El 16 de octubre de 2022, hace exactamente un año, la voz más fuerte del periodismo independiente en Córdoba fue callada. Sicarios en moto llegaron a “Rafo Parrilla”, donde balearon sin compasión al periodista y defensor de derechos humanos, Rafael Emiro Moreno, en el municipio de Montelíbano. Se trataba del director de Voces de Córdoba, un medio de comunicación asentado en redes sociales y con más de 40.000 seguidores, a quienes se les comunicaba constantemente opiniones sin filtro e investigaciones que involucraron a poderosas familias y líderes políticos regionales. Aunque la Comisión Interamericana de Derechos Humanos exigió una investigación fuerte, un año después, la Fiscalía no reporta un solo resultado.
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Los motivos del asesinato de Moreno están ocultos. Sin embargo, sus investigaciones siguen con vida, dado que, antes del crimen, acudió a la organización francesa Forbidden Stories, encargada de desarrollar el trabajo de periodistas asesinados, encarcelados o amenazados. Desde entonces, un consorcio denominado Proyecto Rafael, del que hace parte El Espectador, así como colegas de 32 medios de 24 países, se ha dedicado a atar los cabos que Moreno encontró. Por ejemplo, una investigación publicada en abril pasado detalló, a partir de las pesquisas de Moreno, que un hijo del exalcalde de Puerto Libertador (Córdoba), Espedito Duque, tuvo un proceso de violencia sexual, el cual presuntamente fue callado con contratos públicos que favorecieron al fiscal asignado para el caso.
La Fiscalía es, justamente, la institución que debe entregar resultados por el asesinato de Moreno. Aunque todavía no logra una sola captura, este consorcio conoció detalles de lo que ha pasado hasta el momento. Para empezar, el caso está en manos de un fiscal especializado, dado que desde el principio, la entidad consideró que el crimen obedece a la condición de periodista de Moreno. Sus seguidores recordarán que él mismo iba a los lugares de interés y explicaba cómo los recursos de los cordobeses parecían ocultarse a cuentagotas en los bolsillos de grandes empresarios o políticos. O cómo, incluso, alertaba por asesinatos atribuidos al Clan del Golfo, el grupo criminal y narcotraficante con mayor presencia en el país (326 municipios) y que ha hecho de Córdoba uno de sus bastiones.
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El consorcio encontró, con base en información recolectada en terreno, que hay dos caminos que van tomando fuerza sobre lo que pasó en este crimen: el primero, que el Clan del Golfo lo ordenó. A la Unidad Nacional de Protección (UNP), la entidad que protege a los ciudadanos en riesgo en el país, Rafael Moreno ya le había alertado que un “sector” de ese grupo estaba molesto con él, porque en el pasado fue interlocutor entre esa organización criminal y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. Además, porque fue amenazado tras opinar sobre un asesinato atribuido a un criminal de alias “Mico” en 2021 ; y el segundo, dada su condición de curador del manejo fiscal de su municipio e investigador de los clanes políticos, la respuesta podría estar en un criminal de “cuello blanco”, como se les dice a los poderosos y a los funcionarios públicos.
A Moreno, para contextualizar, no le temblaba la voz para ligar a los clanes políticos más poderosos de la región con irregularidades. “En este momento, tenemos una investigación muy rigurosa, y hemos tenido muchos inconvenientes. Sobre casi un modus operandi en que las administraciones públicas, los contratistas y los consorcios utilizan los materiales de las cuencas hídricas sin ningún tipo de permiso, ni ambiental, ni territorial o fiscal, o de ninguna clase”, alertó Rafael Moreno a Forbidden Stories una semana antes de su asesinato. El periodista tenía pistas de que, según sus indagaciones, este tipo de prácticas eran presuntamente realizadas en el río cordobés de Uré por la poderosa familia Calle, quienes tienen a Gabriel Calle en carrera por la Gobernación de Córdoba, y al liberal Andrés Calle deliberando en el Congreso.
El hecho de que el caso de Moreno se le haya encargado a un fiscal especializado, quien está en Medellín, ofrece mayores posibilidades de dar con los responsables, dado que sus decisiones tienen prioridad en la institución. Además, es más fácil que le aprueben los recursos propios de la entidad, como herramientas de policía judicial para armar el rompecabezas. Según la Fiscalía, se tiene muy adelantada la revisión de los videos de aquel 16 de octubre, por lo cual, en los próximos días, se esperan las primeras capturas. Sin embargo, fuentes cercanas al proceso le explicaron a este consorcio que la identificación de los autores, tanto materiales como intelectuales, ha sido una tarea titánica por la “ley del silencio” que el Clan del Golfo ha establecido en la región.
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Según la última alerta temprana de la Defensoría del Pueblo, sobre el riesgo de defensores de derechos humanos y líderes sociales, una categoría en la que está Moreno, Córdoba es uno de los departamentos con más municipios en peligro: un total de 30. Puerto Libertador, el hogar de Moreno, está en esa lista, así como municipios cercanos como Montelíbano, Tierralta, San José de Uré y Planeta Rica, los ejes de sus investigaciones periodísticas. Un estudio preliminar de la Defensoría documentó que esa región está ubicada justo al interior de dos corredores de narcotráfico: el que de Venezuela conduce al Urabá; y el que del Bajo Cauca antioqueño conduce a la Costa Caribe. Además, Puerto Libertador está cerca de operaciones de minería ilegal y escondites clave como el Nudo de Paramillo.
