Radiografía de las disidencias de las Farc

Entrevistas a desmovilizados, informes de inteligencia militar, reportes de ONG, comunicados oficiales del Ejército y del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, así como una cronología de noticias judiciales publicadas en medios nacionales e internacionales, le permitieron a la Fiscalía armar el rompecabezas de las disidencias de las Farc. Durante meses, fiscales de la Dirección de Apoyo a la Investigación y Análisis contra la Criminalidad Organizada cruzaron esta información con distintas bases de datos oficiales con el objetivo de establecer la génesis, estructura de mando, áreas de influencia, métodos de financiación y alianzas delictivas de 29 estructuras ilegales que se desdoblaron de la antigua guerrilla.

Una radiografía esencial para comprender la trasescena de la guerra que nuevamente le declararon al Estado Iván Márquez, Jesús Santrich, El Paisa, Romaña y compañía, y que desde hace casi tres años, incluso antes del Acuerdo del Teatro Colón, libraban hombres como Gentil Duarte, Rodrigo Cadete, Iván Mordisco y John 40. El documento de la Fiscalía, de casi 200 páginas, sostiene que las disidencias, con corte a 2018, contabilizan 1.463 integrantes, con presencia en 18 departamentos, 120 municipios y 2.432 veredas. Según los datos recolectados, operan en pequeñas comisiones armadas, con campamentos móviles, patrullando de civil, ocupando la retaguardia estratégica de las antiguas Farc y autofinanciándose a través del narcotráfico, la extorsión y la minería ilegal.

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El articulador de la mayor parte de estas disidencias tiene nombre y apellidos: Miguel Botache Santanilla, más conocido como Gentil Duarte, quien agrupó a casi todos los hombres del frente Armando Ríos —el primero en marginarse de los Acuerdos de Paz—, así como reductos de los frentes tercero, 7, 10, 14, 15, 17, 32, 40, 48, 49, 62, 63 y de las columnas Acacio Medina y Teófilo Forero. A esta organización también se sumó una ficha clave de las antiguas Farc: Carlos Carvajal Torres, alias Alexánder Mojoso. “Estas serían las únicas disidencias que cuentan con un mando unificado para la coordinación de sus actividades tanto de narcotráfico como armadas”, detalla el informe judicial, cuyo contenido ya fue enviado a la Jurisdicción Especial para la Paz.

Uno de los testigos de excepción de este resurgimiento de grupos dispersos es alias Patón, exintegrante del frente Felipe Rincón, quien asistió en octubre de 2017 a un encuentro convocado por Gentil Duarte y la mayoría de los jefes desertores del proceso. Según le contó a la justicia el 8 de febrero pasado, durante esa reunión se renombraron estas células y se determinaron las jerarquías: como segundo al mando quedó Néstor Gregorio Vera Fernández, alias Iván Mordisco; en tercer lugar, Mesías Salgado Aragón, alias Rodrigo Cadete; en cuarto lugar fue designado Eulícer Hernández Fonseca, alias Alirio Matavaca, y después Alexánder Díaz Mendoza, alias Calarcá, encargado, además, “del trabajo de masas y político en las comunidades de la región oriental”.

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Finalmente se dispuso que Géner García Molina, o Jhon 40, se trasladara a zona fronteriza con Venezuela para coordinar “la consecución y administración de los recursos financieros producto de las actividades del narcotráfico, la extorsión y la minería ilegal”. Sobre Gentil Duarte, el informe advierte que nació en Milán (Caquetá) en octubre de 1963, que a los 16 años se vinculó a las Farc, que desde 1996 estuvo al mando del frente 7, cuya área de influencia es Puerto Rico (Meta), y que en 2015 fue nombrado integrante del Estado Mayor Central de las Farc. Figura como responsable del cautiverio de Emmanuel, el hijo de la excongresista Clara Rojas, de la custodia de otros militares y policías secuestrados y de varios crímenes de uniformados en Meta y Guaviare.

Aunque Duarte hizo parte de la mesa de negociación de las Farc e incluso viajó a La Habana (Cuba) en julio de 2015, tras su retorno al país armó rancho aparte y pronto instaló su centro de operaciones clandestinas entre Guaviare y Vaupés. No llevaba ni un mes el Acuerdo del Teatro Colón —que significó el tránsito definitivo de las Farc a la política— y esa colectividad ya anunciaba, el 13 de diciembre de 2016, la expulsión de hombres claves que hoy son objetivos de alto valor para las Fuerzas Militares: el propio Gentil Duarte, Euclides Mora, Giovanny Chuspas y Julián Chollo. “La zona de frontera con Ecuador sobre los ríos San Miguel y Putumayo continúa siendo un área estratégica para las actividades de narcotráfico con los carteles extranjeros”, señala el documento.

