Radiografía de los falsos positivos en Casanare

Al finalizar el año 2007, los miembros del Batallón de Infantería n.° 44 Ramón Nonato Pérez (Birno) habían sido felicitados como nunca antes por la gran cantidad de resultados operacionales obtenidos. Tras la llegada del coronel Henry Acosta Pardo como comandante del Batallón, en octubre de 2006, y del capitán (r) Cesar Augusto Cómbita Eslava, como comandante de inteligencia, las misiones tácticas se incrementaron de forma exponencial: cuando en 2006 no superaron la veintena, en 2007 ese batallón realizó 41. Los índices altos continuaron hasta que ambos militares abandonaron el Batallón, a mediados de 2008.

Hoy, en la Fiscalía reposan 58 expedientes que tienden un manto de duda sobre esos operativos que se adelantaron en el Batallón n.° 44 durante esos años, pues serían casos de ejecuciones extrajudiciales. En un informe de la Fiscalía de 2015, el ente investigador determinó que, de las 292 sentencias que se han dictado por “falsos positivos”, en 130 de ellas “los jueces han destacado la existencia de un modus operandi, un plan criminal y la distribución de responsabilidades en desarrollo del mismo”. Lo sucedido en el Batallón de Infantería n.° 44 podría dar luces de cómo operaban esos “planes criminales” que la Fiscalía ha identificado en casos a lo largo y ancho del país.

Para fuentes cercanas a los procesos contra miembros de ese batallón, el Birno se convirtió en una “máquina criminal”, pues, en las pesquisas adelantadas por la Fiscalía, se repiten patrones y perfiles de las víctimas, su desaparición, asesinato y posterior simulación de combates. Es más, el organismo investigador señala que el “fenómeno criminal” de los falsos positivos debe ser analizado en contexto. En el caso específico del Batallón n.° 44, la incidencia de los más altos mandos en el peor año de este delito –2007– es, para la Fiscalía, clara: tanto el comandante del Batallón, como su jefe de inteligencia y su oficial de operaciones están enredados en procesos por “falsos positivos”.

Si bien los procesos contra miembros del Batallón n.° 44 por “falsos positivos” se remontan a 2002 –cuando se presentó el primer caso–, fue en 2006 y 2007 cuando más presuntas ejecuciones extrajudiciales hubo (17 y 29 respectivamente). Según la Fiscalía, entre esos años hubo 39 víctimas por ese delito, que serían atribuibles a este batallón. No obstante, los abogados de las víctimas han recopilado información que permite suponer que hubo 63 víctimas en ese mismo período de tiempo.

Esta época –por la que ya hay 19 uniformados condenados a 40 años de prisión– estaría marcada por la presencia de tres altos oficiales en la cúpula del Batallón. Se trata del teniente coronel (r) Henry Acosta Pardo, prófugo, con dos órdenes de captura y en juicio en la Fiscalía 60 de Derechos Humanos por un homicidio en persona protegida. El jefe de inteligencia en ese entonces, teniente César Augusto Cómbita, quien tiene una condena de 34 años por falsos positivos en Antioquia y está requerido en cinco procesos del Birno. Y el jefe de operaciones, el teniente Hernán Angarita Reyes, investigado por el asesinato de dos jóvenes, en 2007, en el municipio de Maní (Casanare).

Un militar le contó a la Fiscalía en 2015: “En los programas radiales, mi coronel Acosta decía que los pelotones tenían que dar resultados porque se estaban dedicando a ‘podrir víveres’, o sea, consumir alimentos y no dar ningún resultado”. Asimismo, en una diligencia judicial que se hizo al Batallón, la Fiscalía encontró un cuaderno en el que consta que, en un programa de radio de enero de 2007, el coronel de la Brigada XVI, Jairo López Colunge, les dijo que desde la Brigada harían una evaluación trimestral en la que debían reportar “dos bandidos por mes”. Por estas supuestas presiones, la Fiscalía 134 de Derechos Humanos decidió llamarlo a hacer una declaración jurada el pasado 22 de agosto.

