Plan pistola: los rostros de la violenta persecución a la Policía

Cerca de la medianoche de este 26 de julio, un ataque explosivo sacudió a la subestación de Policía de La Gloria (Cesar), dejando como resultado dos uniformados heridos. Días antes, en Yarumal (Antioquia), fue baleada la patrullera Luisa Fernanda Zuleta, quien durante el principio de la semana, permaneció en estado crítico tras ser blanco del Clan del Golfo. Hace solo unas horas, en este 27 de julio, también fue acribillada la patrullera Leidy Sánchez, quien transportaba dos capturados en San Pablo (Bolívar). En lo que va del año, son 36 los uniformados que han muerto prestando su servicio de policía. Uniendo los hilos de estas muertes, queda claro que el Clan se tomó en serio su amenaza de plan pistola y que la violencia no distingue regiones.

En contexto: Murió la patrullera Luisa Fernanda Zuleta, tras ataque en Yarumal (Antioquia)

En el presente, hay alerta máxima en Chocó, Antioquia, Córdoba y Sucre, precisamente por ese plan criminal anunciado por el Clan del Golfo, el cual desde el pasado 22 de junio, estaría detrás de la muerte de 11 uniformados. La Policía Nacional, no obstante, informa que a este grupo armado organizado se le atribuyen 15 de las 36 muertes registradas en 2022. El Eln y las disidencias de las Farc siguen tomando vidas en sus regiones, la última el pasado 26 de julio en Tibú (Norte de Santander). En esta galería interactiva puede conocer los rostros de los policías fallecidos, los departamentos más golpeados y distinguir por colores los posibles victimarios.

Los datos muestran que la mayoría de uniformados muertos en servicio han sido patrulleros (27). Luego de ellos, siguen subintendentes (cinco) e intendentes (cuatro), todos de la rama de suboficiales de la institución. El departamento en estado crítico es Antioquia, pues en solo siete meses de 2022, han perdido la vida nueve policías. Luego está Norte de Santander, donde están enquistados tanto el Eln como las disidencias Farc. A continuación, puede ver un mapa de calor por acciones terroristas entre junio 19 y julio 26, el rango de tiempo en el que, según autoridades, se agravó el plan pistola:

De acuerdo con el Ministerio de Defensa, en poco más de un mes los grupos armados organizados han materializado 35 acciones contra la Fuerza Pública y la población civil, dejando como resultado 22 asesinatos y 28 heridos. Doce de esas acciones han sido con artefactos explosivos y 15 en el marco del plan pistola del Clan del Golfo. Según la Policía, como en la época de Pablo Escobar, el grupo narcotraficante estaría pagando entre $5 y 20 millones por policía muerto en Córdoba, Antioquia, Chocó, Norte de Santander y Sucre.

Ante la crítica situación, el ministro de Defensa expresó: “La sociedad entera debe rechazar estos actos y que no lo hagan solo con el propósito de posicionarse para futuras negociaciones políticas. Hasta el último día de nuestro gobierno, seguirá desplegado nuestro Ejército y la Policía en Antioquia, en el sur de Bolívar y Norte de Santander”.

En un reciente panfleto, quienes se atribuyen ser el Estado Mayor del Clan del Golfo desmintieron que desde el 7 de agosto en Colombia vaya a vivirse un cese al fuego. No obstante, dejaron la puerta abierta al nuevo gobierno de Gustavo Petro para negociar la rendición. Justamente, la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos le acaba de recomendar al nuevo mandatario implementar una política de desmantelamiento de grupos armados.

En contexto: Estas son las recomendaciones de ONU al gobierno Petro para reducir la violencia

Según explicó Juliette de Rivero, representante en Colombia de la Alta Comisionada, Gustavo Petro debería “considerar genuinamente el llamado de las poblaciones afectadas por la violencia que piden la adopción de acuerdos humanitarios o de paz con los grupos armados no estatales”. La institución encontró que la vía militar fue insuficiente para combatir la violencia, la cual persiste en las zonas que padecen pobreza multidimensional: el Pacífico, la Costa Caribe y la frontera con Venezuela. Según expertos, es usual que exista un aumento de acciones violentas antes de una negociación política, pero el saldo de esta estrategia, mientras aumenta el número de policías muertos, no pareciera tener un punto final.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

