctimas de Colombia. Y de US$1.327 a las que no estén el registro. Por su parte, Wolf recibiría la suma de US$4.224, ¿cómo le parece esa disparidad en las cifras?

Nos parece extraño e insólito. En efecto, bajo las regulaciones de abogados, estas acciones favor de tantas víctimas por lo general son acciones en contingencia. Nosotros solamente cobramos por lo general un porcentaje por lo que colectemos en nombre de nuestros clientes. Entonces, uno no se explica cómo llegaron a este acuerdo Chiquita y el abogado Wolf, cuando sus clientes recibirían solo una porción de este supuesto dinero que se está ofreciendo.

Lo que está claro es que hay un pago directo a Pauil Wolf por parte de Chiquita Brands. No es una deducción por parte de las familias. Y claramente es un pago completamente desproporcionado a los servicios y a la recuperación que recibiría cada cliente. Este acuerdo es fuera de lo común en lo que se refiere a los honorarios recibidos por un abogado y no reflejan el trabajo de Wolf.

El hecho de que  el proceso lleve 17 años en la justicia, no quiere decir que Wolf haya hecho mucho en 17 años. Lo digo porque fuimos nosotros los que litigamos en juicio. Fuimos un grupo de siete firmas los que nos quemamos las pestañas tratando de ganar ese primer juicio. Somos nosotros los que invertimos cantidades gigantes en poder contratar expertos, cubrir interrogatorios y demás. Y Wolf se está beneficiando de nuestro veredicto, cuando él no hizo nada para la consecución del mismo.

¿Qué conclusiones le deja todo ello?

Él es el que le tiene que responder a sus clientes y explicarles por qué considera que esto es un acuerdo adecuado para ellos. Pero, definitivamente, este tipo de acuerdos deja muchas preguntas:

¿Qué va a pasar con esas familias que no quieran aceptar este acuerdo? ¿Quién los va a representar? ¿Cómo se van a asesorar? Hay muchas incógnitas que no están reflejadas en el documento. Y a nivel ético realmente levanta unas alarmas gigantes de falta de profesionalismo.

A nuestros clientes les explicamos que no estamos involucrados en esos acuerdos. Nuestra lucha sigue y seguiremos peleando nuestros casos. Nosotros seguimos firmes. Nuestro caso se fue a apelación, pero no es la primera vez que pasa. Le estamos pidiendo a nuestros clientes paciencia y que sigan creyendo en nosotros, así como nosotros creemos en ellos. Estados Unidos es un país donde la justicia llega, tarde que temprano.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.