El proceso contra la mujer detrás del gran despojo de tierras en el Urabá y Córdoba parce haber prendido motores. El pasado 10 de marzo la Fiscalía le dictó medida de aseguramiento a Sor Teresa Gómez –cuñada de los hermanos Castaño– por los hechos que rodearon el desplazamiento de más de 800 familias con el objetivo de consolidar el proyecto paramilitar en los años 90. Los campesinos fueron obligados por las autodefensas a vender sus predios a precios irrisorios y a firmar documentos falsos que luego eran acreditados por la Fundación para la Paz en Córdoba, más conocida como Funpazcor.
Y es que esta fundación se convirtió en fachada paramilitar a inicios de la década de los 90 cuando Fidel Castaño anunció la supuesta desmovilización de los grupos de autodefensas que se habían creado en los años 80 para combatir a las guerrillas. El 30 de julio de 1990 el mayor de los Castaño envió un comunicado en el que advertía: “Aparentemente el Gobierno y el EPL ven en nosotros un obstáculo insalvable para llevar por buen camino las negociaciones del proceso de diálogo que conduzca a la paz (…) hemos resulto entrar nosotros también en un proceso de desarticulación ya que a partir de ese instante no existe motivo para mantener nuestra presencia en Córdoba”.
Funpazcor se creó el 14 de noviembre con el ‘ideal’ de “procurar la igualdad social de los habitantes de Córdoba por medio de donaciones de tierras y asistencia técnica gratuita dentro de las normas legales, católicas y democráticas, y mediante el desarrollo de la acción social”. El patrimonio con el que se le dio vida fue una donación de dinero en efectivo que hicieron los hermanos Castaño por $700 millones, supuestamente, producto de la venta del ganado que existía en las tierras que iban a ser entregada a los campesinos. Como representante legal quedó Sor Teresa y, en un intento de darle legalidad y credibilidad a la fundación, las oficinas las pusieron en Montería (Córdoba) al lado del comando de Policía del departamento.
La fachada de Funpazcor era perfecta para consolidar el plan criminal de los hermanos Castaño: captar la mayor parte del territorio en Córdoba y el Urabá para fortalecer económicamente y militarmente a los paramilitares. Grandes extensiones de tierra que siempre estuvieron en las manos de la Casa Castaño, permitieron afianzar el proyecto ganadero de las autodefensas y manejar las rutas del narcotráfico que salían por el Golfo de Urabá. Para conseguir el objetivo se le dio la orden a Sor Teresa crear un programa social ficticio llamado “Programa de Reforma Agraria, Vivienda y Educación para los Campesinos”.
Fue entonces cuando inició la masiva entrega de predios entre dos y 11 hectáreas –algunos llegaban a ser de 50– a distintas familias de Córdoba. Los hermanos Castaño habían destinado más de 13 fincas ubicadas en los municipios de Valencia (Córdoba) y Montería: Cedro Cocido, Jaraguay, Roma, Las Tangas, Santa paula, Arquia, Betulia, Volador, Pasto Revuelto Palma Sola, Nueva Esperanza, Santa Mónica y El Torno. Estas acciones permitieron a Fidel Castaño ocultar varios inmuebles y propiedades ya que, “lo que anunció en la reforma agraria no fue más que una falacia toda vez que algunas tierras fueron escrituradas más no entregadas a los campesinos y siguieron siendo administradas por el clan Castaño”, según se lee en la medida de aseguramiento contra Sor teresa.
El papel de esta mujer fue determinante, al punto que a través de amenazas se ganó el respeto en la región. Al frente de Funpazcor logró darle una fuente de ingresos a los paramilitares. Después de que Carlos Castaño se diera a la tarea de recuperar los terrenos cedidos, Sor Teresa inició la campaña de intimidación, al punto que llegó a obligó a los campesinos a vender las tierras que les habían otorgado legalmente a un millón de pesos la hectárea. Es decir, ocho veces menos de su precio real. En distintos testimonios, las víctimas manifestaron que en diferentes reuniones el excomandante paramilitar Jesús Ignacio Roldan, alias ‘Mono Leche’, yerno de Gómez, fue el encargado de advertirles que si no vendían, los asesinaban.
Una de las principales estrategias que utilizó Sor Teresa fue asociarse con distintos funcionarios públicos y notarios para legalizar las tierras arrebatadas a los campesinos y así, ponerlas a nombre de testaferros. Para la Fiscalía, el acudir a figuras jurídicas como la donación y la creación de varias fundaciones tenía como propósito distraer a las autoridades para que no encontraran los bienes y propiedades de los hermanos Castaño. De esta manera, Sor Teresa habría utilizado a los campesinos en un instrumento para ocultar bienes. Así lo hizo en Funpazcor y en Asoprobeba (Asociación de Productores Agrícolas de Belén de Bajirá), la fundación que utilizó años después para despojar tierras en el Urabá antioqueño y chocoano.
En el proceso de investigación la fiscalía cruzó bases de datos en la Superintendencia de Notariado y registro para evidenciar cómo Funpazcor compró y arrebató los terrenos de los campesinos y los puso a nombres de terceros que servían como testaferros de los paramilitares. Son 1.092 documentos, entre registros de notariado y contratos de compra y venta, en poder de las autoridades que, al parecer, evidencian el despojo de tierras en Córdoba. Igualmente Sor Teresa es procesada por la desaparición de siete personas a finales de los 80, ya que según el ente investigador, a pesar de que ella no fue quien los desapareció, está práctica provocó “zozobra en la población” porque mostraban que las amenazas de Funpazcor se podían concretar.
Cabe recordar que en estos momentos Sor Teresa, de 52 años, paga una condena a 40 años de prisión por el homicidio de la líder campesina Yolanda Izquierdo Berrío, quien fue asesinada en 2007 mientras adelantaba procesos de restitución de tierras. El proceso actual contra la llamada reina del despojo de tierras y por el cual le dictaron medida de aseguramiento es por los delitos de concierto para delinquir, desplazamiento forzado, desaparición forzada, falsedad en documento público y fraude procesal.