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El proceso político y judicial del momento es el que cursa en el Consejo Nacional Electoral (CNE) que investiga supuestas irregularidades en la financiación de la campaña que llevó a Gustavo Petro Urrego a la presidencia en 2022. Ayer, 8 de octubre, esa instancia judicial tomó la decisión de formularle cargos al presidente y a varios miembros de la campaña, un hecho inédito pues, aunque ya había investigado a un jefe de Estado, es la primera vez que resuelve abrirle una investigación formal.
La decisión activó las reacciones de lado y lado: la oposición celebrando la formulación de cargos, mientras que los partidarios de la Casa de Nariño rechazaron vehemente la determinación. El presidente Petro fue más allá y la calificó como el inicio de un golpe de Estado, pues insiste en que el CNE está violando su fuero presidencial y la Constitución. Más allá del revuelo político, hay varias preguntas que vale la pena responder y tener en cuenta para entender para dónde va el proceso del momento.
¿Qué significa un pliego de cargos contra el presidente?
Lo que resolvió ayer la mayoría de la Sala Plena del CNE es que la investigación preliminar que hicieron dos magistrados, Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortiz, tiene suficientes pruebas e indicios para abrir una investigación formal en contra del presidente Petro y otros miembros de su campaña presidencial. En concreto, lo que sostiene el CNE es que en la contienda electoral para la presidencia en 2022, la campaña del hoy primer mandatario recibió dinero de fuentes ilícitas y violó los topes permitidos por la ley colombiana.
¿Quiénes son los otros investigados?
Además de Gustavo Petro, el CNE le formuló cargos a cuatro personas naturales y a dos jurídicas. Ellas son: Ricardo Roa, hoy presidente de Ecopetrol, como gerente de la campaña; Lucy Aydeé Mogollón Alfonso, la tesorera (quien ya explicó que nunca manejó dinero, pues esa era una tarea de Roa y varias personas cercanas a él); María Lucy Soto y Juan Carlos Lemus, como auditores. Y las personas jurídicas son: los partidos Colombia Humana y la Unión Patriótica.
¿Por qué es importante la investigación contra Gustavo Petro y su campaña?
Principalmente por cuatro razones. La primera: porque la mayoría del CNE está de acuerdo en que hay pruebas lo suficientemente sólidas para investigar a un presidente y a la campaña que lo llevó a la Casa de Nariño por supuestamente haber violado los topes permitidos y recibir dinero de fuentes ilícitas. Aunque la decisión de formular cargos no fue unánime, dos magistradas se apartaron de la decisión, los siete que conformaron la mayoría están de acuerdo en que la investigación debe avanzar.
La segunda: porque los siete magistrados que aprobaron la decisión tienen sus raíces en varios partidos políticos (La U, Cambio Radical, Centro Democrático, Verde y el Liberal), una situación que fortalece el discurso del presidente Petro que apunta a que, con su investigación, se está iniciando un golpe de Estado. Además de este componente político, el propio jefe de Estado ha reclamado una “ruptura institucional”, pues insiste en que el CNE no puede investigarlo, pues su juez natural es la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes.
La tercera: porque, de encontrar probadas las irregularidades, el CNE emitiría la primera sentencia en contra de una campaña presidencial. En otras palabras, que el presidente de turno llegó a la Casa de Nariño haciendo trampa.
Y la cuarta: porque el acuerdo nacional quedó golpeado con esta decisión, no tanto por lo jurídico, sino por la carga política que le imprime el origen de ese tribunal y la forma en que el presidente Petro se defiende de forma pública. Uno de los puntos de ese acuerdo, liderado por el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, es desescalar la polarización verbal en la política, y el jefe de Estado aseguró este miércoles, entre otras cosas, que el magistrado César Lorduy lo acusan de “asesinar a una novia que tenía”.
Por su parte, la oposición enciende más su discurso, al punto que le pidió al Congreso de Estados Unidos vigilar la supuesta crisis institucional que se desató por la postura del CNE y la forma en que la Casa de Nariño asumió el tema. El ministro Cristo reconoció este miércoles que “la decisión del CNE nos desvía del camino de trabajar todos juntos”.
Después del pliego de cargos, ¿qué sigue?
Aunque este proceso esté teñido de política, su naturaleza es más judicial, pues se trata de un asunto administrativo que tiene sus procedimientos claros, como cualquier otro expediente. Después de la notificación que tiene que hacer el CNE a los investigados, estos tienen 15 días para responder formalmente a cada uno de los cargos formulados, es decir, para defenderse. Luego, el Consejo tendrá que pedir pruebas y practicará las solicitadas por las partes y tendrá tres meses para hacerlo, un lapso que se contará el día después de que emita el documento en el que formalmente explicará cuáles son esas evidencias. A eso se le conoce como el término probatorio.
