Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
La fiscal general Luz Adriana Camargo y el presidente de la Corte Suprema de Justicia, el magistrado Gerson Chaverra, entregaron detalles del borrador del primer proyecto de reforma a la justicia del actual gobierno, que pronto llegará al Congreso. De acuerdo con las palabras de los funcionarios, esta cirugía al sistema judicial penal buscará hacer de la justicia un mecanismo más rápido y expedito, eliminando las trabas que no permiten los acuerdos con los investigados y, asimismo, comprometiendo a los procesados a reparar integralmente a las víctimas.
Entre los ajustes propuestos por el ente investigador y el alto tribunal llama la atención un cambio directo al Código de Infancia y Adolescencia, respecto a los delitos contra menores de edad. Según la normativa actual, no proceden rebajas de penas contra investigados por delitos relacionados con el secuestro, la integridad sexual, los homicidios y las lesiones personales cometidos de manera culposa, es decir, sin intención plena de causar daño a los menores. No obstante, como lo confirmó el presidente de la Corte Suprema de Justicia, el magistrado Gerson Chaverra, aunque sí habrá rebaja de penas para este tipo de delincuentes, el descuento será únicamente de “la mitad de la mitad de lo que se da para otros casos”.
Qué dicen los penalistas sobre la propuesta
Este diario contactó a varios abogados penalistas para conocer la efectivad (o no) de esta figura. Por ejemplo, para Iván Cancino, abogado y docente de la Corporación Universitaria Republicana, “no hay prohibiciones absolutas buenas, porque a veces (…) dar un preacuerdo, una rebaja y hasta un principio de oportunidad, puede fundamentarse para que la víctima se resocialice, y para prevenir el daño a futuras víctimas”. Según el jurista, el sistema estaba previsto desde el inicio para que fuera una justicia negociada, pero el problema surgió cuando “la llamaron justicia premial, entonces la gente decía ¿cuál premiar un delincuente? Pero no es premiar, es negociar”.
Esa negociación se ve materializada de la siguiente manera, según planteó el abogado: “Un delincuente sexual, que integre una red de pornografía infantil, podría decirle al fiscal de su caso que puede dar el nombre de 20 personas que integren la red, a cambio de una negociación de su pena. En el modelo de justicia actual, esto no sería posible, entonces, son 100 o 200 niños que quedan desprotegidos”.
Respecto a los preacuerdos, o principios de oportunidad, el abogado precisó que esas negociaciones “no se harían por cualquier cosa”. “Tiene que ser un aporte importante, y por eso abrir la puerta va a servir para salvar y proteger a muchísimos niños y a niñas y adolescentes”, agregó.
En este punto estuvo de acuerdo Carlos Fernando Guerrero, abogado experto en derecho penal y docente, quien mencionó que el espíritu de la reforma es abrir la puerta nuevamente a los mecanismos que den por terminado un proceso. Para él, es erróneo creer que las prohibiciones en las negociaciones de este tipo de delitos contribuyen a que dejen de ocurrir o a que haya menos impunidad. “Por el contrario, las prohibiciones han impedido lograr una justicia más eficiente en estos casos. Creo que es acertado permitir rebajas en esos casos, y es razonable que sean rebajas de menor proporción que las de delitos en que las víctimas no sean menores”, añadió.
Guerrero también plantea el ejemplo del sistema acusatorio en Estados Unidos, que “funciona de manera adecuada, por regla general, porque los juicios son excepcionales. La gran mayoría de casos se acaban porque hay acuerdos, negociaciones, indemnizaciones, desistimientos, etc”. Para el jurista, ese modelo quiso implementarse en Colombia en 2004 con la Ley 906, pero “las leyes restrictivas de los mecanismos de terminación anticipada o de tratamientos punitivos menos restrictivos” no lo permitieron.
A estas voces se sumó la del abogado y presidente del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia, Francisco Bernate, quien apuntó: “Desde el Colegio de Abogados Penalistas de Colombia apoyamos decididamente esta propuesta, en tanto que se ha planteado desde hace 33 años en Colombia como una manera de descongestionar la justicia y garantizar a las víctimas una reparación”.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.