Recta final para el exsenador Iván Moreno por contrato de ambulancias

El proceso judicial en contra del exsenador Néstor Iván Moreno Rojas, por el supuesto saqueo a un contrato de ambulancias para Bogotá en 2009, entró en la recta final. Las cartas de ese expediente ya están puestas sobre la mesa. La Procuraduría y los representantes de víctimas civiles han dicho que se debe condenar al excongresista porque existen pruebas que lo incriminan. Mientras tanto, la abogada que defiende los intereses del exsenador está convencida de su inocencia y le pidió a la Corte Suprema que lo absuelva porque hay irregularidades en los testimonios.

El proceso judicial en contra del exsenador Néstor Iván Moreno Rojas, por el supuesto saqueo a un contrato de ambulancias para Bogotá en 2009, entró en la recta final. Las cartas de ese expediente ya están puestas sobre la mesa. La Procuraduría y los representantes de víctimas civiles han dicho que se debe condenar al excongresista porque existen pruebas que lo incriminan. Mientras tanto, la abogada que defiende los intereses del exsenador está convencida de su inocencia y le pidió a la Corte Suprema que lo absuelva porque hay irregularidades en los testimonios.

Por ahora lo que se sabe es que el despacho del magistrado de la Sala de Primera Instancia Jorge Caldas trabaja a toda marcha para que en aproximadamente un mes y medio se conozca el proyecto de fallo que le podría traer al excongresista Moreno Rojas su segunda condena por el entramado de corrupción que se fraguó con lobistas, concejales y contratistas mientras su hermano, Samuel Moreno Rojas, fungió como alcalde de Bogotá. Por esos hechos, el exmandatario ha estado ante los estrados judiciales y pesa una condena de más de 15 años de prisión.

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El meollo del asunto que involucra al excongresista empezó en marzo del año pasado, cuando la Sala de Instrucción lo llamó a juicio por los delitos de peculado por apropiación e interés indebido en la celebración de contratos. Moreno Rojas es señalado de negociar un convenio de ambulancias a favor de la unión temporal de Transporte Ambulatorio Médico por más de $67 mil millones, y de los cuales, según las investigaciones, habría negociado apoderarse del 9 % para ser repartido entre él, su hermano, los contratistas hoy condenados Emilio Tapia y Federico Gaviria, entre otros.

El contrato de ambulancias -N° 1229-, que hoy tiene a los hermanos Moreno en la cárcel, se firmó el 30 de septiembre de 2009 y los recursos fueron desembolsados por el Fondo Financiero Distrital de Salud. Las coimas habrían llegado directamente a los bolsillos del exsenador Moreno y el exsecretario de Salud, Héctor Zambrano, quien fue condenado a 13 años de prisión tras firmar un preacuerdo. Las investigaciones darían cuenta que Moreno y el exsecretario habrían modificado el pliego de condiciones del contrato, para que solo la unión temporal Transporte Ambulatorio Médico pudiese ofrecer sus servicios a la capital.

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Durante el proceso se demostró que esa empresa que dirigía Emilio Tapia Aldana no tenía experiencia para ejecutar el contrato y no tenía la capacidad para prestar el servicio de ambulancias ni mucho menos en estado de emergencia de los potenciales pacientes. Esa situación no es descabellada para el procurador cuarto delegado, Jorge Enrique Sanjuán, quien le pidió a la Corte que condene al excongresista porque participó de una estructura criminal que desfalcó los recursos de la salud. “Se puede observar que la contratación del servicio de ambulancias se concibió y ejecutó para que los contratistas, lobistas y servidores públicos, entre ellos el alcalde y su hermano, obtuvieran un beneficio económico”, dijo Sanjuán en medio de los alegatos finales.

El delegado del Ministerio Público fue enfático en que el excongresista Néstor Iván Moreno tenía conocimiento de un cronograma irregular que se llevó a cabo en medio de la adjudicación del contrato. El responsable de esa situación, a su juicio, fue el contratista Federico Gaviria, quien actuó en conocimiento de los hermanos Moreno Rojas. Además, Sanjuán también dejó al descubierto el actuar del exsecretario de salud Héctor Zambrano, quien se encargó de suscribir el contrato, y Tapia, por su parte, se encargó de representar a Iván y Samuel Moreno, y recibir las comisiones pactadas.

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Ricardo Ortega, apoderado de la parte civil, quien también intervino en los alegatos finales, le dijo a la Corte que debe condenar al exsenador porque en el contrato hubo sobrecostos por más de $17 mil millones producto de salarios, prestaciones y costos laborales que dieron pie a que se registraran movimientos fraudulentos. “De acuerdo con las pruebas, el contrato celebrado entre el Fondo Financiero de Salud y la unión temporal de Transporte fue parte del plan ilícito acordado en la administración del entonces alcalde de Bogotá. Para la adjudicación ilegal del contrato hubo personas dispuestas a hacer pagos en coima y dinero de los cuales participó el exsenador”, explicó el delegado de víctimas.

Para Ortega está claro que Moreno tenía conocimiento de la adjudicación del contrato y de la manera en la que se iban a repartir las coimas entre su hermano, algunos contratistas y lobistas que formaron parte del entramado. La abogada pública Piedad Montoya, quien defiende al exsenador, aseveró que no tuvo interés en el contrato de las ambulancias. En los alegatos finales trajo a colación varios testimonios, entre ellos el del excontralor Miguel Ángel Moralesrussi, condenado por los mismos hechos, argumentando que no le pagaron dineros a cambio de no abrir una investigación fiscal. También se conoció el de Juan Varela, exsecretario de Salud, quien dijo en declaración jurada que no tuvo conocimiento de que se entregaran coimas.

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La defensora de Moreno Rojas, además de solicitar la absolución del excongresista y pedir la nulidad de todo lo actuado en el proceso, le pidió a la Corte Suprema que se compulsen copias en contra de Emilio Tapia, Federico Gaviria, Héctor Zambrano y algunos concejales por falso testimonio. Ahora el balón está en el despacho del magistrado Caldas y, prontamente, en discusión de la Sala de Primera Instancia que definirá la suerte jurídica del exsenador, quien permanece privado de la libertad luego de que la Corte ratificara una decisión emitida en junio pasado. El excongresista está en prisión porque, además de este proceso, está cumpliendo con una pena de 14 años de prisión por hechos de corrupción similares en el llamado carrusel de la contratación”.

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