Reabren proceso contra Francisco Santos

El vicefiscal (e), Fernando Pareja, revocó una decisión judicial que desde septiembre de 2008 favorecía al vicepresidente de la República, Francisco Santos Calderón, y determinó que cabe seguir indagando su conducta respecto a declaraciones proferidas por el extraditado jefe paramilitar Salvatore Mancuso, según las cuales Santos se reunió varias veces con miembros de las autodefensas entre 1996 y 1997 y, supuestamente, les sugirió la creación del bloque Capital.

El origen de esta investigación data de una declaración realizada por Salvatore Mancuso en mayo de 2007, cuando comenzó a participar en versiones libres en la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía. Mancuso sostuvo que la primera de esas reuniones con Francisco Santos se realizó en la vereda El Volador, del municipio de Tierralta (Córdoba), a finales de 1996 o principios de 1997 y, según relató, le sorprendió su receptividad al modelo de la organización paramilitar.

“Nos manifestó su interés porque las autodefensas algún día pudieran replicar ese modelo en Bogotá, pues veían con preocupación los círculos capitalinos el avance de la guerrilla, cómo venía sitiando la capital colombiana, el cual no se podía permitir porque se podría ver afectada la democracia”, declaró Mancuso, quien afirmó en esa ocasión que Santos declinó la propuesta de comandar el bloque Capital, “por sentir que era una responsabilidad que no debía asumir”.

De igual modo, en su momento Mancuso habló de otros encuentros más con Francisco Santos. Una, en la sede del periódico El Tiempo; otra en la casa de la familia Gnecco Cerchar, en el barrio Novalito de la ciudad de Valledupar (Cesar); una tercera en el campamento de Carlos Castaño, con presencia de éste y de Freddy Rendón (El Alemán), comandante del bloque Élmer Cárdenas, y una última en el restaurante Carbón de Palo en Bogotá, con Rodrigo Tovar, alias Jorge 40.

La Unidad Delegada ante la Corte Suprema de Justicia asumió la investigación del caso, y dispuso que en su sentir quedaba desvirtuada cualquier connivencia entre el vicepresidente Santos Calderón y los grupos de autodefensa, pues las reuniones y acercamientos se habían dado “dentro del marco propio de su actividad como periodista, vocero de las víctimas del conflicto armado, en particular de los secuestrados, y por su condición de director de la fundación País Libre.

Así mismo, para tomar su decisión, la Fiscalía recibió la declaración de varios periodistas de El Tiempo, quienes confirmaron que el encuentro en el diario obedeció a la necesidad de entrar en contacto con diferentes actores armados, en desarrollo de las funciones de la unidad de paz creada en la redacción. Otros testimonios ratificaron las labores de Francisco Santos al frente de la fundación País Libre, así como su condición de promotor del “mandato nacional por la paz, la vida y la libertad”.

Bajo estas consideraciones, la Fiscalía concluyó que Francisco Santos en todo momento había actuado como periodista y vocero de un sector de la sociedad civil, y que “no tenía la capacidad de influir en una decisión estratégica del grupo armado ilegal. Por el contrario, concluyó la Fiscalía en esa época, la creación del bloque Capital de las autodefensas en 1999 obedeció a razones de estrategia político-militar, definida por la comandancia de la organización armada ilegal.

Estas conclusiones quedaron sintetizadas en una resolución inhibitoria en favor del vicepresidente de la República, Santos Calderón. Sin embargo, la Comisión Colombiana de Juristas en calidad de parte civil como actor popular, decidió apelarla, argumentando básicamente que la actividad probatoria desplegada por la Fiscalía había sido “ostensiblemente exigua” y que ni siquiera se practicaron múltiples pruebas decretadas por el organismo investigador.

En su impugnación, la Comisión Colombiana de Juristas manifestó que “la Fiscalía redujo el objeto de la investigación a verificar si Francisco Santos le habría dicho a Carlos Castaño algo sobre la creación del bloque Capital en Bogotá”. Es decir, agregó el organismo, que “no efectuó todas las gestiones tendientes a investigar, de manera seria, eficiente, exhaustiva y detallada, los hechos informados por Salvatore Mancuso en su versión libre”.

