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Cuando se firmó el contrato para la construcción de Fase 1 de la megabiblioteca en la Institución Educativa Distrital San Pedro Alejandrino de Santa Marta, todos creían que a los cinco meses se iba a cortar el listón. Lo que iba a empezar y terminar en 2015, fue todo un dolor de cabeza gracias a los retrasos del contratista Megainstituciones, el cual recién entregó su parte del proyecto en 2019. Por su presunta omisión durante el largo proceso de construcción, fue llamado a juicio disciplinario el exalcalde de Santa Marta, Rafael Alejandro Martínez (2016-2019).
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La Procuraduría acaba de formular pliego de cargos contra Martínez y su gerente de proyectos de infraestructura, Sander Alfonso Rodríguez. A ambos se les señala por la conducta de omisión, en faltas consideradas gravísimas. En conclusión, el Ministerio Público los llamó a juicio por, al parecer, quedarse de brazos cruzados mientras el contratista fallaba una y otra vez en la entrega de la Fase 1 de la megabiblioteca. Ahora, la Procuraduría delimitará si son sancionados con inhabilidad para ejercer cargos públicos.
El contrato para la Fase 1 se firmó por $10.044 millones en 2014, fijando como fecha de inicio el 23 de febrero de 2015. Dentro de las clausulas estaba que en caso de incumplimiento parcial de Megainstituciones, la alcaldía de Santa Marta podía sancionarlo con multas por el 1% del valor total del acuerdo. También con un 10% por incumplimiento de las obligaciones del contrato, sin embargo, al parecer ni Martínez ni Rodríguez habrían pujado para que Megainstituciones terminara lo que se comprometió a hacer en cinco meses. De hecho, hay registro de prórrogas y de al menos siete otrosíes durante el proceso.
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Justamente, en el otrosí 6 del contrato, el exalcalde Martínez firmó que la Fase 1 de la obra iba a terminar el 31 de julio de 2017. Sin embargo, con el tiempo, el interventor Ingeniería de Proyectos SAS advirtió que para esa fecha nada iba a estar en pie. Por ejemplo, para marzo de 2016 la obra estaba en un 43% de la ejecución. En agosto de ese año, la interventoría señaló que se presentaba un incumplimiento grave, pues a pesar de que se había pasado la fecha final, y los recursos estaban ejecutados en un 70%, el avance material no superaba el 22%.
“(…) Por lo anterior, y los continuos incumplimientos de algunos apartes de la Cláusula Quinta ‘Obligaciones del Contratista’, estipulada en el contrato de obra, la Interventoría hace énfasis en que la entidad Contratante inicie y/o continúe con acciones de manera inmediata que conlleven a la aplicación de multas y/o sanciones de acuerdo a lo establecido en las Cláusulas Décima Segunda, Décima Tercera, Décima Novena y demás que se indiquen en el Contrato de referencia”, explicó la Interventoría en julio de 2017.
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Se le reprocha al exalcalde Martínez que presuntamente no hizo nada ante las irregularidades presentadas. Fue llamado a juicio por, al parecer, no sancionar a Megainstituciones, a pesar de que la interventoría señaló en distintos documentos los retrasos presentados. Su gerente de proyectos de infraestructura, Rodríguez, fue llamado a juicio en su condición de supervisor del contrato. Presuntamente, falló en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico del acuerdo.
Bajo el mismo expediente estaban referenciados el exalcalde de Santa Marta Carlos Caicedo (2012-2015), antecesor de Martínez, y su exgerente de proyectos de infraestructura, Pablo José Lacouture. Sin embargo, la Procuraduría encontró que sí obraron en su posición de garantes al advertir que sancionarían a Megainstituciones si no cumplían. Incluso, Caicedo en una resolución de octubre de 2015 declaró el incumplimiento parcial del contrato, por parte de las empresas del consorcio: Construmarc Ltda, Valco Constructores Ltda y Rafael Bejarano Gualdrón. Así las cosas, Martínez y Rodríguez deberán demostrar en juicio su inocencia, o podrán ser sancionados con inhabilidad para ocupar cargos públicos.
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