Según los relatos que algunos de los militares le hicieron a la Fiscalía, la función que estos altos oficiales habrían ejercido en los crímenes no se limitaba a presionar por bajas, también tomaban parte activa en los mismos. En una indagatoria de 2015, un militar señaló: “Lo único que sé es que la gente del S2 (inteligencia del batallón) se encargaba de conseguir la gente, ordenados por el teniente Cómbita. (…) El S2 hacía todo, los anexos de inteligencia y ellos cuadraban sus informaciones”. Otros militares que se acogieron a sentencia anticipada apuntaron el dedo en la misma dirección: hacia el jefe de inteligencia, César Augusto Cómbita. Uno incluso señaló que Cómbita andaba con paramilitares, quienes lo llamaban alias Camilo.

Según lo dicho por al menos ocho militares en el proceso que se lleva por los asesinatos de dos artesanos de Yopal, Kemel Arteaga y Andrés Garzón, nunca fue claro quién disparaba el gatillo contra las víctimas, así como tampoco se ha podido establecer cómo llegaban las víctimas hacia las apartadas veredas donde eran asesinadas. En el caso de los dos artesanos, familiares y amigos declararon haber visto cómo fueron subidos a una camioneta gris en la noche del 27 de marzo de 2007. Ambos estaban bajo efectos de sustancias psicoactivas y embriagados.

Asimismo, un militar declaró en otro proceso que el teniente Gustavo Parada Cuéllar –el segundo al mando en la sección de inteligencia del Batallón– supuestamente “reclutó” a dos hombres en el municipio de Aguazul, donde los habría embriagado y posteriormente subido en una camioneta, también gris, en la que fueron trasladados hasta una finca en el sector de Cuernavaca, donde, más tarde ese día, fueron declarados como muertos en combate. Según declaró el mismo César Augusto Cómbita, los lugares en que se simulaban los combates eran sitios “donde se tenía información veraz de presencia de grupos armados al margen de la ley”.

Ese militar, al ver que toda la culpa comenzaba a caer sobre sus hombros, señaló en indagatoria que quienes integraban los grupos especiales en cada municipio eran los encargados de “reclutar o jalar gente para posteriormente presentarlos como muertos en combate”. No es claro quiénes disparaban. Los militares implicados señalaron que eran él, Cómbita Eslava, o sus ayudantes de inteligencia, el teniente Parada Cuéllar o el sargento Hugo Guzmán Pistala, quienes llamaban a los jefes de las patrullas para informarles que había listo “un trabajo”. Gustavo Parada y Hugo Guzmán Pistala también están siendo investigados.

“Cómbita y Parada me dijeron que había que reportar a estos dos muertos”, dijo uno. “El teniente Cómbita Eslava, cuando nos acercábamos al Batallón o él iba al área donde nosotros nos encontrábamos, después de que sucedían los hechos, nos decía: ‘Tranquilos que todo ya está cuadrado; ustedes no se preocupen, simplemente declaren lo que tengan que declarar que por eso no hay ningún problema’ ”. Otros dos dijeron que, al final de sus felicitaciones, el militar siempre advertía que quienes no quisieran “llenarse de gloria” recordaran que en el batallón estaban todos los datos de sus familias.

Los pagos a los informantes cuya información servía para hacer los operativos también están en entredicho, pues se hacían desde inteligencia y, además, la Fiscalía encontró que en varios documentos había firmas falsificadas. Desde mediados de octubre, El Espectador intentó contactar a los abogados de algunos de los militares involucrados, especialmente los defensores de Cómbita y Parada Cuéllar, pero ninguno de ellos dio respuesta a las solicitudes de este diario. En indagatoria, quien fue el jefe de inteligencia del Batallón n.° 44, entre 2006 y 2008, Cómbita, dijo que las declaraciones de los soldados estaban “amañadas en su contra”.

Aun así, en esa misma audiencia, el capitán Cómbita soltó una frase que resume lo que significaron estos hechos en el Batallón Nonato Pérez: “No era un secreto para nadie que se estuvieran presentando muertes extrajudiciales. (…) En alguna ocasión, que di una baja, la contadora del Batallón me dijo: ‘Felicitaciones, mi teniente, por esas bajas que dio, pero no vaya a creer que yo no sé cómo las hace’”.