El documento de la Comisión Colombiana de Juristas cuestionó que Santos ni siquiera hubiera sido llamado a rendir una declaración en el proceso y, tras evaluar el impacto que produjo el accionar del denominado bloque Capital a partir de 1999, concluyó que el auto inhibitorio no había sido más que “una elaboración intelectual sin ningún respaldo probatorio concreto, al punto que el fiscal ni siquiera conoció la versión del investigado”.

El lunes, el fiscal (e) Guillermo Mendoza Diago informó que el vicefiscal (e) Fernando Pareja decidió que era necesario aportarle más claridad al caso, razón por la cual revocó el auto inhibitorio y reabrió la investigación. Según Mendoza, la Fiscalía tenía tres opciones: confirmar el auto inhibitorio, revocarlo abriendo instrucción y llamando a indagatoria o revocarlo para ampliar la indagación preliminar. El vicefiscal optó por la tercera.

Al conocer la decisión de la Fiscalía, el vicepresidente Santos expidió una escueta declaración en la que resaltó su respeto a la decisión, aunque expresó su inconformismo de que no se le hubiera notificado oficialmente sino que se hubiera usado “la filtración para sembrar dudas” sobre su persona, su reputación y “la del Gobierno” que ha combatido con decisión al paramilitarismo y tiene a todos los jefes paramilitares en la cárcel.

Santos reclamó una investigación pronta y eficaz, a fin de que no se mantenga abierto un proceso para que sea utilizado políticamente por quienes tienen más interés en desprestigiar al Gobierno que en los derechos de las víctimas. Además, solicitó que se hagan públicas las declaraciones de Salvatore Mancuso y Freddy Rendón que permitieron proferir el auto inhibitorio, al tiempo que destacó que su vida como periodista y como vicepresidente ha sido pública.

El alto funcionario concluyó que nunca ha sido defensor ni amigo de narcotraficantes, paramilitares, guerrilleros o corruptos, que su compromiso ha sido con la verdad, las instituciones, la paz, la reconciliación, y los afectados por quienes usan la violencia, y que le duele y sorprende que quienes conocen su trayectoria y principios crean que pudo estar detrás de la conformación de un bloque paramilitar en cualquier parte del país.

El vicefiscal (e), Fernando Pareja, revocó una decisión judicial que desde septiembre de 2008 favorecía al vicepresidente de la República, Francisco Santos Calderón, y determinó que cabe seguir indagando su conducta respecto a declaraciones proferidas por el extraditado jefe paramilitar Salvatore Mancuso, según las cuales Santos se reunió varias veces con miembros de las autodefensas entre 1996 y 1997 y, supuestamente, les sugirió la creación del bloque Capital.

El origen de esta investigación data de una declaración realizada por Salvatore Mancuso en mayo de 2007, cuando comenzó a participar en versiones libres en la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía. Mancuso sostuvo que la primera de esas reuniones con Francisco Santos se realizó en la vereda El Volador, del municipio de Tierralta (Córdoba), a finales de 1996 o principios de 1997 y, según relató, le sorprendió su receptividad al modelo de la organización paramilitar.

“Nos manifestó su interés porque las autodefensas algún día pudieran replicar ese modelo en Bogotá, pues veían con preocupación los círculos capitalinos el avance de la guerrilla, cómo venía sitiando la capital colombiana, el cual no se podía permitir porque se podría ver afectada la democracia”, declaró Mancuso, quien afirmó en esa ocasión que Santos declinó la propuesta de comandar el bloque Capital, “por sentir que era una responsabilidad que no debía asumir”.

De igual modo, en su momento Mancuso habló de otros encuentros más con Francisco Santos. Una, en la sede del periódico El Tiempo; otra en la casa de la familia Gnecco Cerchar, en el barrio Novalito de la ciudad de Valledupar (Cesar); una tercera en el campamento de Carlos Castaño, con presencia de éste y de Freddy Rendón (El Alemán), comandante del bloque Élmer Cárdenas, y una última en el restaurante Carbón de Palo en Bogotá, con Rodrigo Tovar, alias Jorge 40.

