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Una de las primeras imágenes que Colombia conoció de Alexander Farfán Suárez fue la de un hombre herido, tirado sobre el pasillo de un helicóptero, rodeado de una decena de personas que celebraba lo impensable: su liberación después de más de una década de secuestro en la selva. Era a Operación Jaque, el operativo militar que logró la liberación de 15 personas, entre ellas la excandidata presidencial Ingrid Betancourt, y tres ciudadanos estadounidenses.
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Aunque las primeras imágenes no se le vio la cara completa al secuestrador, horas después apareció, con camiseta oscura y seño fruncido, delante de las cámaras y la prensa que no perdió detalle de la histórica liberación, ocurrida el 2 de julio de 2008. Hoy, ese mismo hombre, más conocido como el custodio de las Farc, fue declarado oficialmente como gestor de paz, una designación hecha por el gobierno de Gustavo Petro, en medio de las conversaciones que adelanta con las disidencias de las FARC, conocida como el Estado Mayor Central.
Su designación no se escapó de la polémica, pues el nombre de Alexander Farfán Suárez aparece en varias páginas de la historia del conflicto del país, aunque en la mayoría de ellas aparezca con su nombre de guerra: alias Gafas. Horas después de haber sido retenido en el helicóptero de la Operación Jaque, Farfán fue puesto bajo la custodia de las autoridades y la Fiscalía no demoró en recopilar su prontuario. Fue retenido en los calabozos del búnker en Bogotá y desde allí supo a qué se enfrentaba.
Según el ente investigador, tenía múltiples procesos en las unidades Antiterrorismo, Derechos Humanos y Antisecuestro, por los delitos de rebelión, concierto para delinquir y secuestro extorsivo agravado. Esos procesos, según contó El Espectador en 2008, se construyeron gracias a los testimonios del policía John Frank Pinchao y del exsenador Luis Eladio Pérez, quienes habían sido secuestrados por las FARC, pero el primero logró escapar y el segundo fue liberado.
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Ambos le contaron a la Fiscalía que Gafas era el jefe del Frente Primero de la guerrilla y que tenía bajo su responsabilidad la custodia de buena parte de los rehenes considerados canjeables por las FARC. Quien más entregó detalles de los tratos inhumanos que recibieron por parte del hoy gestor de paz fue el excongresista Pérez. Contó, por ejemplo, que estuvo amarrado a un árbol por varios días junto a Íngrid Betancourt, que tuvieron que dormir allí por varias noches y que fueron sometidos a toda clase de insultos por parte del guerrillero.
De hecho, Pérez lo definió como un resentido social, un hombre grosero, humillante y hostil. Y además soltó un dato inédito para ese momento: que cada vez que Gafas los maltrataba en la selva, terminaba sus insultos ufanándose de que había sido alcalde popular de Miraflores (Guaviare). La versión del exsenador fue confirmada por los 15 liberados y, pocos días después de la Operación Jaque, Estados Unidos hizo oficial la solicitud de extradición en contra de Gafas.
En su momento, la justicia estadounidense señaló que quería juzgar en su país a Farfán y a Gerardo Antonio Aguilar, alias César, el otro guerrillero de las FARC capturado durante el operativo militar, por el delito de toma de rehenes. La solicitud tenía que ver con el secuestro en 2003 de Marc Gonsalves, Keith Stansell y Thomas Howes, ciudadanos norteamericanos. Por esas mismas fechas de julio de 2008, las autoridades de Estados Unidos declararon a Gafas y a César como peligrosos narcotraficantes que, además, hacían parte de una compleja red de lavado de activos. Con esa declaración, ambos guerrilleros ingresaron a la conocida Lista Clinton.
El computador de Gafas
La Operación Jaque dio para júbilo y para polémica, pues uno de los militares que participó del operativo usó un emblema del Comité Internacional de la Cruz Roja sin autorización. Pero más allá de la controversia, la operación permitió que la Fiscalía y las autoridades de Estados Unidos armaran un expediente inédito para la época, que daba cuenta de cómo funcionaba el negocio del narcotráfico dentro de las FARC. Uno de los más completos es el que elaboró el FBI para sustentar el pedido de extradición de Gafas y César.
