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                                                                                                                                  Radiografía del acceso a salud en las cárceles durante la pandemia

                                                                                                                                  El complicado esquema con el que se contrata en el sistema penitenciario ha llevado a que el Inpec advierta “falencias” en el servicio. A algunos médicos y enfermeras les deben sus salarios y en cinco cárceles no hay un solo profesional de la salud.

                                                                                                                                  Felipe Morales Sierra - @elmoral_es

                                                                                                                                  Familiares de internos de La Picota protestan exigiendo medidas para enfrentar el COVID-19 en las cárceles. / Mauricio Alvarado - El Espectador
                                                                                                                                  PUBLICIDAD

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                                                                                                                                  PUBLICIDAD

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                                                                                                                                  Según datos obtenidos por la ONG Temblores y la Fundación Friedrich-Ebert-Stiftung en Colombia (Fescol), el Inpec dispone de 512 enfermeras y auxiliares de enfermería en todo el país, para atender a los más de 117.000 personas privadas de la libertad que hay en los 132 centros de reclusión que custodia esta entidad. La situación se agrava en los centros de reclusión a los que ya llegó el COVID-19: La Picota, en Bogotá, reporta que cuenta con 13 profesionales de la salud; Las Heliconias, en Florencia (Caquetá) con siete; Leticia (Amazonas) con dos; Picaleña, en Ibagué, dice tener 15 y La Esperanza en Guaduas (Cundinamarca), 13.

                                                                                                                                  Read more!

                                                                                                                                  Es decir, una enfermera en una cárcel, en promedio, debe atender a 229 reclusos. Sin embargo, el Inpec omitió responderles a estas organizaciones cuántos profesionales de la salud hay en las cárceles de Mocoa (Putumayo), Titiribí (Antioquia), Roldanillo (Valle), y en la de mujeres de Pasto. Además, los datos deben ser mirados con lupa porque, en algunos penales, el personal de salud es contratado apenas por medio tiempo. Todo esto, según Cam López, vocero de Temblores, “demuestra que al interior de las cárceles no hay condiciones para tratar personas con complicaciones médicas, lo que los deja a su propia suerte”.

                                                                                                                                  (Le puede interesar: Así funcionará el decreto para descongestionar las cárceles)

                                                                                                                                  Datos obtenidos por Fescol y Temblores ONGGráfico El EspectadorEl tema se complejiza porque, además del Inpec, entran en juego otras dos entidades. En primer lugar, la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), que centraliza gran parte de la contratación de las cárceles. Esta, a su vez, subcontrata a la Fiduprevisora, para que administre los recursos de atención en salud de todos los presos de Colombia. Solo para el periodo comprendido entre el 31 de diciembre de 2019 y el 30 de mayo de este año, la Uspec le ha girado $18.365 millones a la fiduciaria, recursos que esta, a su vez, debe utilizar para contratar a las IPS que le prestan la atención a cada cárcel en terreno.

                                                                                                                                  (Lea también: El bus del Inpec que esparció el COVID-19 a tres cárceles del país)

                                                                                                                                  El director del Inpec, general Norberto Mujica, señaló en un documento enviado a la Secretaría de la Cámara de Representantes el pasado 30 de abril —al que tuvo acceso a este diario— que en todo este proceso han persistido las “falencias” y denunció que, por eso, en cinco penales del país en este momento no hay un solo profesional médico. “Pese a los requerimientos que desde el inicio de la problemática ha realizado el director del Inpec a la directora de la Uspec y al Consorcio Fiduciario encargado de la prestación del servicio de salud de los, persisten las múltiples falencias que complejizan la atención oportuna y adecuada de la emergencia sanitaria originada por el COVID-19”, dice el informe.

                                                                                                                                  Read more!
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                                                                                                                                  No ad for you

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                                                                                                                                  (Vea: Motín de marzo en La Modelo dejó 24 muertos, uno más de los que ha admitido el Inpec)

                                                                                                                                  No ad for you

                                                                                                                                  La Uspec contrató, por $288 millones, la instalación de 30 carpas medicalizadas para aislar y atender a los internos que sean diagnosticados con coronavirus. Una de estas carpas, aseguró el director del Inpec, será instalada en Villaviencio. Asimismo, esta semana contrató la dotación de estas. La entidad desembolsó $500 millones para comprar de manera directa y bajo la modalidad de monto agotable —básicamente, lo que alcance con el presupuesto— camillas, termómetros digitales, fonendoscopios, básculas, canecas, equipos para tomar signos vitales y otros elementos básicos para la atención médica a la distribuidora Suministros y Dotaciones Colombia S. A.

                                                                                                                                  Familiares de internos de La Picota protestan exigiendo medidas para enfrentar el COVID-19 en las cárceles. / Mauricio Alvarado - El Espectador
                                                                                                                                  PUBLICIDAD

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                                                                                                                                  PUBLICIDAD

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                                                                                                                                  Según datos obtenidos por la ONG Temblores y la Fundación Friedrich-Ebert-Stiftung en Colombia (Fescol), el Inpec dispone de 512 enfermeras y auxiliares de enfermería en todo el país, para atender a los más de 117.000 personas privadas de la libertad que hay en los 132 centros de reclusión que custodia esta entidad. La situación se agrava en los centros de reclusión a los que ya llegó el COVID-19: La Picota, en Bogotá, reporta que cuenta con 13 profesionales de la salud; Las Heliconias, en Florencia (Caquetá) con siete; Leticia (Amazonas) con dos; Picaleña, en Ibagué, dice tener 15 y La Esperanza en Guaduas (Cundinamarca), 13.

                                                                                                                                  Read more!

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                                                                                                                                  (Le puede interesar: Así funcionará el decreto para descongestionar las cárceles)

                                                                                                                                  Datos obtenidos por Fescol y Temblores ONGGráfico El EspectadorEl tema se complejiza porque, además del Inpec, entran en juego otras dos entidades. En primer lugar, la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), que centraliza gran parte de la contratación de las cárceles. Esta, a su vez, subcontrata a la Fiduprevisora, para que administre los recursos de atención en salud de todos los presos de Colombia. Solo para el periodo comprendido entre el 31 de diciembre de 2019 y el 30 de mayo de este año, la Uspec le ha girado $18.365 millones a la fiduciaria, recursos que esta, a su vez, debe utilizar para contratar a las IPS que le prestan la atención a cada cárcel en terreno.

                                                                                                                                  (Lea también: El bus del Inpec que esparció el COVID-19 a tres cárceles del país)

                                                                                                                                  El director del Inpec, general Norberto Mujica, señaló en un documento enviado a la Secretaría de la Cámara de Representantes el pasado 30 de abril —al que tuvo acceso a este diario— que en todo este proceso han persistido las “falencias” y denunció que, por eso, en cinco penales del país en este momento no hay un solo profesional médico. “Pese a los requerimientos que desde el inicio de la problemática ha realizado el director del Inpec a la directora de la Uspec y al Consorcio Fiduciario encargado de la prestación del servicio de salud de los, persisten las múltiples falencias que complejizan la atención oportuna y adecuada de la emergencia sanitaria originada por el COVID-19”, dice el informe.

                                                                                                                                  Read more!
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                                                                                                                                  No ad for you

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                                                                                                                                  (Vea: Motín de marzo en La Modelo dejó 24 muertos, uno más de los que ha admitido el Inpec)

                                                                                                                                  No ad for you

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                                                                                                                                  Por Felipe Morales Sierra - @elmoral_es

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