Rebajas de penas para abusadores de niños: una mirada crítica desde la academia

Desde hace un par de semanas, un grupo de activistas empezó a circular un documento por WhatsApp para recoger firmas en torno a una causa que consideran de máxima importancia. En este, expresan un claro rechazo a una propuesta del proyecto de reforma a la justicia e invita a “organizaciones de la sociedad civil y a mujeres lideresas del país a unir sus voces y sumar su firma en defensa de nuestros niños y niñas”. La crítica que se ha infiltrado en los celulares y en las redes sociales se enfoca en el artículo 7º del proyecto de reforma, que permitiría rebajas punitivas para delitos graves cometidos contra menores de edad, como el homicidio, las lesiones personales dolosas, los delitos sexuales y el secuestro.

En contexto: Fiscalía y Corte Suprema respaldaron propuesta de rebajas a delitos contra menores

Según se lee en el documento, esta medida no sólo vulneraría los derechos fundamentales de la niñez, sino que también envía un mensaje de impunidad frente a crímenes atroces, y por eso, es necesario rechazar cualquier medida que parezca suavizar las condenas para las personas que cometen estos delitos. Al final incluye las firmas de importantes ejecutivas como Sylvia Escobar, ex presidenta de Terpel; Claudia Sterling, vicepresidenta corporativa de FEMSA Salud; y Ligia Victoria Betancur, vicepresidenta de talento humano en Seguros Bolívar. También de personalidades como la periodista Claudia Palacios, la actriz Isabella Santodomingo y la apneísta Sofía Gómez Uribe. Así como de presidentas de reconocidas fundaciones como Catalina Escobar, de la Fundación Juanfe; Natalia Ponce de León, de la fundación que lleva su nombre; y Catalina Cock, de la Fundación Mi Sangre.

Otra de las firmantes es Cristina Plazas Michelsen, abogada, ex directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y defensora de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Según Plazas, la rebaja de penas no puede ser el resultado de la ineptitud, ineficacia y falta de voluntad política: “Pensemos en una niña de tres años que ha sido víctima de violación, a quien le han destrozado su sistema reproductivo. ¿Qué se va a negociar con los perpetradores de estos crímenes, sabiendo que en el 80% de los casos son familiares o personas cercanas? La justicia no puede ser un juego de concesiones; debe ser un compromiso firme con las víctimas y su protección.”

Le puede interesar: Rebajas en delitos contra menores: qué dicen los penalistas sobre esta propuesta

Plazas también enfatiza en la necesidad de abordar la protección de la niñez con mayor profundidad. “Antes de proponer medidas así, es necesario fortalecer las unidades especializadas en delitos contra menores de edad, capacitar a fiscales, jueces, defensores, comisarios de familia y defensores públicos, y asegurarnos de que los abogados no permitan que los defensores de violadores siempre logren salir impunes.” Eso sí, aunque asegura ser partidaria de la cadena perpetua para penalizar este tipo de delitos, aclara que es una solución superficial. “Nuestra política de protección a la niñez ha fracasado, y ese debería ser el tema de discusión.

El debate en torno a la reforma ha sido intenso, con posturas encontradas. Pero tanto la Fiscalía como la Corte Suprema de Justicia han expresado su apoyo a ciertos aspectos de la reforma, precisamente para evitar que los criminales se beneficien de las falencias del sistema. Señalan que un sistema colapsado y lento puede ser un obstáculo significativo para la justicia, manteniendo la impunidad. Algunos académicos también insisten que esta reforma podría contribuir a resolver problemas estructurales en el sistema judicial que requieren atención urgente, en lugar de perpetuar la situación actual.

