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El exalcalde de Cúcuta Ramiro Suárez Corzo se juega la que podría ser su última carta para que lo acepte la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Su defensa impugnó una tutela que había perdido a finales de noviembre y que confirmaba que, por ahora, el político nortesantandereano condenado por vínculos con paramilitares no podría entrar a esa justicia. Según el documento, los magistrados que tomaron esa decisión no tuvieron en cuenta un documento que había radicado su defensa y que ahora no aparece en el expediente.
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“¿Por qué no revisar un documento en el cual se hacen sindicaciones directas al hoy embajador de Colombia en Paraguay, entre otros funcionarios públicos de relevancia?”, denunció su abogado en un escrito de tutela. Se refiere a Juan Manuel Corzo, a quien Ramiro Suárez ha acusado de tener vínculos con paramilitares. De hecho, el exalcalde Suárez le ofreció a la JEP hablar de él y de otros poderosos de Norte de Santander, y presentó un plan para reparar a sus víctimas, que incluía una suma de dinero y la entrega un lote a las familias afectadas por el homicidio por el que fue condenado. Pero ese documento, al parecer, se extravió.
La pelea de Suárez Corzo con la JEP viene desde marzo de 2021, cuando la Sección de Apelación le cerró la puerta. Los agentes del Estado distintos a militares y policías deben aportar información que ayude a la construcción de la verdad por encima de lo que se conoce en expedientes judiciales. Según esa decisión, “un aporte de verdad que trascienda lo establecido en la justicia ordinaria tendría que develar este entramado de corrupción y de criminalidad, pero Suárez Corzo no mencionó nada de ello en el trámite de su solicitud ante la JEP”.
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Es decir, que no habría entregado lo que la JEP llama un “compromiso definitivo, claro, concreto” de aporte a la verdad. La defensa de Ramiro Suárez interpuso una tutela contra esa decisión, pues aseguran que sí lo presentaron. Sin embargo, la Sección de Revisión volvió a fallar en contra del exalcalde a finales de noviembre pasado. Según los magistrados, la tutela no era el mecanismo procedente para definir el asunto. “Es evidente que el actor pasó por alto los mecanismos ordinarios y preferentes para lograr el restablecimiento de la garantía fundamental que invoca”.
Pero la defensa de Ramiro Suárez, en cabeza del abogado Andrés Garzón, considera que sí. Por eso impugnó ese fallo de tutela en un recurso en el que, además, adjunta certificación de que le envió a los magistrados el compromiso de verdad del exalcalde de Cúcuta. “Es evidente que el magistrado sustanciador nunca se preocupó por buscar el nuevo compromiso, ni siquiera comprobó su existencia”, denunció el defensor en la tutela, que ahora debe resolver otra sala de la JEP.
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La queja del abogado Garzón va más allá, pues el compromiso no solo no habría sido estudiado por los magistrados, sino que ahora tampoco aparece en el expediente. “Con lo cual es imposible que la Sección de Apelación lo hubiera revisado, y menos la decisión de primera instancia que resuelve la solicitud de amparo constitucional lo hubiese revisado, lo cual era necesario para resolver la petición de amparo”, escribió en la tutela. Los magistrados tendrán que determinar si a Ramiro Suárez se le ha vulnerado algún derecho en su proceso en la JEP o si es que el exalcalde de Cúcuta ya no tiene ninguna cabida en esa jurisdicción.
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