(En contexto: Iván Márquez, "Santrich", "El Paisa" y "Romaña" vuelven a la guerra)

Según Patón, estos nuevos herederos de la violencia del extinto bloque Oriental elaboraron una especie de plan de trabajo para consolidarse. Así dispusieron reorganizar “las milicias bolivarianas y populares”, continuar con las cuotas extorsivas a ganaderos y comerciantes, así como la “mal llamada ley 002” para garantizar una tributación mensual, crear “un fondo colectivo para la compra de armamento”, reanudar los contactos para comercializar la droga con intermediarios y carteles extranjeros, incrementar “el personal mediante el reclutamiento ilícito, incluyendo menores”, conformar nuevos frentes, desarrollar “escuelas de entrenamiento a cargo de Gildardo Cucho” y fijar el cobro del 10 % del valor de las ventas de tierras en áreas de su influencia.

Además se estableció el cobro de $200.000 por kilo de coca exportada, la inversión en compra de bienes, tierras y vehículos, insistir en el “trabajo político” a cargo de alias Calarcá y “como estrategia de preservación y crecimiento no confrontar a la Fuerza Pública”. Un derrotero que han venido aplicando sagradamente en los últimos 24 meses. “La estructura disidente del frente Acacio Medina, ubicada en los departamentos de Vichada y Guainía sobre la zona fronteriza con Venezuela y Brasil, ha logrado expandir su accionar delictivo hacia el sector de Yavita, municipio de Maroa (Venezuela), y hacia el sector de río Alto Negro en el estado de Amazonas, Brasil”, revela el informe judicial.

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Estas disidencias expandieron su radio de operación en Guaviare, Meta, Caquetá y Putumayo, donde controlan toda la cadena del narcotráfico (siembra, producción, transporte y comercialización), así como el cobro de gramaje. El reporte también asegura que en Guainía “obtienen recursos a través de la adquisición y administración de minas de oro, cobro extorsivo por el funcionamiento de minas y dragas, así como del transporte y comercio del mineral (…) Las disidencias presentes en la región Oriental cuentan con seis frentes que continúan con actividades de reclutamiento dirigidos a poblaciones vulnerables, comunidades indígenas, captación de milicianos exintegrantes de Farc, así como de personal que se ubica en las zonas veredales de capacitación y reincorporación”.

El documento recoge las versiones de desmovilizados como alias Andrés, Duvier o Venhur, entre muchos otros, que aportan información en el terreno sobre los circuitos de control y enlaces de estas disidencias, así como sus vasos comunicantes en la zona Pacífica y, muy especialmente, en Nariño, donde el poder de carteles mexicanos es cada vez mayor. Sus relatos sobre los delitos que perpetran a diario son tan crudos que no resulta exagerada la afirmación de “la ley de la selva” para describir cómo operan estos nuevos grupos. Aunque Gentil Duarte y sus hombres insistan, tal como lo hizo recientemente Iván Márquez, en que su “lucha” busca reivindicar una segunda Marquetalia, los datos duros señalan que el negocio de la droga no parece su paraguas sino su fin.

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Uno de los exguerrilleros, incluso, contó que el mando resolvió hacer presencia en Puerto Gaitán (Meta), una zona de alto interés para Ecopetrol. “Como fuente principal de ingresos tenían previsto para antes de mitad de año extorsionar a Campo Rubiales”, dijo. En el informe, cada una de estas disidencias tiene la caracterización de los máximos jefes, su pasado delictivo, organigramas detallados con sus fotos y alias y los mapas que registran su área de operaciones. Todos estos datos hoy resultan claves para monitorear el poder y alcance de estas disidencias y, además, para que la JEP tome nota de quienes, de frente, le hicieron conejo al Acuerdo de Paz. Varios de estos desertores, como Luis Alfonso Lizcano, alias Euclides Mora, han sido abatidos en operaciones militares.