Le puede interesar: Procuraduría rechaza rebaja de penas para agresores de menores en delitos sexuales

Norberto Hernández, profesor de derecho y tutor del semillero penitenciario de la Pontificia Universidad Javeriana, explica que la propuesta no busca favorecer a los victimarios, sino que tiene un fundamento funcional. “El hecho de que no haya rebajas de penas puede llevar a que muchos procesados no acepten los cargos, lo cual termina generando un efecto contrario al deseado: la impunidad”, y añade que los problemas del sistema judicial en Colombia, como la ineficacia en la recolección de pruebas o la lentitud en los procesos, pueden terminar beneficiando a los acusados si no se aceptan acuerdos: “Muchos procesos prescriben antes de que se haga justicia, y las víctimas sufren al no obtener una respuesta oportuna del sistema”.

Valentina Díaz, directora del Grupo de Prisiones de la Universidad de los Andes, reconoce que es normal que las personas entren en caos colectivo cuando se habla sobre la disminución de penas de este tipo de delitos y que apoyen masivamente propuestas como la cadena perpetua. Pero también asegura que el sistema judicial actual es ineficiente en estos casos: “En agosto de 2024, el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años representaba el 3,7 % de la población privada de la libertad, lo que equivale a 6.203 personas a nivel nacional. Esta cifra es mínima comparada con el volumen de denuncias y exámenes de Medicina Legal, lo que demuestra que el sistema no está persiguiendo eficazmente estos delitos.”

Lea: Cien congresistas piden eliminar artículo que reduciría penas a abusadores de menores

Para Díaz el enfoque de las posibles soluciones no debería estar en el aumento de las penas, sino en el fortalecimiento de la investigación y la mejora del proceso judicial. “La propuesta en torno a la aceptación de cargos y los preacuerdos puede aumentar la efectividad en las condenas y mejorar la prevención de delitos a largo plazo”, explica.

Hasta el momento de la publicación de este artículo, más de 252 personas habían firmado el documento que circula por WhatsApp. La idea es que los congresistas lo lean y, en palabras de Cristina Plazas, “voten a favor de la proposición que busca hacer justicia para las víctimas, quienes muchas veces quedan relegadas en la agenda pública por no representar un caudal electoral. Las víctimas merecen ser el centro de las decisiones, y no quedar a un lado por la falta de voluntad política o capacidad institucional”.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

Desde hace un par de semanas, un grupo de activistas empezó a circular un documento por WhatsApp para recoger firmas en torno a una causa que consideran de máxima importancia. En este, expresan un claro rechazo a una propuesta del proyecto de reforma a la justicia e invita a “organizaciones de la sociedad civil y a mujeres lideresas del país a unir sus voces y sumar su firma en defensa de nuestros niños y niñas”. La crítica que se ha infiltrado en los celulares y en las redes sociales se enfoca en el artículo 7º del proyecto de reforma, que permitiría rebajas punitivas para delitos graves cometidos contra menores de edad, como el homicidio, las lesiones personales dolosas, los delitos sexuales y el secuestro.

En contexto: Fiscalía y Corte Suprema respaldaron propuesta de rebajas a delitos contra menores

Según se lee en el documento, esta medida no sólo vulneraría los derechos fundamentales de la niñez, sino que también envía un mensaje de impunidad frente a crímenes atroces, y por eso, es necesario rechazar cualquier medida que parezca suavizar las condenas para las personas que cometen estos delitos. Al final incluye las firmas de importantes ejecutivas como Sylvia Escobar, ex presidenta de Terpel; Claudia Sterling, vicepresidenta corporativa de FEMSA Salud; y Ligia Victoria Betancur, vicepresidenta de talento humano en Seguros Bolívar. También de personalidades como la periodista Claudia Palacios, la actriz Isabella Santodomingo y la apneísta Sofía Gómez Uribe. Así como de presidentas de reconocidas fundaciones como Catalina Escobar, de la Fundación Juanfe; Natalia Ponce de León, de la fundación que lleva su nombre; y Catalina Cock, de la Fundación Mi Sangre.

