Radiografía de la investigación del Palacio de Justicia
Hace ya 30 meses, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado por la desaparición de 11 personas y la tortura de por lo menos tres más durante el 6 y el7 de noviembre de 1985. Desde ese fallo, la Fiscalía creó un grupo especial y este es el mapa de la investigación.
Redacción Judicial
Tres condenas. Cuatro absoluciones. Por lo menos 25 cadáveres exhumados y ocho entregados a sus respectivas familias. Más de 22 desaparecidos. Once personas torturadas. Estas son las cuentas que lleva la Fiscalía en el expediente que desde hace 30 años se abrió para esclarecer lo que ocurrió el 6 y el 7 de noviembre de 1985, durante la toma y recuperación del Palacio de Justicia. Son números que se encuentran en varios informes que ha desarrollado el ente investigador para dar cuenta de los avances, tareas pendientes, demoras y resultados que esta investigación ha arrojado.
Se trata de cifras que trazan un mapa claro para ver en qué estado se halla esta compleja investigación, la cual adquirió un nuevo rumbo en diciembre de 2014. ¿La razón? La condena que recibió el Estado colombiano por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). En ese fallo, el tribunal internacional le ordenó al Gobierno, entre otras cosas, encontrar a los desaparecidos del Palacio, investigar los casos de tortura y reparar a las víctimas, y señaló, además, las inconsistencias y errores en los protocolos de necropsia y en la entrega de los cuerpos.
Fue así como la Fiscalía hizo un barrido de los nombres de las personas reportadas como desaparecidas y de documentos que daban cuenta de cómo se realizó la entrega de los cuerpos. Varias de las inconsistencias que halló, valga decirlo, estaban consignadas en documentos oficiales desde 1985. Hace 31 años, Medicina Legal lidiaba con los familiares de las víctimas y, a la vez, con la falta de protocolos rigurosos para levantar los cuerpos. El resultado: entregas erróneas que han salido a la luz recientemente y han abierto nuevas heridas. Por dar sólo un par de ejemplos, a la familia del magistrado auxiliar Emiro Sandoval le entregaron los restos de dos personas más; a la del magistrado Pedro Elías Serrano le entregaron los de una mujer.
En total se han exhumado 25 cuerpos, entre ellos los de los magistrados Serrano y Sandoval y los de varios familiares de quienes murieron entre el 6 y el 7 de noviembre de 1985 para hacer pruebas de ADN. De esa veintena de cadáveres se ha logrado la plena identificación de 16 y ocho han sido entregados a sus familiares. Emiro Sandoval, precisamente, fue hallado en febrero de este año. Sus restos estaban en una de las cajas en las que, desde 1998, se guardaron los restos de las víctimas del Palacio que antes habían ido a parar a una fosa común del Cementerio del Sur por orden militar.
Errores como el que se encontró en el caso de Sandoval son comunes en el expediente del Palacio. En octubre de 2015, por ejemplo, los restos de Cristina Guarín y Luz Mary Portela, desaparecidas desde 1985, fueron hallados en el cementerio Jardines de Paz (Bogotá). Medicina Legal confirmó que Guarín estaba en la tumba de Marina Isabel Ferrer, una visitante ocasional. En el caso de Guarín, las autoridades encontraron parte de su osamenta en la tumba de Libia Rincón, auxiliar de un magistrado de la Corte. Las osamentas de las cuatro mujeres ya fueron devueltas a sus familias.
No sólo en exhumaciones se ha concentrado la Fiscalía. Otra de las recomendaciones de la Corte IDH fue investigar a profundidad por lo menos tres casos de tortura, en los que los nombres más sonados son los de Eduardo Matson y Yolanda Santodomingo. El ente investigador ha identificado nueve víctimas más, entre ellas Magalis Arévalo y Ana Lucía Limas, auxiliares de servicios generales, y Aristóbulo Rozo, conductor del magistrado José Eduardo Gnecco. En este proceso todavía se están escuchando las indagatorias de 13 militares, entre ellos el general (r) Iván Ramírez, el coronel (r) Edilberto Sánchez Rubiano y el mayor (r) Fernando Blanco.
Otra de las líneas de investigación que ha retomado la Fiscalía, especialmente desde 2015, es el expediente por los homicidios de civiles, militares y policías en el que están involucrados exguerrilleros del M-19. Se trata de un tema polémico, pues esta guerrilla se sometió a un proceso de paz y fue indultada en 1992. El caso más avanzado es por la muerte de nueve personas, entre ellas Obdulio Romero, empleado del Palacio, varios conductores y secretarias. El 17 de junio de 2015 la Fiscalía ordenó una investigación previa y el proceso se encuentra en práctica de pruebas.
En noviembre de ese mismo año, el entonces fiscal Eduardo Montealegre anunció que evaluaría el alcance de los indultos concedidos al M-19. Ya fueron citados para rendir declaración los excombatientes Antonio Navarro, Gustavo Petro, Vera Grabe y Everth Bustamante, entre otros. El objetivo de la Fiscalía era determinar si se podían reabrir los casos o, por el contrario, la justicia se debía atener a cosa juzgada. Además de estas declaraciones, el ente investigador también ha escuchado a los ministros de la época para determinar su responsabilidad en los hechos.