En todo caso, los ponentes tienen dos meses más, si desean utilizarlos, para garantizar el acceso a todas las pruebas o para el caso en el que las partes pidan otras. Cuando ya esté todo listo, el CNE tendrá que enviarle toda la investigación a las partes y también a la Procuraduría, quienes tendrán 15 días para contestar en lo que se llama los alegatos de conclusión, que no son otra cosa que una nueva defensa de todas las pruebas y cargos.
Con todos los alegatos en mano, los ponentes tendrán que elaborar una nueva ponencia que será discutida en la Sala Plena para que, finalmente, el CNE tome una decisión en dos meses. Según el magistrado y presidente del Consejo Nacional Electoral, César Lorduy, la expectativa es que haya una decisión para antes de junio de 2025.
¿Cuándo prescribe la investigación contra la campaña presidencial de Gustavo Petro?
Según las cuentas y los términos de las prescripciones de este tipo de investigaciones administrativas, el CNE tiene tres años para resolver un caso, a partir del momento en el que se comete la supuesta infracción. En este caso, el Consejo tiene hasta el 19 de junio de 2025 para tomar una decisión, fecha que se calcula teniendo en cuenta la segunda vuelta presidencial, pues sería en ese momento en el que se habría cometido la última irregularidad durante la campaña.
¿Esa decisión final puede ser demandada?
Sí. Quien desee apelar la eventual decisión del CNE lo podrá hacer ante el Consejo de Estado, que tendría la última palabra sobre este asunto.
¿Qué sanciones puede emitir el Consejo Nacional Electoral?
El CNE solo podría sancionar por tres vías: mediante la imposición de multas, quitándole la financiación estatal a un partido político o suspendiendo su personería jurídica.
¿La Fiscalía tiene algo que ver en la investigación?
La entidad que dirige Luz Adriana Camargo tiene la facultad de investigar los delitos. Si el CNE encuentra que durante la campaña se cometieron irregularidades de carácter penal, debe compulsar copias a la Fiscalía. Por ahora esto no ha ocurrido; sin embargo, el ente investigador sí avanza en sus propias líneas de investigación para establecer qué tipo de delitos se pudieron cometer durante la campaña. El resultado de esas pesquisas todavía no es público.
¿La decisión del CNE puede sacar al presidente de su cargo?
No. Aunque el Consejo Nacional Electoral transita un camino inexplorado hasta ahora, pues es la primera vez que decide investigar a un presidente en el cargo, el CNE no puede “tocar” a Petro. Si la investigación arroja que hay evidencias de que cometió faltas siendo candidato presidencial que llevaron a irregularidades en la financiación de su campaña, el Consejo debe enviarle el expediente a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, que es el juez natural del presidente.
En esa instancia ya se adelanta una investigación por los mismos hechos, por lo que la defensa de Gustavo Petro insiste en que debe ser ahí donde se debe investigar al presidente y no en el CNE. En todo caso, si la Comisión encuentra que sí hay pruebas para acusar al jefe de Estado, el caso lo tendrá que presentar en la plenaria de la Cámara, que sería la encargada de tomar la decisión en una sesión reservada. Luego, el proceso pasaría al Senado para definir si el presidente debe perder su fuero presidencial y ser juzgado por la Corte Suprema de Justicia. En conclusión, un laberinto jurídico que, aunque complicado, es claro en que el CNE no puede ni juzgar ni sacar al presidente de su cargo.
¿Quién puede destituir al presidente?
Según la Constitución Política, solo el Senado puede suspender al presidente de Colombia. Para llegar a ese punto, la Comisión de Acusación tendría que pedirle a la plenaria de la Cámara que aprueba la acusación contra el jefe de Estado. De ser aprobada, el proceso pasaría al Senado, cuya plenaria tendría que definir si acusa o no al presidente ante la Corte Suprema de Justicia. En ese punto, el primer mandatario perdería su fuero presidencial y quedaría suspendido.
Si Petro tiene fuero presidencial, ¿por qué lo investiga el CNE?
Esa es la pregunta que se hacen cientos de abogados, sin que la respuesta esté clara. El problema de esta investigación es que, hasta ayer, el CNE no había formulado cargos a ningún presidente porque entendía que no podía hacerlo, precisamente por el fuero presidencial. Aunque esto no significa que el Consejo no haya investigado a un primer mandatario, pues ya lo hizo con Juan Manuel Santos y las supuestas irregularidades en la entrada de dinero de Odebrecht a su campaña, en esa ocasión fue el propio expresidente quien renunció a su fuero y le pidió expresamente al CNE que lo investigara. Sin embargo, el caso prescribió y el proceso nunca tuvo una conclusión, al menos en ese ámbito judicial.