La Unidad Delegada ante la Corte Suprema de Justicia asumió la investigación del caso, y dispuso que en su sentir quedaba desvirtuada cualquier connivencia entre el vicepresidente Santos Calderón y los grupos de autodefensa, pues las reuniones y acercamientos se habían dado “dentro del marco propio de su actividad como periodista, vocero de las víctimas del conflicto armado, en particular de los secuestrados, y por su condición de director de la fundación País Libre.

Así mismo, para tomar su decisión, la Fiscalía recibió la declaración de varios periodistas de El Tiempo, quienes confirmaron que el encuentro en el diario obedeció a la necesidad de entrar en contacto con diferentes actores armados, en desarrollo de las funciones de la unidad de paz creada en la redacción. Otros testimonios ratificaron las labores de Francisco Santos al frente de la fundación País Libre, así como su condición de promotor del “mandato nacional por la paz, la vida y la libertad”.

Bajo estas consideraciones, la Fiscalía concluyó que Francisco Santos en todo momento había actuado como periodista y vocero de un sector de la sociedad civil, y que “no tenía la capacidad de influir en una decisión estratégica del grupo armado ilegal. Por el contrario, concluyó la Fiscalía en esa época, la creación del bloque Capital de las autodefensas en 1999 obedeció a razones de estrategia político-militar, definida por la comandancia de la organización armada ilegal.

Estas conclusiones quedaron sintetizadas en una resolución inhibitoria en favor del vicepresidente de la República, Santos Calderón. Sin embargo, la Comisión Colombiana de Juristas en calidad de parte civil como actor popular, decidió apelarla, argumentando básicamente que la actividad probatoria desplegada por la Fiscalía había sido “ostensiblemente exigua” y que ni siquiera se practicaron múltiples pruebas decretadas por el organismo investigador.

En su impugnación, la Comisión Colombiana de Juristas manifestó que “la Fiscalía redujo el objeto de la investigación a verificar si Francisco Santos le habría dicho a Carlos Castaño algo sobre la creación del bloque Capital en Bogotá”. Es decir, agregó el organismo, que “no efectuó todas las gestiones tendientes a investigar, de manera seria, eficiente, exhaustiva y detallada, los hechos informados por Salvatore Mancuso en su versión libre”.

El documento de la Comisión Colombiana de Juristas cuestionó que Santos ni siquiera hubiera sido llamado a rendir una declaración en el proceso y, tras evaluar el impacto que produjo el accionar del denominado bloque Capital a partir de 1999, concluyó que el auto inhibitorio no había sido más que “una elaboración intelectual sin ningún respaldo probatorio concreto, al punto que el fiscal ni siquiera conoció la versión del investigado”.

El lunes, el fiscal (e) Guillermo Mendoza Diago informó que el vicefiscal (e) Fernando Pareja decidió que era necesario aportarle más claridad al caso, razón por la cual revocó el auto inhibitorio y reabrió la investigación. Según Mendoza, la Fiscalía tenía tres opciones: confirmar el auto inhibitorio, revocarlo abriendo instrucción y llamando a indagatoria o revocarlo para ampliar la indagación preliminar. El vicefiscal optó por la tercera.

Al conocer la decisión de la Fiscalía, el vicepresidente Santos expidió una escueta declaración en la que resaltó su respeto a la decisión, aunque expresó su inconformismo de que no se le hubiera notificado oficialmente sino que se hubiera usado “la filtración para sembrar dudas” sobre su persona, su reputación y “la del Gobierno” que ha combatido con decisión al paramilitarismo y tiene a todos los jefes paramilitares en la cárcel.

Santos reclamó una investigación pronta y eficaz, a fin de que no se mantenga abierto un proceso para que sea utilizado políticamente por quienes tienen más interés en desprestigiar al Gobierno que en los derechos de las víctimas. Además, solicitó que se hagan públicas las declaraciones de Salvatore Mancuso y Freddy Rendón que permitieron proferir el auto inhibitorio, al tiempo que destacó que su vida como periodista y como vicepresidente ha sido pública.

El alto funcionario concluyó que nunca ha sido defensor ni amigo de narcotraficantes, paramilitares, guerrilleros o corruptos, que su compromiso ha sido con la verdad, las instituciones, la paz, la reconciliación, y los afectados por quienes usan la violencia, y que le duele y sorprende que quienes conocen su trayectoria y principios crean que pudo estar detrás de la conformación de un bloque paramilitar en cualquier parte del país.