¿Quiénes son los 10 militares que imputó la JEP por falsos positivos en Dabeiba?

Diez militares fueron llamados a reconocer su responsabilidad en medio centenar de falsos positivos cometidos entre 1997 y 2007 en Dabeiba (Antioquia). La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) les imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a cuatro coroneles y seis suboficiales que asesinaron a 49 personas, las hicieron pasar como guerrilleros muertos en combate y, para ocultar sus crímenes, los enterraron como “N. N.” en el cementerio Las Mercedes de este municipio del Urabá antioqueño. En El Espectador le contamos quiénes son los exmiembros del Ejército implicados en estos hechos y qué rol jugaron.

Diez militares fueron llamados a reconocer su responsabilidad en medio centenar de falsos positivos cometidos entre 1997 y 2007 en Dabeiba (Antioquia). La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) les imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a cuatro coroneles y seis suboficiales que asesinaron a 49 personas, las hicieron pasar como guerrilleros muertos en combate y, para ocultar sus crímenes, los enterraron como “N. N.” en el cementerio Las Mercedes de este municipio del Urabá antioqueño. En El Espectador le contamos quiénes son los exmiembros del Ejército implicados en estos hechos y qué rol jugaron.

William Capera: el arrepentido

Desde 2019, la JEP tenía entre ojos al sargento retirado del Ejército William Capera por su posible responsabilidad en falsos positivos en Huila, así como por hechos del macrocaso 04, que investiga el conflicto en la subregión de Urabá. En agosto de ese año, mientras lo interrogaban, Capera dijo “espontáneamente”, según la JEP, que tenía información de personas que habían asesinado él mismo y sus compañeros, cuando entre 2005 y 2007 pasó por el Batallón Contraguerrillas 79, unidad militar adscrita a la Brigada Móvil 11. Su declaración dio pie para que la JEP ordenara una que una comisión fuera con él al lugar de los hechos a verificar lo que aseguraba.

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La JEP calificó a Capera como “el maestro” de la desaparición forzada a través del enterramiento en Dabeiba y como “el mejor aprendiz” de uno de los patrones que halló la Sala de Reconocimiento: engañar a civiles de otros puntos de Antioquia para que acudieran al municipio urabeño para ser asesinados. “El sargento Capera Vargas estuvo a cargo de las labores de levantamiento de cadáveres y elaboración de informes de operaciones ex post facto para legalizar las muertes ilegítimas y perpetuar la desaparición forzada a través del ocultamiento de los cuerpos”, asegura la imputación en su contra.

Sin embargo, unas líneas más abajo, la JEP aclara: “Capera Vargas no actuó solo, no podría haberlo hecho porque su grado no se lo permitía. Siempre requirió, entre otros, de las autorizaciones, los permisos y la gestión de sus superiores para cumplir cada etapa del patrón macrocriminal del ocultamiento de los cuerpos y tuvo ambos, las autorizaciones y el apoyo irrestricto de su comandante de batallón, pero también de los estímulos aprobados en el plan de bienestar y el cierre sistemático de las investigaciones preliminares abiertas por ley para cada una de las operaciones donde aparecían pérdidas humanas”.

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El temido Batallón Contraguerrillas 79

Según la JEP, Capera se volvió el hombre de confianza de su comandante en Batallón Contraguerrillas 79: el coronel en retiro, Efraín Enrique Prada Correa. Se trata de un uniformado que no había sido mencionado previamente en expediente judicial alguno y que no estaría en el radar de la justicia si no fuera por este caso. Sin embargo, cuando la JEP lo llamó a versiones voluntarias, Prada Correa reconoció que sus hombres asesinaron a civiles y los hicieron pasar como bajas en combate, siguiendo sus órdenes. “Fue un ejecutor discreto, pero participó activamente de la planeación e incluso de la ejecución de cada crimen”, detalla la imputación.

