Reclusa muere en extrañas circunstancias en la cárcel El Buen Pastor

El Comité de Solidaridad con los Presos Políticos y la Corporación Mujeres Libres denunció la muerte de una mujer que se encontraba recluida en la cárcel El Buen Pastor. Según estas corporaciones, la noche del 13 de julio, esta mujer, le pidió a las dragoneantes de la cárcel que le permitieran desplazarse al área de sanidad para que la atendieran. Según testimonios recogidos a otras mujeres privadas de la libertad, la respuesta de las guardias fue “¿Por qué le da por enfermarse en la noche?” negándose a atender a esta mujer. La mujer amaneció muerta en la mañana del 14 de julio.

(Lea aquí: Condenadas a no ver a sus hijos: el impacto de la pandemia en la cárcel)

Según las fuentes de estas corporaciones, la mujer habría sido insistente con las dragoneantes del Inpec pidiéndoles que la llevaran al punto de sanidad de la prisión, pero solo encontró negligencia por parte de las oficiales. Según las organizaciones denunciantes, “esta situación es sin duda reprochable en cuanto a que no es la primera vez que una persona privada de la libertad solicita la prestación del servicio de salud y le es negada, por lo que es una clara violación a sus derechos” se lee en el comunicado que entregaron a la opinión pública.

En la misiva, las corporaciones señalan que “el tratamiento brindado a las personas privadas de la libertad no puede ser entonces una excepción, pues su derecho fundamental a la salud no solo se encuentra relacionado con la vida y con la dignidad humana, sino que encuentra especial protección por su relación de sujeción con el estado”. Además, estas corporaciones señalaron las deficiencias en las prácticas del Inpec a la hora del trato con las personas privadas de la libertad.

(Lea también: Denuncias contra El Buen Pastor: una cárcel que no ha sido pensada para mujeres)

En el mismo comunicado, estas organizaciones señalan que este hecho habría podido ser prevenido si las autoridades hubieran tenido en cuenta los reclamos de la mujer, “Es claro que a la mujer no se le brindó atención temprana para prevenir su muerte, y también, que las violencias contra las mujeres privadas de la libertad simplemente han sido ignoradas o invisibilizadas y, por lo tanto, no han recibido ninguna atención por parte del Estado colombiano”.

Al final del comunicado, estas organizaciones solicitan un radical transformación del Inpec y de la organización de las cárceles en Colombia. Entre sus peticiones está que las encargadas de la custodia y vigilancia no tengan armas y que cuenten con preparación psicosocial y humanística, y no militar. También hacen un llamado a la sociedad para que entiendan que las personas privadas de la libertad y sus familiares tienen derechos y que son personas con igual dignidad.

(Le puede interesar: Cinco reclusas de El Buen Pastor hospitalizadas por huelga de hambre)

Estas corporaciones también exigieron que el Inpec, las autoridades locales y los diferentes entes de control investiguen lo que sucedió la noche del 13 de julio y que le entreguen información pertinente a la familia. También le exigen al gobierno que tome medidas urgentes en los establecimientos de reclusión en todo el país para evitar que hechos como este vuelvan a ocurrir.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

El Comité de Solidaridad con los Presos Políticos y la Corporación Mujeres Libres denunció la muerte de una mujer que se encontraba recluida en la cárcel El Buen Pastor. Según estas corporaciones, la noche del 13 de julio, esta mujer, le pidió a las dragoneantes de la cárcel que le permitieran desplazarse al área de sanidad para que la atendieran. Según testimonios recogidos a otras mujeres privadas de la libertad, la respuesta de las guardias fue “¿Por qué le da por enfermarse en la noche?” negándose a atender a esta mujer. La mujer amaneció muerta en la mañana del 14 de julio.

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Según las fuentes de estas corporaciones, la mujer habría sido insistente con las dragoneantes del Inpec pidiéndoles que la llevaran al punto de sanidad de la prisión, pero solo encontró negligencia por parte de las oficiales. Según las organizaciones denunciantes, “esta situación es sin duda reprochable en cuanto a que no es la primera vez que una persona privada de la libertad solicita la prestación del servicio de salud y le es negada, por lo que es una clara violación a sus derechos” se lee en el comunicado que entregaron a la opinión pública.

En la misiva, las corporaciones señalan que “el tratamiento brindado a las personas privadas de la libertad no puede ser entonces una excepción, pues su derecho fundamental a la salud no solo se encuentra relacionado con la vida y con la dignidad humana, sino que encuentra especial protección por su relación de sujeción con el estado”. Además, estas corporaciones señalaron las deficiencias en las prácticas del Inpec a la hora del trato con las personas privadas de la libertad.

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En el mismo comunicado, estas organizaciones señalan que este hecho habría podido ser prevenido si las autoridades hubieran tenido en cuenta los reclamos de la mujer, “Es claro que a la mujer no se le brindó atención temprana para prevenir su muerte, y también, que las violencias contra las mujeres privadas de la libertad simplemente han sido ignoradas o invisibilizadas y, por lo tanto, no han recibido ninguna atención por parte del Estado colombiano”.

Al final del comunicado, estas organizaciones solicitan un radical transformación del Inpec y de la organización de las cárceles en Colombia. Entre sus peticiones está que las encargadas de la custodia y vigilancia no tengan armas y que cuenten con preparación psicosocial y humanística, y no militar. También hacen un llamado a la sociedad para que entiendan que las personas privadas de la libertad y sus familiares tienen derechos y que son personas con igual dignidad.

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Estas corporaciones también exigieron que el Inpec, las autoridades locales y los diferentes entes de control investiguen lo que sucedió la noche del 13 de julio y que le entreguen información pertinente a la familia. También le exigen al gobierno que tome medidas urgentes en los establecimientos de reclusión en todo el país para evitar que hechos como este vuelvan a ocurrir.

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