“Nuestras vidas quedaron rotas, preguntándonos por qué mataron a nuestros familiares. Quedamos totalmente desprotegidos y sin rumbo para seguir adelante”. Esta fueron una de las palabras con las que Derly Patiño, esposa de una de las víctimas de falsos positivos, inició la audiencia en la que 21 exmiembros del Ejército van a reconocer su responsabilidad en la ejecución extrajudicial de civiles entre 2005 y 2008 en Casanare. Esta mujer, durante algunos minutos se dirigió hacia los antiguos uniformados, entre los que se encuentra el general William Torres Escalante, quien fue la cabeza de esa red criminal que presentaba a ciudadanos como guerrilleros caídos en combate.
“Sentimos falta de interés por una verdad verdadera, completa. Además, el Estado nunca nos quiso dar la mano. Ese Estado colombiano que los defendió y encubrió, jamás ha estado con nosotros con estos chicos huérfanos, viudas, madres totalmente solas. Eso fue lo que ustedes nos regalaron. Hoy estamos representando a las 6.400 víctimas de falsos positivos y las 300 en Casanare. Por eso hoy le pregunto: ¿Quién les dio la orden?”, señaló Derly Patiño, mientras mostraba una camiseta en la que aparecen altos oficiales que habrían participado en estos crímenes.
En esta conocida imagen aparece el general retirado del Ejército William Torres Escalante, quien es hoy uno de los militares que está sentado para aceptar su responsabilidad en los asesinatos de civiles. Sentado al fondo de los militares que comparecieron, con una tupida barba, el general se presentó en el evento citado por la JEP junto a los otros 21 exmilitares citados por esta justicia nacida del Acuerdo de Paz con las FARC. Luego de que todos los exuniformados se presentaron, el magistrado Óscar Parra hizo un recuento de cómo funcionó esa red criminal en el departamento.
#AEstaHora | En Yopal, Casanare, inicia la audiencia pública en la que 24 comparecientes harán su reconocimiento de responsabilidad en 'falsos positivos' cometidos en este departamento entre 2005 y 2008.#FalsosPositivosCasanare
— Jurisdicción Especial para la Paz (@JEP_Colombia) September 18, 2023
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En noviembre pasado, Torres Escalante y otros 17 militares aceptaron su responsabilidad en varias ejecuciones extrajudiciales cometidas por el Ejército en el departamento de Casanare. Quien fue comandante de la Brigada 16 del Ejército reconoció ante la JEP su máxima responsabilidad sobre los casos de falsos positivos sobre los que fue imputado. El general en retiro aceptó “los cargos de autor mediato de crímenes de lesa humanidad, de asesinato y de desaparición forzada de personas”. Un reconcimiento que fue reservado y hoy se hace de manera pública.
Luego de esa introducción del magistrado Parra, la palabra la tomó el abogado de víctimas Jose Hilario López. “Un saludo para los distinguidos comparecientes (los exmilitares) porque cada crimen cometido y reportado como baja significó anotar distinciones en sus hojas de vida. Qué bueno vivir aquí, donde los militares juegan a la ruleta rusa no apuntando el revolver hacia su propia cabeza sino hacia la cabeza de los adolescentes y donde los asesinos ríen al matar y acumulan los cadáveres que tiñen los ríos de color púrpura (...) Los asesinatos de civiles crecieron durante esa época en que el lema era: ‘Mano firme, corazón grandes‘”, señalo el abogado, haciendo clara referencia al gobierno de Álvaro Uribe Vélez.
José Hilario López, representante legal de las víctimas, intervino saludando primero "a los y las ausentes". Luego, expresó que "los asesinatos de civiles indefensos crecieron en aquella siniestra época en la que el discurso dominante era 'mano firme, corazón grande'". pic.twitter.com/kQ7r9xAO7P
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Los batallones y unidades operativas adscritas a la Brigada XVI, cuyos miembros estaban inmersos en esta organización criminal, fueron: ‘Batallón Ramón Nonato Pérez’ (Birno); batallones contraguerrillas 23 ‘Llaneros del Rondón’, 29 ‘Héroes del Alto Llano’ y ‘Batalla de Cachirí´. Así mismo, estaban implicados miembros de los grupos especiales Delta y del Gaula Casanare, cuya función anti extorsión y secuestro se vio tergiversada y orientada a alimentar las cifras de resultados operacionales a través de asesinatos y desapariciones forzadas. Una característica del entramado criminal que se gestó en Casanare fue el gasto de recursos públicos. La JEP recopiló evidencia de que los recursos de la Dirección del Gaula y de Fondelibertad se usaron para financiar a reclutadores y comprar armas para implantar a las víctimas.
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