Un capo, “Guacho” y otros

El reporte de contexto sobre estas disidencias hace un perfil de Géner García Molina, o John 40, una especie de capo de capos en las antiguas Farc, cuyas extravagancias en lo más profundo de la selva han sido documentadas por la justicia. Nació el 23 de agosto de 1963 en San Martín (Meta). Ingresó a la guerrilla el 15 de febrero de 1983, integró los frentes 7, 16, 31, 40 y 43, este último donde ofició como comandante entre 1997 y 2008. Tras la muerte de Tomás Medina Caracas, alias el Negro Acacio, asumió de lleno el control del narcotráfico del bloque Oriental y tuvo estrechas relaciones con el narco Daniel el Loco Barrera, extraditado a Estados Unidos. Desde octubre de 2017 tiene circular roja de la Interpol.

Su frente, el Acacio Medina, se mueve en zona selvática de Guainía, cuyos ríos utilizan como corredores de movilidad para sacar droga, y “la espesa llanura permite la ubicación de pistas clandestinas controladas por las disidencias, desde donde se envían los cargamentos de coca hacia el exterior, principalmente hacia Venezuela y Brasil (…) A esto se le suma la complacencia de autoridades venezolanas que estaban siendo sobornadas a cambio de gramos de oro por permitir la presencia de integrantes de la disidencia”, sostiene el reporte. Alias Uriel, en declaración entregada en marzo de 2018, relató cómo se definió desde 2016 la cuota extorsiva a los balseros de la región que movilizaban la coca.

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“Coordinados todos los movimientos con la guardia (del) ejército venezolano, en especial con el teniente de la guardia llamado Alfonso y el teniente del ejército de apellido Valero, encargados de la seguridad en Maroa, estado de Amazonas (Venezuela), quienes recibían a cambio dineros o en su defecto gramos de oro”, manifestó el exguerrillero. En la región sur también se documentaron seis frentes disidentes, algunos más articulados que otros, y en la región occidental los grupos Gente del Orden, Guerrillas Unidas del Pacífico, Resistencia Campesina, Sábalo y el autodenominado frente Óliver Sinisterra, que se desprendió de la desaparecida columna Daniel Aldana y cobró notoriedad por las acciones de Wálter Patricio Arizala, más conocido como Guacho.

“El frente Óliver Sinisterra heredó un sinfín de herramientas y competencias que le permiten estar inmiscuido en la cadena del narcotráfico a través del cultivo, la producción y la exportación del alcaloide; contando con el apoyo de grupos milicianos como Gente del Orden, quienes hacen la labor de inteligencia en la zona urbana (de Tumaco). También es determinante la relación existente con diferentes narcotraficantes que delinquen a nivel internacional, como el cartel de Sinaloa”, se lee en el reporte. En el potencial cocalero de Nariño, en zonas como La Balsa, Llorente, Guayacana o Barbacoas, Guacho erigió un narcoimperio. Su organización, con presencia en Ecuador, fue la responsable del secuestro y posterior homicidio del equipo periodístico de El Comercio de ese país.

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Luego de dicho crimen, se emprendió su cacería y, finalmente, Guacho terminó abatido en una operación militar el 21 de diciembre de 2018. No obstante, las distintas disidencias continuaron operando. “Tumaco es el principal epicentro armado para los grupos ilegales de la región que buscan controlar el narcotráfico y la minería ilegal. Según la Defensoría del Pueblo, para 2017 se extrajeron cerca de 587 kilos de oro de las actividades de barequeros registrados”, obteniendo ingresos de hasta US$1,8 millones. De acuerdo con los datos, estos grupos delincuenciales se disputan a sangre y fuego el control de los ríos Mira y Patía y, tan solo en Nariño, alcanzarían a sumar 335 hombres en armas. Los asesinatos selectivos y el temor en la región son hoy la constante.

Sobre la adquisición de armas, el desmovilizado alias el Grande les contó detalles a las autoridades: “El frente Óliver Sinisterra se involucró en el tráfico de armas por medio de contactos mexicanos, los cuales, según el desmovilizado, le hicieron llegar a la estructura armada material de guerra procedente de Centroamérica en diciembre de 2017. Adicional(mente) al armamento importado, se logró establecer que la organización armada se dedicó a la fabricación de explosivos de manera artesanal, entre los que se encuentran los dispositivos denominados cola de caballo, chancleta, bomba antiaérea, cardán y bombas tipo alarma, fabricados por integrantes de las disidencias para su posterior ubicación e instalación”.