Cerca de la medianoche de este 26 de julio, un ataque explosivo sacudió a la subestación de Policía de La Gloria (Cesar), dejando como resultado dos uniformados heridos. Días antes, en Yarumal (Antioquia), fue baleada la patrullera Luisa Fernanda Zuleta, quien durante el principio de la semana, permaneció en estado crítico tras ser blanco del Clan del Golfo. Hace solo unas horas, en este 27 de julio, también fue acribillada la patrullera Leidy Sánchez, quien transportaba dos capturados en San Pablo (Bolívar). En lo que va del año, son 36 los uniformados que han muerto prestando su servicio de policía. Uniendo los hilos de estas muertes, queda claro que el Clan se tomó en serio su amenaza de plan pistola y que la violencia no distingue regiones.

En contexto: Murió la patrullera Luisa Fernanda Zuleta, tras ataque en Yarumal (Antioquia)

En el presente, hay alerta máxima en Chocó, Antioquia, Córdoba y Sucre, precisamente por ese plan criminal anunciado por el Clan del Golfo, el cual desde el pasado 22 de junio, estaría detrás de la muerte de 11 uniformados. La Policía Nacional, no obstante, informa que a este grupo armado organizado se le atribuyen 15 de las 36 muertes registradas en 2022. El Eln y las disidencias de las Farc siguen tomando vidas en sus regiones, la última el pasado 26 de julio en Tibú (Norte de Santander). En esta galería interactiva puede conocer los rostros de los policías fallecidos, los departamentos más golpeados y distinguir por colores los posibles victimarios.

Los datos muestran que la mayoría de uniformados muertos en servicio han sido patrulleros (27). Luego de ellos, siguen subintendentes (cinco) e intendentes (cuatro), todos de la rama de suboficiales de la institución. El departamento en estado crítico es Antioquia, pues en solo siete meses de 2022, han perdido la vida nueve policías. Luego está Norte de Santander, donde están enquistados tanto el Eln como las disidencias Farc. A continuación, puede ver un mapa de calor por acciones terroristas entre junio 19 y julio 26, el rango de tiempo en el que, según autoridades, se agravó el plan pistola:

De acuerdo con el Ministerio de Defensa, en poco más de un mes los grupos armados organizados han materializado 35 acciones contra la Fuerza Pública y la población civil, dejando como resultado 22 asesinatos y 28 heridos. Doce de esas acciones han sido con artefactos explosivos y 15 en el marco del plan pistola del Clan del Golfo. Según la Policía, como en la época de Pablo Escobar, el grupo narcotraficante estaría pagando entre $5 y 20 millones por policía muerto en Córdoba, Antioquia, Chocó, Norte de Santander y Sucre.

Ante la crítica situación, el ministro de Defensa expresó: “La sociedad entera debe rechazar estos actos y que no lo hagan solo con el propósito de posicionarse para futuras negociaciones políticas. Hasta el último día de nuestro gobierno, seguirá desplegado nuestro Ejército y la Policía en Antioquia, en el sur de Bolívar y Norte de Santander”.

En un reciente panfleto, quienes se atribuyen ser el Estado Mayor del Clan del Golfo desmintieron que desde el 7 de agosto en Colombia vaya a vivirse un cese al fuego. No obstante, dejaron la puerta abierta al nuevo gobierno de Gustavo Petro para negociar la rendición. Justamente, la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos le acaba de recomendar al nuevo mandatario implementar una política de desmantelamiento de grupos armados.

En contexto: Estas son las recomendaciones de ONU al gobierno Petro para reducir la violencia

Según explicó Juliette de Rivero, representante en Colombia de la Alta Comisionada, Gustavo Petro debería “considerar genuinamente el llamado de las poblaciones afectadas por la violencia que piden la adopción de acuerdos humanitarios o de paz con los grupos armados no estatales”. La institución encontró que la vía militar fue insuficiente para combatir la violencia, la cual persiste en las zonas que padecen pobreza multidimensional: el Pacífico, la Costa Caribe y la frontera con Venezuela. Según expertos, es usual que exista un aumento de acciones violentas antes de una negociación política, pero el saldo de esta estrategia, mientras aumenta el número de policías muertos, no pareciera tener un punto final.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.