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En el informe, la agencia de investigación federal develó cómo operaba la red de narcotráfico de Frente Primero; cómo se movían en territorio venezolano; cómo las FARC construyeron pistas aéreas y rutas fluviales para sacar la droga; cómo mantenían un complejo dispositivo para comprar armas; cómo accedieron a equipos satelitales de comunicación y, sobre todo, cómo utilizaron políticamente a los secuestrados, tres de ellos de origen norteamericano.
Como consecuencia de esa investigación, trascendió que los jefes guerrilleros, desde el año 2002, estaban encargados de procurar armas, munición, artefactos de alta tecnología, dinero y otros materiales que servirían como suministros para el Frente Primero de las FARC, un grupo de una importancia mayúscula para la guerrilla, en razón a que era el encargado de cuidar el máximo capital de negociación del grupo subversivo: los secuestrados políticos.
Pese al robusto expediente de Estados Unidos, en febrero de 2009, la Corte Suprema de Justicia rechazó el pedido de extradición de Gafas, pues determinó que el delito de secuestro no había sido cometido en Estados Unidos sino en Colombia, aunque fuera en contra de tres ciudadanos estadounidenses. Sin embargo, el alto tribunal sí le dio el visto bueno a la extradición de César, pero por delitos de narcotráfico.
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De esta manera, Farfán permaneció detenido en La Picota de Bogotá, pagando una condena a 19 años que se conoció en 2010, precisamente por el secuestro de los tres norteamericanos. Sin embargo, en cuando se firmó el Acuerdo de Paz entre las FARC y el gobierno de Juan Manuel Santos, alias Gafas fue de los primeros guerrilleros en levantar la mano para recibir los beneficios de esa negociación.
El 2 de junio de 2017, Alexander Farfán quedó libre, tras acogerse a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). A partir de ese momento, rindió varias declaraciones sobre su versión del conflicto. En marzo de 2020, Noticias Caracol publicó una de esas versiones, en la que reveló que las FARC lo consideraba un traidor y que todavía no entiende cómo el Ejército logró engañarlo para que llevara a los 15 secuestrados al helicóptero que protagonizó la Operación Jaque.
El camino de Gafas en la JEP se empezó a complicar en agosto de este año, cuando fue citado a comparecer en audiencia pública para verificar el cumplimiento de sus compromisos. Para entonces, el Inpec había señalado que, aunque se supone que gozaba de los beneficios de la JEP, estaba preso por el delito de porte de armas. Por lo cual, era altamente probable que hubiese reincidido en el crimen. Finalmente, el pasado 11 de agosto, la JEP lo expulsó tras reconocer que fue capturado en 2022 en medio de una operación de la Fuerza Pública contra las disidencias.
Las alarmas se encendieron en la JEP, con respecto a alias Gafas, por cuenta de la anterior designación del criminal como vocero de ante las disidencias de Iván Mordisco, a petición del presidente Petro. En su momento, la magistrada Julieta Lemaitre le abrió el incidente de incumplimiento dado que, al ser nombrado representante de los diálogos, suponía “la pertenencia de este a un grupo armado disidente” y que aquello “podría inferir que empuñó nuevamente las armas, lo que constituiría un incumplimiento de las obligaciones derivadas del Acuerdo Final de Paz.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
Aunque Farfán compareció ante esta jurisdicción para declarar en las audiencias del macro caso que juzga los secuestros cometidos por la extinta guerrilla, todo indica que reincidió y volvió a las armas, uniéndose a las disidencias. La nueva designación como gestor de paz tiene como resultado que el Gobierno pedirá la suspensión temporal de la medida de aseguramiento que pesa en contra de quien se encuentra recluido en La Picota y quien ahora desarrollará actividades para el desescalamiento del conflicto durante la era del presidente Petro.
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