Condenas y absoluciones
En total, son 12 los casos que la Fiscalía ha llevado ante jueces desde antes de que el fallo de la Corte hiciera énfasis en el tema de los desaparecidos. Los más sonados son los del coronel (r) Alfonso Plazas Vega y el general (r) Jesús Armando Arias Cabrales. El primero fue condenado en primera instancia en 2010 por la desaparición de Carlos Rodríguez, Cristina del Pilar Guarín, Gloria Anzola de Lanao, Norma Esguerra, Bernardo Beltrán, Héctor Jaime Beltrán, Gloria Estela Lizarazo, Luz Mary Portela, David Suspes, Lucy Amparo Oviedo e Irma Franco. El Tribunal Superior de Bogotá sólo lo halló responsable de la desaparición de Irma Franco y Carlos Rodríguez, y el 16 de diciembre de 2015, la Corte Suprema de Justicia lo absolvió considerando que no había pruebas que lo vincularan directamente con las desapariciones.
El general (r) Arias Cabrales fue condenado el 28 de abril de 2011 por la desaparición de las mismas 11 personas. En segunda instancia pasó algo similar: sólo lo vincularon a la desaparición de Carlos Rodríguez, Bernardo Beltrán, Luz Mary Portela, David Suspes e Irma Franco. En ambos casos, los jueces le han ordenado a la Fiscalía que debe investigar a fondo quiénes participaron en la desaparición del resto del grupo de las 11 personas.
El coronel (r) Edilberto Sánchez Rubiano y el mayor (r) Óscar William Vásquez son otros dos militares condenados por desaparición. El 15 de diciembre de 2015, el Juzgado 52 Penal de Bogotá los condenó por la desaparición de Carlos Rodríguez y Bernardo Beltrán, dos hombres cuyo paradero, después de 31 años, sigue siendo incierto. De los más de 15 militares vinculados en este proceso, hay tres que fueron absueltos: el general (r) Iván Ramírez Quintero, el mayor (r) Fernando Blanco y al sargento segundo (r) Gustavo Arévalo, quienes habían sido acusados de conocer y haber participado en la desaparición de 11 personas en noviembre de 1985.
Esta, en términos generales, es la radiografía de uno de los casos más importantes en la historia del conflicto colombiano. Han pasado 31 años y, aunque incluso el Estado colombiano fue condenado, asuntos como el de los desaparecidos, los torturados y tantas otras víctimas —como Carlos Horacio Urán, víctima de ejecución extrajudicial— siguen irresueltos. En el tema del Palacio de Justicia, la ausencia de verdades continúa siendo la constante.
Tres condenas. Cuatro absoluciones. Por lo menos 25 cadáveres exhumados y ocho entregados a sus respectivas familias. Más de 22 desaparecidos. Once personas torturadas. Estas son las cuentas que lleva la Fiscalía en el expediente que desde hace 30 años se abrió para esclarecer lo que ocurrió el 6 y el 7 de noviembre de 1985, durante la toma y recuperación del Palacio de Justicia. Son números que se encuentran en varios informes que ha desarrollado el ente investigador para dar cuenta de los avances, tareas pendientes, demoras y resultados que esta investigación ha arrojado.
Se trata de cifras que trazan un mapa claro para ver en qué estado se halla esta compleja investigación, la cual adquirió un nuevo rumbo en diciembre de 2014. ¿La razón? La condena que recibió el Estado colombiano por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). En ese fallo, el tribunal internacional le ordenó al Gobierno, entre otras cosas, encontrar a los desaparecidos del Palacio, investigar los casos de tortura y reparar a las víctimas, y señaló, además, las inconsistencias y errores en los protocolos de necropsia y en la entrega de los cuerpos.
Fue así como la Fiscalía hizo un barrido de los nombres de las personas reportadas como desaparecidas y de documentos que daban cuenta de cómo se realizó la entrega de los cuerpos. Varias de las inconsistencias que halló, valga decirlo, estaban consignadas en documentos oficiales desde 1985. Hace 31 años, Medicina Legal lidiaba con los familiares de las víctimas y, a la vez, con la falta de protocolos rigurosos para levantar los cuerpos. El resultado: entregas erróneas que han salido a la luz recientemente y han abierto nuevas heridas. Por dar sólo un par de ejemplos, a la familia del magistrado auxiliar Emiro Sandoval le entregaron los restos de dos personas más; a la del magistrado Pedro Elías Serrano le entregaron los de una mujer.
En total se han exhumado 25 cuerpos, entre ellos los de los magistrados Serrano y Sandoval y los de varios familiares de quienes murieron entre el 6 y el 7 de noviembre de 1985 para hacer pruebas de ADN. De esa veintena de cadáveres se ha logrado la plena identificación de 16 y ocho han sido entregados a sus familiares. Emiro Sandoval, precisamente, fue hallado en febrero de este año. Sus restos estaban en una de las cajas en las que, desde 1998, se guardaron los restos de las víctimas del Palacio que antes habían ido a parar a una fosa común del Cementerio del Sur por orden militar.
