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Las dos masacres que se cometieron esta semana en el norte de Cauca, que causaron conmoción especialmente a los indígenas de la zona y que tienen bajo fuertes cuestionamientos al Gobierno —en especial al ministro de Defensa, Guillermo Botero— fueron perpetradas, según el Ejército, por hombres de la columna móvil Dagoberto Ramos, del autodenominado Comando Conjunto Occidental Nuevo Sexto Frente de las disidencias de las Farc, la cual está al mando de alias Mayimbú. Este grupo ilegal está conformado por exintegrantes del antiguo sexto frente de las Farc y de las columnas Gabriel Galvis y Jacobo Arenas (que operaban en Cauca y Valle del Cauca), que no se acogieron al Acuerdo de Paz con el Gobierno o se salieron en plena negociación.
El líder de esta disidencia, que comanda la columna móvil Jaime Martínez, tiene bajo su mando a unos 120 hombres armados, quienes a su vez están presentes principalmente en los municipios de Buenos Aires, Suárez, Caloto, Toribío y Corinto. En este último, el martes pasado fueron asesinados cinco indígenas y el jueves, cuatro topógrafos. A la organización criminal, que controla los cultivos de coca y marihuana en esta zona del departamento, le atribuyen el más grave crimen que se perpetró en la pasada campaña electoral: la masacre en la que murieron la candidata a la Alcaldía de Suárez, Karina García, y otras cinco personas, entre ellas, su madre y una candidata al Concejo de ese mismo municipio.
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De acuerdo con la Fuerza Pública, la columna Dagoberto Ramos está liderada por Fernando Israel Méndez, alias el Indio. La Fiscalía anunció esta semana que identificó a otros de los hombres cercanos al Indio y que aparece en los videos que grabó la comunidad cuando los guerrilleros salían del corregimiento de Tacueyó (Corinto) luego de haber cometido el homicidio múltiple: Gerardo Ignacio Herrera Pavi, alias Barbas, quien ya había sido capturado en 2013 por el secuestro de dos policías y un ciudadano; sin embargo, inexplicablemente, recobró la libertad.
El Espectador contactó a habitantes de la comunidad e integrantes de organizaciones sociales, de la Fuerza Pública y de entidades del Estado que le hacen seguimiento al orden público en esta región, para conocer de cerca cómo opera esta disidencia, que se nutre del narcotráfico y la minería ilegal. Empezó a consolidarse a comienzos de 2017, cuando 12.000 miembros de las Farc se aprestaban a entregar las armas a la ONU en medio de la implementación del Acuerdo de Paz. “Tuvimos un breve respiro en ese momento, pero meses después otros grupos armados volvieron a aparecer”, dijo un miembro de la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria (Fensuagro) en Cauca, quien pidió anonimato por seguridad.
Con las disidencias de las Farc también llegaron el Eln y Los Pelusos, con los que empezaron una disputa por las rutas de narcotráfico. Según un organismo del Estado que trabaja en terreno, un momento clave para la comprensión del nuevo escenario de guerra se dio el 7 de diciembre de 2017, cuando se enfrentaron el sexto frente y el Epl en el corregimiento de Los Robles, en Jamundí, que colinda con el norte caucano. El choque dejó casi mil personas desplazadas y seis integrantes de los grupos armados muertos. La disidencia logró quedarse con el poder en los municipios del norte del Cauca. La Dagoberto Ramos se apoderó de la cordillera Central y la Jaime Martínez se ubicó sobre el río Naya.
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Las dos masacres que se perpetraron en Jamundí este año (en enero y octubre) serían parte de este enfrentamiento con Los Pelusos por el control del narcotráfico. Lo que se ha sabido es que el entonces jefe de los Pelusos, conocido como Pácora —quien murió a finales de septiembre pasado en un enfrentamiento con la Fuerza Pública—, envió hombres armados a que se asentaran en Jamundí (Valle) y Puerto Tejada (Cauca). Producto de esa incursión, cuatro personas de una misma familia fueron masacradas en la vía pública del corregimiento de San Antonio, en Jamundí, el pasado 11 de enero. Hace dos semanas, otras cuatro personas fueron acribilladas por la Jaime Martínez.
Los tentáculos del sexto frente de las disidencias de las Farc, dicen fuentes del Ejército, se han extendido por el sur del Huila y llegaron a la zona rural de Neiva. En las inmediaciones de la capital de ese departamento, la Dagoberto Ramos se disputa el control territorial con grupos de delincuencia común que extorsionan a comerciantes y campesinos. En el oriente de Neiva están presentes las disidencias del frente 17 y de la columna móvil Teófilo Forero, con las que la Dagoberto Ramos opera de manera conjunta —según el Ejército— para el tránsito de hombres, armas y pasta de coca. La columna también llegó al sur de Tolima. En Planadas, uno de los santuarios de las desaparecidas Farc, en mayo pasado fueron capturados seis de sus integrantes.
Un alto oficial del Ejército que está en la zona le contó a este diario que la llegada de la Dagoberto Ramos a otros departamentos del país ha sido un intento infructuoso por parte de la disidencia de las Farc. “Tolima y Huila son territorios que en el pasado fueron controlados en gran parte por la guerrilla. Ahora, no tienen los suficientes guerrilleros para hacer control territorial. Su negocio está enfocado en el Cauca, donde controlan cerca de 17.000 hectáreas de coca. Además, las estructuras del narcotráfico sacan por allí los cargamentos de cocaína con destino a Centroamérica y luego a los Estados Unidos”.
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La población civil, sin embargo, no siente estas incursiones de las disidencias tan infructuosas como las percibe el Ejército. Son los civiles, y sobre todo los indígenas, quienes están poniendo los muertos en esta guerra acéfala, que este año les ha costado la vida a 52 personas en territorios indígenas del Cauca, señala Naciones Unidas. La Policía, por su parte, tiene todas las alarmas encendidas en lo que tiene que ver con el norte del Cauca, región adonde van a llegar de aquí a fin de año más de 2.500 militares por orden del presidente, Iván Duque. Una respuesta que, advierte la ONU, podría servir de poco o nada.