Lo que sostiene ahora el CNE es que sí pueden investigar al presidente, pues las conductas que se rastrean se cometieron cuando era candidato, y no jefe de Estado. Sin embargo, juristas especializados en el tema no están tan seguros de que esa sea la salida, pues el fuero presidencial es integral y abarca cualquier aspecto que pueda “tocar” judicialmente la administración del primer mandatario. En esta nota puede encontrar más detalles de este debate jurídico que, aunque técnico, es clave para entender por qué Petro asegura que está iniciando un golpe de Estado.
En últimas, el fuero presidencial es un viejo concepto que busca la protección de un presidente para que no sea investigado por un sin fin de instancias, que en últimas podrían torpedear su trabajo con asuntos extrajudiciales. Esto es precisamente lo que denuncia Petro y varios abogados. Sin embargo, para el jurista Rodrigo Uprimny, el CNE sí puede sancionar administrativamente al presidente, como también ya lo dijo la Sala de Consulta Civil del Consejo de Estado.
(Aquí puede leer más detalles de este debate jurídico: Preguntas y problemas que deja ponencia del CNE que pide investigar al presidente)
Aunque el experto advierte que su posición puede ser debatible, lo que señala en el fondo es que el Consejo Nacional Electoral, al investigar las supuestas irregularidades en la financiación de la campaña de Petro, no está tocando el fuero presidencial, pues el único que puede hacerlo es el Congreso. Lo único que podría hacer el CNE es sancionar con una multa al presidente Petro y compulsar copias a la Comisión de Acusación. Ni más ni menos.
¿Qué diferencia hay entre el proceso del CNE y el que adelanta la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes contra Gustavo Petro?
En teoría, ninguna. Fuentes cercanas al expediente en el Congreso le han insistido a El Espectador que los representantes están investigando exactamente lo mismo que en el CNE, pero todavía no se conocen más detalles, pues el proceso se adelanta bajo reserva. Precisamente este es el punto en el que más han insistido los abogados del presidente Petro, pues la ley no permite que ninguna persona, ni siquiera a un presidente, sea investigada y juzgada por los mismos hechos. Por esta razón, la defensa del primer mandatario ha pedido en varias ocasiones que todo el expediente del CNE sea enviado de inmediato a la Comisión de Acusación.
En medio de la polémica, el propio presidente Petro le pidió a los representantes que hagan público todo el expediente, solicitud que ya hizo formalmente ante la Comisión. Todavía no se conoce la respuesta.
¿Por qué la política está tan ligada a este expediente judicial?
Principalmente, porque, como ya es tradición, el Consejo Nacional Electoral está compuesto por cuotas de partidos políticos y su experiencia como abogados no es tan exigente como la que sí exige la ley para magistrados de las altas cortes. Por ejemplo, cinco de los nueve integrantes del CNE, o han sido congresistas, o sus trayectorias laborales han estado ligadas a partidos políticos. Por mencionar algunos casos, entre los exsenadores o exrepresentantes que ahora son magistrados están Maritza Martínez, de La U; Álvaro Hernán Prada, del Centro Democrático (ponente de la investigación y en juicio por falso testimonio y soborno); y César Lorduy, de Cambio Radical.
Además, también se encuentra Cristian Quiroz, quien fue director jurídico de la Alianza Verde durante ocho años; y Alba Lucía Velásquez y Fabiola Márquez, del Pacto Histórico, cuyas hojas de vida han estado estrechamente relacionadas por el movimiento político del hoy presidente Petro.
(Lea aquí más sobre quiénes son los nueve magistrados del CNE que indagan la campaña Petro)
¿Cuáles son los cargos puntuales que se le formularon al presidente Petro y a los miembros de su campaña?
En total fueron 12 movimientos de dinero supuestamente irregulares que no fueron reportados al CNE o que se ocultaron. En esta nota puede conocer la minucia de cada uno de ellos, pero, en resumen, los puntos son los siguientes:
1. El pago de $500 millones de la Federación Colombiana de Educadores (Fecode).
2. El préstamo de $500 millones del Polo Democrático.
3. El pago de $931 millones para testigos electorales.
4. Una factura de $356 millones de publicidad en televisión.
5. Los $202 millones de otra campaña política del Pacto Histórico
6. Los vuelos en avión privado de los que no se reportaron $1.249 millones
7. El pago de $121 millones de la Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo (USO)
8. El pago de $100 millones para un evento en el Movistar Arena
9. El pago de $177 millones para testigos electorales de la segunda vuelta
10. Logística de $530 millones para el transporte de testigos que pagó la Colombia Humana
11. El uso de jet privado para la segunda vuelta y la audiencia de un pago de $962 millones
12. El segundo pago de la USO, esta vez por $379 millones, que no se habría reportado
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.