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Por último, en el Cauca y el Valle del Cauca, advierte el informe judicial que todavía está en actualización, se han identificado ocho grupos disidentes con casi 250 hombres sumados, que han venido copando los espacios del desaparecido frente 40 de las Farc. Las denominadas Guerrillas Unidas del Pacífico están cobrando “un millón de pesos por cada kilo de base de cocaína y dos millones por cada kilo de clorhidrato de cocaína que se transporte en sus zonas de dominio”. El suroccidente de Colombia, según esta radiografía, es una bomba de tiempo. El Bajo Cauca antioqueño, con el frente 36, no se queda atrás. Y el último galón de gasolina que le llegó a este incendio de disidencias es la nueva banda de Iván Márquez y compañía.

Entrevistas a desmovilizados, informes de inteligencia militar, reportes de ONG, comunicados oficiales del Ejército y del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, así como una cronología de noticias judiciales publicadas en medios nacionales e internacionales, le permitieron a la Fiscalía armar el rompecabezas de las disidencias de las Farc. Durante meses, fiscales de la Dirección de Apoyo a la Investigación y Análisis contra la Criminalidad Organizada cruzaron esta información con distintas bases de datos oficiales con el objetivo de establecer la génesis, estructura de mando, áreas de influencia, métodos de financiación y alianzas delictivas de 29 estructuras ilegales que se desdoblaron de la antigua guerrilla.

Una radiografía esencial para comprender la trasescena de la guerra que nuevamente le declararon al Estado Iván Márquez, Jesús Santrich, El Paisa, Romaña y compañía, y que desde hace casi tres años, incluso antes del Acuerdo del Teatro Colón, libraban hombres como Gentil Duarte, Rodrigo Cadete, Iván Mordisco y John 40. El documento de la Fiscalía, de casi 200 páginas, sostiene que las disidencias, con corte a 2018, contabilizan 1.463 integrantes, con presencia en 18 departamentos, 120 municipios y 2.432 veredas. Según los datos recolectados, operan en pequeñas comisiones armadas, con campamentos móviles, patrullando de civil, ocupando la retaguardia estratégica de las antiguas Farc y autofinanciándose a través del narcotráfico, la extorsión y la minería ilegal.

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El articulador de la mayor parte de estas disidencias tiene nombre y apellidos: Miguel Botache Santanilla, más conocido como Gentil Duarte, quien agrupó a casi todos los hombres del frente Armando Ríos —el primero en marginarse de los Acuerdos de Paz—, así como reductos de los frentes tercero, 7, 10, 14, 15, 17, 32, 40, 48, 49, 62, 63 y de las columnas Acacio Medina y Teófilo Forero. A esta organización también se sumó una ficha clave de las antiguas Farc: Carlos Carvajal Torres, alias Alexánder Mojoso. “Estas serían las únicas disidencias que cuentan con un mando unificado para la coordinación de sus actividades tanto de narcotráfico como armadas”, detalla el informe judicial, cuyo contenido ya fue enviado a la Jurisdicción Especial para la Paz.

Uno de los testigos de excepción de este resurgimiento de grupos dispersos es alias Patón, exintegrante del frente Felipe Rincón, quien asistió en octubre de 2017 a un encuentro convocado por Gentil Duarte y la mayoría de los jefes desertores del proceso. Según le contó a la justicia el 8 de febrero pasado, durante esa reunión se renombraron estas células y se determinaron las jerarquías: como segundo al mando quedó Néstor Gregorio Vera Fernández, alias Iván Mordisco; en tercer lugar, Mesías Salgado Aragón, alias Rodrigo Cadete; en cuarto lugar fue designado Eulícer Hernández Fonseca, alias Alirio Matavaca, y después Alexánder Díaz Mendoza, alias Calarcá, encargado, además, “del trabajo de masas y político en las comunidades de la región oriental”.

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Finalmente se dispuso que Géner García Molina, o Jhon 40, se trasladara a zona fronteriza con Venezuela para coordinar “la consecución y administración de los recursos financieros producto de las actividades del narcotráfico, la extorsión y la minería ilegal”. Sobre Gentil Duarte, el informe advierte que nació en Milán (Caquetá) en octubre de 1963, que a los 16 años se vinculó a las Farc, que desde 1996 estuvo al mando del frente 7, cuya área de influencia es Puerto Rico (Meta), y que en 2015 fue nombrado integrante del Estado Mayor Central de las Farc. Figura como responsable del cautiverio de Emmanuel, el hijo de la excongresista Clara Rojas, de la custodia de otros militares y policías secuestrados y de varios crímenes de uniformados en Meta y Guaviare.

