Red de corrupción en la Unidad de Protección

Tras capotear el aguacero de críticas que le cayó encima por el homicidio del periodista Luis Carlos Cervantes, ocurrido en Caucasia (Antioquia), el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Andrés Villamizar, se puso al frente de una grave denuncia por corrupción según la cual una red de funcionarios se habría asociado con particulares para apropiarse de al menos $600 millones del presupuesto de esa entidad. El asunto no es de poca monta, teniendo en cuenta que la UNP es la encargada de garantizar la vida y la integridad de sindicalistas, periodistas, defensores de derechos humanos, víctimas del conflicto armado y servidores públicos en alto riesgo. Sin embargo, Villamizar aseguró que “no hay ningún indicio de que esta red de corrupción haya puesto en riesgo la seguridad de nuestros protegidos” y agregó que “este es un tema puramente administrativo que puso en peligro las finanzas de la entidad y los recursos destinados a la protección”.

La red, que llevaba un año funcionando, fue descubierta por el secretario de Transparencia de la Presidencia, Rafael Merchán, quien tras recibir correos anónimos en los que se denunciaban las irregularidades emprendió una pesquisa que duró dos meses, en los cuales recopiló múltiples testimonios, documentos y material audiovisual sobre los integrantes y la manera de operar de la organización. Según Merchán, todo apunta a que el líder de la red criminal sería Julián Marulanda Calero, el secretario general de la UNP, quien se habría aliado con otros cuatro funcionarios para lucrarse ilegalmente en dos frentes. El primero consistía en usar como excusa el déficit de recursos que afronta la Unidad para retrasar el pago de las facturas que le adeudaban a las uniones temporales con las que la entidad contrata. Cansados de esperar los dineros, los operadores habrían accedido a entregar sobornos para agilizar los desembolsos, monto que se había fijado en $10 millones por factura.

Según Villamizar, “la UNP siempre ha funcionado deficitariamente ante Hacienda. Entonces, como los que adelantaban los trámites ante Hacienda eran Marulanda y el director administrativo, Luis Eduardo Molino, ellos tenían información privilegiada. No es por echarle la culpa a Hacienda, pero esa situación de déficit permanentemente les dio un poder muy grande a estos tipos, porque si a mí desde el principio me dan toda la plata que necesito, puedo pagar normalmente”. La Fiscalía se apresta a determinar cuál de las uniones temporales habría sido la responsable de pagar estas coimas, lo que según Merchán no es una tarea compleja teniendo en cuenta que la UNP sólo ha firmado contratos con cuatro grupos de empresas asociadas: Siglo XXI, Sevicol, Blin Security-GMW y Protección 33. Fuentes cercanas al proceso aseguran que habría sido este último operador, cansado de pagar los sobornos, el que allegó las denuncias a la Secretaría de Transparencia y la UNP.

El otro frente, en el que no sólo se lucraban los funcionarios sino también algunas de las empresas, consistía en sobrefacturar las subcontrataciones que adelantaban los operadores para prestar servicios temporales de seguridad en las regiones, lo que se hacía cada vez que un protegido viajaba. Se trataba de cobrarle a la UNP las facturas por arrendamientos de vehículos y pago a conductores por encima del precio del mercado, por lo que empresas distintas a los operadores también se habrían beneficiado de la red. Por estos hechos, Merchán asegura que el detrimento patrimonial habría sido superior al estimado por la Fiscalía. Según él, “con la información parcial que se tiene, el ente acusador habla de $600 millones. Sin embargo, nosotros estamos convencidos, con todo el panorama que tenemos, que puede ser mucho más. Esos $600 millones son la punta del iceberg, porque la red venía funcionando desde hace mucho tiempo y su accionar era sistemático y comprometía sumas enormes de dinero”.

Dos semanas después de conocer la denuncia, el ente acusador capturó en flagrancia a Luis Eduardo Molino, quien fue acusado del delito de concusión y recluido en el búnker de la Fiscalía. Este lunes, por solicitud de Villamizar, agentes del CTI realizaron un allanamiento de seis horas a la sede de la Unidad, con el cual se buscó salvaguardar información privilegiada que puede servir como prueba en el proceso.

Por su parte, Julián Marulanda fue declarado insubsistente y los otros tres funcionarios presuntamente vinculados a la red fueron separados preventivamente de sus funciones. Se especula que Marulanda ya se encuentra negociando su entrega con la Fiscalía y se espera que en las próximas semanas se produzcan nuevas capturas. La Procuraduría y la Contraloría también deberán tomar cartas en el asunto para establecer responsabilidades disciplinarias y fiscales, además de evaluar el daño patrimonial que causaron los funcionarios en asocio con los operadores.