Al finalizar el año 2007, los miembros del Batallón de Infantería n.° 44 Ramón Nonato Pérez (Birno) habían sido felicitados como nunca antes por la gran cantidad de resultados operacionales obtenidos. Tras la llegada del coronel Henry Acosta Pardo como comandante del Batallón, en octubre de 2006, y del capitán (r) Cesar Augusto Cómbita Eslava, como comandante de inteligencia, las misiones tácticas se incrementaron de forma exponencial: cuando en 2006 no superaron la veintena, en 2007 ese batallón realizó 41. Los índices altos continuaron hasta que ambos militares abandonaron el Batallón, a mediados de 2008.

Hoy, en la Fiscalía reposan 58 expedientes que tienden un manto de duda sobre esos operativos que se adelantaron en el Batallón n.° 44 durante esos años, pues serían casos de ejecuciones extrajudiciales. En un informe de la Fiscalía de 2015, el ente investigador determinó que, de las 292 sentencias que se han dictado por “falsos positivos”, en 130 de ellas “los jueces han destacado la existencia de un modus operandi, un plan criminal y la distribución de responsabilidades en desarrollo del mismo”. Lo sucedido en el Batallón de Infantería n.° 44 podría dar luces de cómo operaban esos “planes criminales” que la Fiscalía ha identificado en casos a lo largo y ancho del país.

Para fuentes cercanas a los procesos contra miembros de ese batallón, el Birno se convirtió en una “máquina criminal”, pues, en las pesquisas adelantadas por la Fiscalía, se repiten patrones y perfiles de las víctimas, su desaparición, asesinato y posterior simulación de combates. Es más, el organismo investigador señala que el “fenómeno criminal” de los falsos positivos debe ser analizado en contexto. En el caso específico del Batallón n.° 44, la incidencia de los más altos mandos en el peor año de este delito –2007– es, para la Fiscalía, clara: tanto el comandante del Batallón, como su jefe de inteligencia y su oficial de operaciones están enredados en procesos por “falsos positivos”.

Si bien los procesos contra miembros del Batallón n.° 44 por “falsos positivos” se remontan a 2002 –cuando se presentó el primer caso–, fue en 2006 y 2007 cuando más presuntas ejecuciones extrajudiciales hubo (17 y 29 respectivamente). Según la Fiscalía, entre esos años hubo 39 víctimas por ese delito, que serían atribuibles a este batallón. No obstante, los abogados de las víctimas han recopilado información que permite suponer que hubo 63 víctimas en ese mismo período de tiempo.

Esta época –por la que ya hay 19 uniformados condenados a 40 años de prisión– estaría marcada por la presencia de tres altos oficiales en la cúpula del Batallón. Se trata del teniente coronel (r) Henry Acosta Pardo, prófugo, con dos órdenes de captura y en juicio en la Fiscalía 60 de Derechos Humanos por un homicidio en persona protegida. El jefe de inteligencia en ese entonces, teniente César Augusto Cómbita, quien tiene una condena de 34 años por falsos positivos en Antioquia y está requerido en cinco procesos del Birno. Y el jefe de operaciones, el teniente Hernán Angarita Reyes, investigado por el asesinato de dos jóvenes, en 2007, en el municipio de Maní (Casanare).

Un militar le contó a la Fiscalía en 2015: “En los programas radiales, mi coronel Acosta decía que los pelotones tenían que dar resultados porque se estaban dedicando a ‘podrir víveres’, o sea, consumir alimentos y no dar ningún resultado”. Asimismo, en una diligencia judicial que se hizo al Batallón, la Fiscalía encontró un cuaderno en el que consta que, en un programa de radio de enero de 2007, el coronel de la Brigada XVI, Jairo López Colunge, les dijo que desde la Brigada harían una evaluación trimestral en la que debían reportar “dos bandidos por mes”. Por estas supuestas presiones, la Fiscalía 134 de Derechos Humanos decidió llamarlo a hacer una declaración jurada el pasado 22 de agosto.