Aunque Duarte hizo parte de la mesa de negociación de las Farc e incluso viajó a La Habana (Cuba) en julio de 2015, tras su retorno al país armó rancho aparte y pronto instaló su centro de operaciones clandestinas entre Guaviare y Vaupés. No llevaba ni un mes el Acuerdo del Teatro Colón —que significó el tránsito definitivo de las Farc a la política— y esa colectividad ya anunciaba, el 13 de diciembre de 2016, la expulsión de hombres claves que hoy son objetivos de alto valor para las Fuerzas Militares: el propio Gentil Duarte, Euclides Mora, Giovanny Chuspas y Julián Chollo. “La zona de frontera con Ecuador sobre los ríos San Miguel y Putumayo continúa siendo un área estratégica para las actividades de narcotráfico con los carteles extranjeros”, señala el documento.

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Según Patón, estos nuevos herederos de la violencia del extinto bloque Oriental elaboraron una especie de plan de trabajo para consolidarse. Así dispusieron reorganizar “las milicias bolivarianas y populares”, continuar con las cuotas extorsivas a ganaderos y comerciantes, así como la “mal llamada ley 002” para garantizar una tributación mensual, crear “un fondo colectivo para la compra de armamento”, reanudar los contactos para comercializar la droga con intermediarios y carteles extranjeros, incrementar “el personal mediante el reclutamiento ilícito, incluyendo menores”, conformar nuevos frentes, desarrollar “escuelas de entrenamiento a cargo de Gildardo Cucho” y fijar el cobro del 10 % del valor de las ventas de tierras en áreas de su influencia.

Además se estableció el cobro de $200.000 por kilo de coca exportada, la inversión en compra de bienes, tierras y vehículos, insistir en el “trabajo político” a cargo de alias Calarcá y “como estrategia de preservación y crecimiento no confrontar a la Fuerza Pública”. Un derrotero que han venido aplicando sagradamente en los últimos 24 meses. “La estructura disidente del frente Acacio Medina, ubicada en los departamentos de Vichada y Guainía sobre la zona fronteriza con Venezuela y Brasil, ha logrado expandir su accionar delictivo hacia el sector de Yavita, municipio de Maroa (Venezuela), y hacia el sector de río Alto Negro en el estado de Amazonas, Brasil”, revela el informe judicial.

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Estas disidencias expandieron su radio de operación en Guaviare, Meta, Caquetá y Putumayo, donde controlan toda la cadena del narcotráfico (siembra, producción, transporte y comercialización), así como el cobro de gramaje. El reporte también asegura que en Guainía “obtienen recursos a través de la adquisición y administración de minas de oro, cobro extorsivo por el funcionamiento de minas y dragas, así como del transporte y comercio del mineral (…) Las disidencias presentes en la región Oriental cuentan con seis frentes que continúan con actividades de reclutamiento dirigidos a poblaciones vulnerables, comunidades indígenas, captación de milicianos exintegrantes de Farc, así como de personal que se ubica en las zonas veredales de capacitación y reincorporación”.

El documento recoge las versiones de desmovilizados como alias Andrés, Duvier o Venhur, entre muchos otros, que aportan información en el terreno sobre los circuitos de control y enlaces de estas disidencias, así como sus vasos comunicantes en la zona Pacífica y, muy especialmente, en Nariño, donde el poder de carteles mexicanos es cada vez mayor. Sus relatos sobre los delitos que perpetran a diario son tan crudos que no resulta exagerada la afirmación de “la ley de la selva” para describir cómo operan estos nuevos grupos. Aunque Gentil Duarte y sus hombres insistan, tal como lo hizo recientemente Iván Márquez, en que su “lucha” busca reivindicar una segunda Marquetalia, los datos duros señalan que el negocio de la droga no parece su paraguas sino su fin.

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Uno de los exguerrilleros, incluso, contó que el mando resolvió hacer presencia en Puerto Gaitán (Meta), una zona de alto interés para Ecopetrol. “Como fuente principal de ingresos tenían previsto para antes de mitad de año extorsionar a Campo Rubiales”, dijo. En el informe, cada una de estas disidencias tiene la caracterización de los máximos jefes, su pasado delictivo, organigramas detallados con sus fotos y alias y los mapas que registran su área de operaciones. Todos estos datos hoy resultan claves para monitorear el poder y alcance de estas disidencias y, además, para que la JEP tome nota de quienes, de frente, le hicieron conejo al Acuerdo de Paz. Varios de estos desertores, como Luis Alfonso Lizcano, alias Euclides Mora, han sido abatidos en operaciones militares.