Tras capotear el aguacero de críticas que le cayó encima por el homicidio del periodista Luis Carlos Cervantes, ocurrido en Caucasia (Antioquia), el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Andrés Villamizar, se puso al frente de una grave denuncia por corrupción según la cual una red de funcionarios se habría asociado con particulares para apropiarse de al menos $600 millones del presupuesto de esa entidad. El asunto no es de poca monta, teniendo en cuenta que la UNP es la encargada de garantizar la vida y la integridad de sindicalistas, periodistas, defensores de derechos humanos, víctimas del conflicto armado y servidores públicos en alto riesgo. Sin embargo, Villamizar aseguró que “no hay ningún indicio de que esta red de corrupción haya puesto en riesgo la seguridad de nuestros protegidos” y agregó que “este es un tema puramente administrativo que puso en peligro las finanzas de la entidad y los recursos destinados a la protección”.

La red, que llevaba un año funcionando, fue descubierta por el secretario de Transparencia de la Presidencia, Rafael Merchán, quien tras recibir correos anónimos en los que se denunciaban las irregularidades emprendió una pesquisa que duró dos meses, en los cuales recopiló múltiples testimonios, documentos y material audiovisual sobre los integrantes y la manera de operar de la organización. Según Merchán, todo apunta a que el líder de la red criminal sería Julián Marulanda Calero, el secretario general de la UNP, quien se habría aliado con otros cuatro funcionarios para lucrarse ilegalmente en dos frentes. El primero consistía en usar como excusa el déficit de recursos que afronta la Unidad para retrasar el pago de las facturas que le adeudaban a las uniones temporales con las que la entidad contrata. Cansados de esperar los dineros, los operadores habrían accedido a entregar sobornos para agilizar los desembolsos, monto que se había fijado en $10 millones por factura.

Según Villamizar, “la UNP siempre ha funcionado deficitariamente ante Hacienda. Entonces, como los que adelantaban los trámites ante Hacienda eran Marulanda y el director administrativo, Luis Eduardo Molino, ellos tenían información privilegiada. No es por echarle la culpa a Hacienda, pero esa situación de déficit permanentemente les dio un poder muy grande a estos tipos, porque si a mí desde el principio me dan toda la plata que necesito, puedo pagar normalmente”. La Fiscalía se apresta a determinar cuál de las uniones temporales habría sido la responsable de pagar estas coimas, lo que según Merchán no es una tarea compleja teniendo en cuenta que la UNP sólo ha firmado contratos con cuatro grupos de empresas asociadas: Siglo XXI, Sevicol, Blin Security-GMW y Protección 33. Fuentes cercanas al proceso aseguran que habría sido este último operador, cansado de pagar los sobornos, el que allegó las denuncias a la Secretaría de Transparencia y la UNP.

El otro frente, en el que no sólo se lucraban los funcionarios sino también algunas de las empresas, consistía en sobrefacturar las subcontrataciones que adelantaban los operadores para prestar servicios temporales de seguridad en las regiones, lo que se hacía cada vez que un protegido viajaba. Se trataba de cobrarle a la UNP las facturas por arrendamientos de vehículos y pago a conductores por encima del precio del mercado, por lo que empresas distintas a los operadores también se habrían beneficiado de la red. Por estos hechos, Merchán asegura que el detrimento patrimonial habría sido superior al estimado por la Fiscalía. Según él, “con la información parcial que se tiene, el ente acusador habla de $600 millones. Sin embargo, nosotros estamos convencidos, con todo el panorama que tenemos, que puede ser mucho más. Esos $600 millones son la punta del iceberg, porque la red venía funcionando desde hace mucho tiempo y su accionar era sistemático y comprometía sumas enormes de dinero”.

Dos semanas después de conocer la denuncia, el ente acusador capturó en flagrancia a Luis Eduardo Molino, quien fue acusado del delito de concusión y recluido en el búnker de la Fiscalía. Este lunes, por solicitud de Villamizar, agentes del CTI realizaron un allanamiento de seis horas a la sede de la Unidad, con el cual se buscó salvaguardar información privilegiada que puede servir como prueba en el proceso.

Por su parte, Julián Marulanda fue declarado insubsistente y los otros tres funcionarios presuntamente vinculados a la red fueron separados preventivamente de sus funciones. Se especula que Marulanda ya se encuentra negociando su entrega con la Fiscalía y se espera que en las próximas semanas se produzcan nuevas capturas. La Procuraduría y la Contraloría también deberán tomar cartas en el asunto para establecer responsabilidades disciplinarias y fiscales, además de evaluar el daño patrimonial que causaron los funcionarios en asocio con los operadores.