Uno de los bloques del Clan del Golfo es el “Pacificadores de Córdoba y Bajo Cauca”. Según la Defensoría, “se integra por individuos que visten de civil en los cascos urbanos, centros poblados y ejes viales, y se encargan de la vigilancia de los movimientos de la Fuerza Pública, del control de la población, del cobro de las exacciones forzadas y de la administración de la violencia a través de la amenaza, atentados con artefactos explosivos, señalamientos de posibles víctimas y la logística para la actuación de su red de sicarios”. Tal es su peligrosidad, que, desde 2019, la Defensoría le recomendó a la UNP, en coordinación con las alcaldías de esos municipios, una estrategia para identificar a los líderes sociales en riesgo, para protegerlos y prevenir cualquier situación de amenaza en su contra.
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Para esa fecha, Rafael Moreno ya había alertado a la UNP que, por lo menos desde 2011, venía siendo amenazado. La primera vez que sicarios en moto lo intimidaron, le dijeron que se callara en sus denuncias por trashumancia masiva de votos en Puerto Libertador. Es decir, cuando ciudadanos de otros municipios votan en elecciones que no les corresponden. Por ello, desde 2017, Rafael Moreno contaba con un escolta, un chaleco blindado y un botón de pánico. Esto, sin embargo, no evitó que fuera perseguido por motorizados, quienes estuvieron a punto de asesinarlo ese año en la vereda cercana a la mina El Alacrán, en Puerto Libertador. Ese día, el arma no dio fuego. Al tiempo, Voces de Córdoba se posicionó y arreciaron las amenazas por teléfono y redes sociales en contra del periodista.
En abril de 2021, la UNP adoptó recomendaciones de despachos internos y no aumentó la seguridad de Rafael Moreno, a pesar de que la Fiscalía reportó que, desde 2020, cursaban varias denuncias activas por amenazas. “No existen elementos que validen la existencia de una amenaza reciente en contra del evaluado que le genere afectación a sus derechos”, concluyó en su momento la UNP, la cual hizo actividades de campo y consultó a autoridades locales, entre ellas la Alcaldía de Puerto Libertador, la Policía de Montelíbano y la Secretaría del Interior de Córdoba. Moreno, entonces, insistió en que se fortaleciera su esquema de seguridad. Explicó que le parecía un contrasentido que la UNP se basara en información de autoridades locales, si estas ya habían sido denunciadas por corrupción.
“Las denuncias que he realizado afectan a funcionarios de la Alcaldía de Puerto Libertador y, por lo tanto, han negado información a los evaluadores de riesgos. Resulta contraproducente que se le solicite información al secretario de Gobierno, a quien he denunciado por hechos de corrupción. Como también al Personero, a quien le he cuestionado su selección para ostentar el cargo”, alertó la víctima, en mayo de 2021. A pesar de ello, tres meses después, la entidad se negó a fortalecer su esquema, citando a la Corte Constitucional: “Se exige que la amenaza sea real, en el sentido de que haya sido comunicada o manifestada a la víctima y pueda ser convalidada objetivamente. Esto implica que no debe tratarse de un temor individual frente a una situación hipotética, pues los riesgos imaginarios no son amparables”.
Finalmente, el 5 de agosto de 2021, la UNP adoptó las medidas que consideró necesarias y ofreció un hombre de protección, un chaleco antibalas y un botón de apoyo, al menos, por un año. Con esas garantías que le brindó el Estado, el 16 de octubre de 2022 mataron a Rafael Moreno. A pesar de que denunció varias veces en la Fiscalía de que tenía una diana en la cabeza, lo mataron. Según la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip), en 2022 los periodistas de Córdoba reportaron 22 hechos violentos. Los comunicadores denunciaron amenazas de muerte en 17 oportunidades, un periodista se desplazó y otro fue hostigado directamente. 2023 luce igual de aterrador para la libertad de prensa, pues ya se reportó el exilio de Yamir Pico, periodista y primo de Rafael Moreno, así como tres nuevas amenazas contra reporteros de la región.
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Angela Caro, coordinadora legal de la Flip, concluye que, si Colombia no sanciona los casos denunciados por los mismos periodistas, el ciclo de la violencia contra la prensa no tendrá fin. “Rafael Moreno había denunciado una serie de amenazas, las cuales no fueron investigadas y sancionadas de manera diligente por parte de la Fiscalía. Esto perduró hasta que se configuró su asesinato. Y, con posterioridad al crimen, la Flip ha documentado cómo esta violencia contra la prensa en Córdoba, se ha mantenido y cómo la Fiscalía sigue sin investigar ese fenómeno violento que enfrentan los periodistas. Si el Estado no brinda esa garantía para el ejercicio del trabajo periodístico, seguirá promoviéndose la autocensura y tendremos unas zonas silenciadas para ejercer la labor”, agregó la abogada.
De Rafael Moreno están documentadas las veces que denunció amenazas ante la Fiscalía y la insistencia con que le exigió a la UNP asignarle un esquema de seguridad suficiente. Su trabajo periodístico, ahora en poder del consorcio de Forbbiden Stories, ha sido y será desplegado nacional e internacionalmente, en procura de que haga eco en las instituciones de justicia. Un año después de su homicidio, la investigación sigue en las etapas preliminares, pero el objetivo fundamental de la Fiscalía es dar con quiénes determinaron la muerte de la voz contundente de Córdoba. “Si me van a matar, mátenme. Pero no me van a silenciar”, dijo Moreno ante de su muerte. A manera de premonición, ambas frases se han cumplido: su asesinato cumple un año, pero su trabajo sigue vigente en páginas como esta.
Periodistas de Forbidden Stories, Cuestión Pública, Clip, El País y otros medios contribuyeron con este artículo.
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