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El Tribunal Superior de Bogotá negó una tutela que presentó el gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, con la que pretendía que se ampararan los derechos a la igualdad, debido proceso y acceso a la administración a la justicia. El mandatario departamental mencionó que fueron vulnerados cuando no se resolvió una serie de recusaciones que presentó en contra del fiscal Francisco Barbosa y la vicefiscal Martha Mancera en tres procesos en los que está señalado de corrupción.
El mandatario departamental explicó en la tutela que ha sido “blanco de ataques con el fin de anularlo de la vida política”. Resaltó que durante algunos expedientes judiciales ha salido absuelto porque se precluye la investigación en su contra. Incluso, trajo a colación que existen más de 120 procesos de extinción de dominio en su contra en los que los fiscales no han logrado demostrar que existe un incremento patrimonial. Mencionó todo esos antecedentes con el fin de demostrar, a su juicio, que no existe un patrón de imparcialidad en la Fiscalía en sus procesos.
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Mencionó que, en febrero de este año, el fiscal Barbosa dijo que el fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Gabriel Jaimes, estaba al frente de la investigación que se surte en Magdalena por presuntos hechos de corrupción. Para Caicedo y su equipo de abogados, esa situación es un “acto de parcialidad” por parte del ente acusador, de ahí que recusara a las cabezas del búnker.
El Tribunal Superior de Bogotá, en este caso,al resolver la tutela dijo que “al no estar a cargo ni el fiscal ni la vicefiscal de ninguna de las investigaciones referidas por el actor, es claro que la petición no podía recibir el trato como lo pretende el accionante y por ello, fue que debió resolverse como una simple petición y remitirla a los competentes que para el caso no eran otros diferentes a los fiscales cognoscentes, como en efecto ocurrió”.
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La corporación aclaró que ni el fiscal ni la vicefiscal toman decisiones sobre las investigaciones que se adelantan en contra de Caicedo. Incluso, mencionó que las determinaciones en todos los procesos que se llevan en el búnker son tomadas por los fiscales delegados. “Es lógico que las determinaciones adoptadas en esos procesos están amparadas por los principios de independencia y autonomía judicial de que gozan los fiscales delegados, sin que en ellas tenga injerencia el titular de esa entidad, pues así lo ha precisado la Corte Constitucional”, explicó la corporación.
Caicedo está ante los estrados judiciales por hechos de corrupción. El más reciente y, en el que aún está por definirse una medida de aseguramiento en su contra, es por la construcción de una megabiblioteca en el Colegio Normal Distrital San Pedro Alejandrino en Santa Marta. En este caso, el mandatario se declaró inocente en los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad ideológica en documento público.
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Lo que dice la Fiscalía es que Caicedo fue quien tramitó una licitación pública en calidad de alcalde de Santa Marta que derivó en la celebración del contrato en diciembre de 2015 por más de $10.004 millones. Lo que reprocha el ente acusador es que el proceso de planificación público se realizó sin la debida planeación por parte del entonces mandatario.
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