Un capo, “Guacho” y otros

El reporte de contexto sobre estas disidencias hace un perfil de Géner García Molina, o John 40, una especie de capo de capos en las antiguas Farc, cuyas extravagancias en lo más profundo de la selva han sido documentadas por la justicia. Nació el 23 de agosto de 1963 en San Martín (Meta). Ingresó a la guerrilla el 15 de febrero de 1983, integró los frentes 7, 16, 31, 40 y 43, este último donde ofició como comandante entre 1997 y 2008. Tras la muerte de Tomás Medina Caracas, alias el Negro Acacio, asumió de lleno el control del narcotráfico del bloque Oriental y tuvo estrechas relaciones con el narco Daniel el Loco Barrera, extraditado a Estados Unidos. Desde octubre de 2017 tiene circular roja de la Interpol.

Su frente, el Acacio Medina, se mueve en zona selvática de Guainía, cuyos ríos utilizan como corredores de movilidad para sacar droga, y “la espesa llanura permite la ubicación de pistas clandestinas controladas por las disidencias, desde donde se envían los cargamentos de coca hacia el exterior, principalmente hacia Venezuela y Brasil (…) A esto se le suma la complacencia de autoridades venezolanas que estaban siendo sobornadas a cambio de gramos de oro por permitir la presencia de integrantes de la disidencia”, sostiene el reporte. Alias Uriel, en declaración entregada en marzo de 2018, relató cómo se definió desde 2016 la cuota extorsiva a los balseros de la región que movilizaban la coca.

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“Coordinados todos los movimientos con la guardia (del) ejército venezolano, en especial con el teniente de la guardia llamado Alfonso y el teniente del ejército de apellido Valero, encargados de la seguridad en Maroa, estado de Amazonas (Venezuela), quienes recibían a cambio dineros o en su defecto gramos de oro”, manifestó el exguerrillero. En la región sur también se documentaron seis frentes disidentes, algunos más articulados que otros, y en la región occidental los grupos Gente del Orden, Guerrillas Unidas del Pacífico, Resistencia Campesina, Sábalo y el autodenominado frente Óliver Sinisterra, que se desprendió de la desaparecida columna Daniel Aldana y cobró notoriedad por las acciones de Wálter Patricio Arizala, más conocido como Guacho.

“El frente Óliver Sinisterra heredó un sinfín de herramientas y competencias que le permiten estar inmiscuido en la cadena del narcotráfico a través del cultivo, la producción y la exportación del alcaloide; contando con el apoyo de grupos milicianos como Gente del Orden, quienes hacen la labor de inteligencia en la zona urbana (de Tumaco). También es determinante la relación existente con diferentes narcotraficantes que delinquen a nivel internacional, como el cartel de Sinaloa”, se lee en el reporte. En el potencial cocalero de Nariño, en zonas como La Balsa, Llorente, Guayacana o Barbacoas, Guacho erigió un narcoimperio. Su organización, con presencia en Ecuador, fue la responsable del secuestro y posterior homicidio del equipo periodístico de El Comercio de ese país.

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Luego de dicho crimen, se emprendió su cacería y, finalmente, Guacho terminó abatido en una operación militar el 21 de diciembre de 2018. No obstante, las distintas disidencias continuaron operando. “Tumaco es el principal epicentro armado para los grupos ilegales de la región que buscan controlar el narcotráfico y la minería ilegal. Según la Defensoría del Pueblo, para 2017 se extrajeron cerca de 587 kilos de oro de las actividades de barequeros registrados”, obteniendo ingresos de hasta US$1,8 millones. De acuerdo con los datos, estos grupos delincuenciales se disputan a sangre y fuego el control de los ríos Mira y Patía y, tan solo en Nariño, alcanzarían a sumar 335 hombres en armas. Los asesinatos selectivos y el temor en la región son hoy la constante.

Sobre la adquisición de armas, el desmovilizado alias el Grande les contó detalles a las autoridades: “El frente Óliver Sinisterra se involucró en el tráfico de armas por medio de contactos mexicanos, los cuales, según el desmovilizado, le hicieron llegar a la estructura armada material de guerra procedente de Centroamérica en diciembre de 2017. Adicional(mente) al armamento importado, se logró establecer que la organización armada se dedicó a la fabricación de explosivos de manera artesanal, entre los que se encuentran los dispositivos denominados cola de caballo, chancleta, bomba antiaérea, cardán y bombas tipo alarma, fabricados por integrantes de las disidencias para su posterior ubicación e instalación”.

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