Otra de las firmantes es Cristina Plazas Michelsen, abogada, ex directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y defensora de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Según Plazas, la rebaja de penas no puede ser el resultado de la ineptitud, ineficacia y falta de voluntad política: “Pensemos en una niña de tres años que ha sido víctima de violación, a quien le han destrozado su sistema reproductivo. ¿Qué se va a negociar con los perpetradores de estos crímenes, sabiendo que en el 80% de los casos son familiares o personas cercanas? La justicia no puede ser un juego de concesiones; debe ser un compromiso firme con las víctimas y su protección.”

Le puede interesar: Rebajas en delitos contra menores: qué dicen los penalistas sobre esta propuesta

Plazas también enfatiza en la necesidad de abordar la protección de la niñez con mayor profundidad. “Antes de proponer medidas así, es necesario fortalecer las unidades especializadas en delitos contra menores de edad, capacitar a fiscales, jueces, defensores, comisarios de familia y defensores públicos, y asegurarnos de que los abogados no permitan que los defensores de violadores siempre logren salir impunes.” Eso sí, aunque asegura ser partidaria de la cadena perpetua para penalizar este tipo de delitos, aclara que es una solución superficial. “Nuestra política de protección a la niñez ha fracasado, y ese debería ser el tema de discusión.

El debate en torno a la reforma ha sido intenso, con posturas encontradas. Pero tanto la Fiscalía como la Corte Suprema de Justicia han expresado su apoyo a ciertos aspectos de la reforma, precisamente para evitar que los criminales se beneficien de las falencias del sistema. Señalan que un sistema colapsado y lento puede ser un obstáculo significativo para la justicia, manteniendo la impunidad. Algunos académicos también insisten que esta reforma podría contribuir a resolver problemas estructurales en el sistema judicial que requieren atención urgente, en lugar de perpetuar la situación actual.

Le puede interesar: Procuraduría rechaza rebaja de penas para agresores de menores en delitos sexuales

Norberto Hernández, profesor de derecho y tutor del semillero penitenciario de la Pontificia Universidad Javeriana, explica que la propuesta no busca favorecer a los victimarios, sino que tiene un fundamento funcional. “El hecho de que no haya rebajas de penas puede llevar a que muchos procesados no acepten los cargos, lo cual termina generando un efecto contrario al deseado: la impunidad”, y añade que los problemas del sistema judicial en Colombia, como la ineficacia en la recolección de pruebas o la lentitud en los procesos, pueden terminar beneficiando a los acusados si no se aceptan acuerdos: “Muchos procesos prescriben antes de que se haga justicia, y las víctimas sufren al no obtener una respuesta oportuna del sistema”.

Valentina Díaz, directora del Grupo de Prisiones de la Universidad de los Andes, reconoce que es normal que las personas entren en caos colectivo cuando se habla sobre la disminución de penas de este tipo de delitos y que apoyen masivamente propuestas como la cadena perpetua. Pero también asegura que el sistema judicial actual es ineficiente en estos casos: “En agosto de 2024, el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años representaba el 3,7 % de la población privada de la libertad, lo que equivale a 6.203 personas a nivel nacional. Esta cifra es mínima comparada con el volumen de denuncias y exámenes de Medicina Legal, lo que demuestra que el sistema no está persiguiendo eficazmente estos delitos.”

Lea: Cien congresistas piden eliminar artículo que reduciría penas a abusadores de menores

Para Díaz el enfoque de las posibles soluciones no debería estar en el aumento de las penas, sino en el fortalecimiento de la investigación y la mejora del proceso judicial. “La propuesta en torno a la aceptación de cargos y los preacuerdos puede aumentar la efectividad en las condenas y mejorar la prevención de delitos a largo plazo”, explica.

Hasta el momento de la publicación de este artículo, más de 252 personas habían firmado el documento que circula por WhatsApp. La idea es que los congresistas lo lean y, en palabras de Cristina Plazas, “voten a favor de la proposición que busca hacer justicia para las víctimas, quienes muchas veces quedan relegadas en la agenda pública por no representar un caudal electoral. Las víctimas merecen ser el centro de las decisiones, y no quedar a un lado por la falta de voluntad política o capacidad institucional”.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.