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El superior de Prada Correa era el comandante de la Brigada Móvil 11, el coronel (r) Jorge Alberto Amor Páez. Aunque el militar ha negado su responsabilidad en estos hechos, la JEP lo señala de al menos cinco hechos que llevaron a que se cometieran masivamente falsos positivos en Dabeiba: mantuvo una presión constante sobre sus hombres para que presentaran bajas en combate, se saltó la línea de mando, que es parte de la tradición y normas militares, para dar órdenes y ejecutar acciones criminales; mantuvo activa una política de incentivos perversos, así como una de amenazas para las tropas que no mostraran resultados, y, por último, archivó todas las investigaciones que advertían posibles irregularidades en su unidad.

El antecesor de Prada Correa en la comandancia del Batallón Contraguerrilla 79, el coronel (r) David Herley Guzmán Ramírez, también fue imputado. Estuvo al frente de esa unidad entre 2004 y 2005 y, durante ese tiempo, “fue un motor visible y ostensible del plan macrocriminal que él mismo condujo, perfeccionó y ajustó durante su tiempo como comandante de batallón”, según la JEP. La investigación de apunta a que Guzmán asesinó, él mismo, a algunas de las víctimas, les ordenó a sus hombres trasladar los cuerpos de los falsos positivos en mulas de civiles y hasta dio la orden de asesinar al “subteniente Jesús Javier Suárez para dar ejemplo ante la tropa de lo que sucedía a quienes quisieran abandonar el plan criminal”.

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Finalmente, la JEP imputó a tres militares que siguieron órdenes de Prada Correa y Guzmán Ramírez. Se trata del soldado retirado Levis de Jesús Contreras Salgado, que haló el gatillo en contra de varias víctimas, fue enlace con grupos paramilitares y hasta le sugirió al comandante de Policía sumarse a la organización criminal. Asimismo, el sargento (r) Fidel Iván Ochoa Blanco fue un “maestro” y un “ejecutor clave”, por su conocimiento del Urabá. Y, finalmente, el sargento (r) Jaime Coral Trujillo, quien mantuvo detenidas a varias víctimas, seleccionó a los soldados que las ejecutaron y falsificó órdenes de operaciones para pasarlas como bajas en combate.

El Batallón con sede en Carepa

Aunque tenían sede en el municipio de Carepa, miembros del Batallón Contraguerrilla 26 asesinaron a civiles, los hicieron pasar como guerrilleros muertos en combate y luego los enterraron en Dabeiba. Así ocurrió durante la comandancia del coronel (r) Edie Pinzón Turcios entre 2001 y 2003. El militar ha negado tener relación con estos hechos. Sin embargo, al menos ocho hombres bajo su mando lo han salpicado en declaraciones en la desaparición forzada y muerte ilegítima del joven campesino Edinson Lexander Lezcano Hurtado, luego de ser detenido en mayo de 2002.

La JEP añadió: “Pinzón Turcios también contribuyó de manera general a la materialización del patrón criminal e hizo posible la presentación de campesinos como guerrilleros muertos en combate porque transmitía una presión constante sobre sus subordinados y un imaginario de competencia por control territorial de las dos Brigadas a las que se hallaba adscrito su batallón y porque estableció, mantuvo y reforzó la integración entre su tropa del BCG 26 y los grupos paramilitares de Dabeiba como fuente ilícita de apoyo logístico y financiero”.

Asimismo, la Sala de Reconocimiento concluyó que dos hombres que seguían órdenes de Pinzón Turcios fueron máximos responsables de estas prácticas criminales. Se trata de los mayores retirados Yair Leandro Rodríguez Giraldo y Hermes Mauricio Alvarado Sáchica. Ambos comandaban pelotones inmerso en falsos positivos en Dabeiba y han admitido su responsabilidad en hechos como la desaparición del joven Lezcano Hurtado, llegando incluso a asegurar que hubo roces entre los comandantes de las Brigadas IV y XVII por quien iba a proclamarse como responsable de ese resultado operacional, que terminó siendo falso.

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