Errores como el que se encontró en el caso de Sandoval son comunes en el expediente del Palacio. En octubre de 2015, por ejemplo, los restos de Cristina Guarín y Luz Mary Portela, desaparecidas desde 1985, fueron hallados en el cementerio Jardines de Paz (Bogotá). Medicina Legal confirmó que Guarín estaba en la tumba de Marina Isabel Ferrer, una visitante ocasional. En el caso de Guarín, las autoridades encontraron parte de su osamenta en la tumba de Libia Rincón, auxiliar de un magistrado de la Corte. Las osamentas de las cuatro mujeres ya fueron devueltas a sus familias.
No sólo en exhumaciones se ha concentrado la Fiscalía. Otra de las recomendaciones de la Corte IDH fue investigar a profundidad por lo menos tres casos de tortura, en los que los nombres más sonados son los de Eduardo Matson y Yolanda Santodomingo. El ente investigador ha identificado nueve víctimas más, entre ellas Magalis Arévalo y Ana Lucía Limas, auxiliares de servicios generales, y Aristóbulo Rozo, conductor del magistrado José Eduardo Gnecco. En este proceso todavía se están escuchando las indagatorias de 13 militares, entre ellos el general (r) Iván Ramírez, el coronel (r) Edilberto Sánchez Rubiano y el mayor (r) Fernando Blanco.
Otra de las líneas de investigación que ha retomado la Fiscalía, especialmente desde 2015, es el expediente por los homicidios de civiles, militares y policías en el que están involucrados exguerrilleros del M-19. Se trata de un tema polémico, pues esta guerrilla se sometió a un proceso de paz y fue indultada en 1992. El caso más avanzado es por la muerte de nueve personas, entre ellas Obdulio Romero, empleado del Palacio, varios conductores y secretarias. El 17 de junio de 2015 la Fiscalía ordenó una investigación previa y el proceso se encuentra en práctica de pruebas.
En noviembre de ese mismo año, el entonces fiscal Eduardo Montealegre anunció que evaluaría el alcance de los indultos concedidos al M-19. Ya fueron citados para rendir declaración los excombatientes Antonio Navarro, Gustavo Petro, Vera Grabe y Everth Bustamante, entre otros. El objetivo de la Fiscalía era determinar si se podían reabrir los casos o, por el contrario, la justicia se debía atener a cosa juzgada. Además de estas declaraciones, el ente investigador también ha escuchado a los ministros de la época para determinar su responsabilidad en los hechos.
Condenas y absoluciones
En total, son 12 los casos que la Fiscalía ha llevado ante jueces desde antes de que el fallo de la Corte hiciera énfasis en el tema de los desaparecidos. Los más sonados son los del coronel (r) Alfonso Plazas Vega y el general (r) Jesús Armando Arias Cabrales. El primero fue condenado en primera instancia en 2010 por la desaparición de Carlos Rodríguez, Cristina del Pilar Guarín, Gloria Anzola de Lanao, Norma Esguerra, Bernardo Beltrán, Héctor Jaime Beltrán, Gloria Estela Lizarazo, Luz Mary Portela, David Suspes, Lucy Amparo Oviedo e Irma Franco. El Tribunal Superior de Bogotá sólo lo halló responsable de la desaparición de Irma Franco y Carlos Rodríguez, y el 16 de diciembre de 2015, la Corte Suprema de Justicia lo absolvió considerando que no había pruebas que lo vincularan directamente con las desapariciones.
El general (r) Arias Cabrales fue condenado el 28 de abril de 2011 por la desaparición de las mismas 11 personas. En segunda instancia pasó algo similar: sólo lo vincularon a la desaparición de Carlos Rodríguez, Bernardo Beltrán, Luz Mary Portela, David Suspes e Irma Franco. En ambos casos, los jueces le han ordenado a la Fiscalía que debe investigar a fondo quiénes participaron en la desaparición del resto del grupo de las 11 personas.
El coronel (r) Edilberto Sánchez Rubiano y el mayor (r) Óscar William Vásquez son otros dos militares condenados por desaparición. El 15 de diciembre de 2015, el Juzgado 52 Penal de Bogotá los condenó por la desaparición de Carlos Rodríguez y Bernardo Beltrán, dos hombres cuyo paradero, después de 31 años, sigue siendo incierto. De los más de 15 militares vinculados en este proceso, hay tres que fueron absueltos: el general (r) Iván Ramírez Quintero, el mayor (r) Fernando Blanco y al sargento segundo (r) Gustavo Arévalo, quienes habían sido acusados de conocer y haber participado en la desaparición de 11 personas en noviembre de 1985.
Esta, en términos generales, es la radiografía de uno de los casos más importantes en la historia del conflicto colombiano. Han pasado 31 años y, aunque incluso el Estado colombiano fue condenado, asuntos como el de los desaparecidos, los torturados y tantas otras víctimas —como Carlos Horacio Urán, víctima de ejecución extrajudicial— siguen irresueltos. En el tema del Palacio de Justicia, la ausencia de verdades continúa siendo la constante.