Según los relatos que algunos de los militares le hicieron a la Fiscalía, la función que estos altos oficiales habrían ejercido en los crímenes no se limitaba a presionar por bajas, también tomaban parte activa en los mismos. En una indagatoria de 2015, un militar señaló: “Lo único que sé es que la gente del S2 (inteligencia del batallón) se encargaba de conseguir la gente, ordenados por el teniente Cómbita. (…) El S2 hacía todo, los anexos de inteligencia y ellos cuadraban sus informaciones”. Otros militares que se acogieron a sentencia anticipada apuntaron el dedo en la misma dirección: hacia el jefe de inteligencia, César Augusto Cómbita. Uno incluso señaló que Cómbita andaba con paramilitares, quienes lo llamaban alias Camilo.

Según lo dicho por al menos ocho militares en el proceso que se lleva por los asesinatos de dos artesanos de Yopal, Kemel Arteaga y Andrés Garzón, nunca fue claro quién disparaba el gatillo contra las víctimas, así como tampoco se ha podido establecer cómo llegaban las víctimas hacia las apartadas veredas donde eran asesinadas. En el caso de los dos artesanos, familiares y amigos declararon haber visto cómo fueron subidos a una camioneta gris en la noche del 27 de marzo de 2007. Ambos estaban bajo efectos de sustancias psicoactivas y embriagados.

Asimismo, un militar declaró en otro proceso que el teniente Gustavo Parada Cuéllar –el segundo al mando en la sección de inteligencia del Batallón– supuestamente “reclutó” a dos hombres en el municipio de Aguazul, donde los habría embriagado y posteriormente subido en una camioneta, también gris, en la que fueron trasladados hasta una finca en el sector de Cuernavaca, donde, más tarde ese día, fueron declarados como muertos en combate. Según declaró el mismo César Augusto Cómbita, los lugares en que se simulaban los combates eran sitios “donde se tenía información veraz de presencia de grupos armados al margen de la ley”.

Ese militar, al ver que toda la culpa comenzaba a caer sobre sus hombros, señaló en indagatoria que quienes integraban los grupos especiales en cada municipio eran los encargados de “reclutar o jalar gente para posteriormente presentarlos como muertos en combate”. No es claro quiénes disparaban. Los militares implicados señalaron que eran él, Cómbita Eslava, o sus ayudantes de inteligencia, el teniente Parada Cuéllar o el sargento Hugo Guzmán Pistala, quienes llamaban a los jefes de las patrullas para informarles que había listo “un trabajo”. Gustavo Parada y Hugo Guzmán Pistala también están siendo investigados.

“Cómbita y Parada me dijeron que había que reportar a estos dos muertos”, dijo uno. “El teniente Cómbita Eslava, cuando nos acercábamos al Batallón o él iba al área donde nosotros nos encontrábamos, después de que sucedían los hechos, nos decía: ‘Tranquilos que todo ya está cuadrado; ustedes no se preocupen, simplemente declaren lo que tengan que declarar que por eso no hay ningún problema’ ”. Otros dos dijeron que, al final de sus felicitaciones, el militar siempre advertía que quienes no quisieran “llenarse de gloria” recordaran que en el batallón estaban todos los datos de sus familias.

Los pagos a los informantes cuya información servía para hacer los operativos también están en entredicho, pues se hacían desde inteligencia y, además, la Fiscalía encontró que en varios documentos había firmas falsificadas. Desde mediados de octubre, El Espectador intentó contactar a los abogados de algunos de los militares involucrados, especialmente los defensores de Cómbita y Parada Cuéllar, pero ninguno de ellos dio respuesta a las solicitudes de este diario. En indagatoria, quien fue el jefe de inteligencia del Batallón n.° 44, entre 2006 y 2008, Cómbita, dijo que las declaraciones de los soldados estaban “amañadas en su contra”.

Aun así, en esa misma audiencia, el capitán Cómbita soltó una frase que resume lo que significaron estos hechos en el Batallón Nonato Pérez: “No era un secreto para nadie que se estuvieran presentando muertes extrajudiciales. (…) En alguna ocasión, que di una baja, la contadora del Batallón me dijo: ‘Felicitaciones, mi teniente, por esas bajas que dio, pero no vaya a creer que yo no sé cómo las hace’”.