Luego de que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) anunciara recortes en el presupuesto para financiar las sanciones propias a través de proyectos restaurativos, recursos que, aseguran, deben ser proveídos por el Ejecutivo, la Procuraduría se pronunció al respecto. Para el Ministerio Público, no entregar esos recursos compromete la capacidad de la JEP para “cumplir su objetivo de ofrecer justicia a las víctimas del conflicto armado”.
Además, el ente de control disciplinario señaló que limitar las funciones de la JEP “afectaría gravemente la implementación de sanciones y el juzgamiento de responsables de violaciones graves de derechos humanos”, como también advirtió el presidente de a Jurisdicción, el magistrado Roberto Vidal.
La Procuraduría recordó que las amnistías indiscriminadas están prohibidas por el derecho penal internacional y que, en caso de darse, la Corte Penal Internacional (CPI) podría intervenir en los procesos de investigación y juzgamiento de los autores de graves crímenes cometidos en razón del conflicto.
En entrevista con este diario, el magistrado Vidal lo puso en estos términos: “El 95% de la gente que viene a la JEP recibe amnistía. ¿Cuál es el desafío de una amnistía en términos del derecho internacional? Nos preguntan por qué se amnistían crímenes graves, pues la respuesta de la JEP ha sido muy clara: a cambio de que se ofrezca verdad. Esas no son condiciones que podamos omitir porque, de lo contrario, sería una amnistía general, de las que están prohibidas en el derecho internacional y sería un asunto completamente inmoral”.
Para el Ministerio Público, que el Ejecutivo asuma la responsabilidad como garantes de los recursos es una responsabilidad necesaria para la implementación de las sanciones propias. “Esto incluye la adecuada asignación presupuestaria y la coordinación logística para llevar a cabo las medidas de reparación a las víctimas”, agregó el órgano dirigido por Margarita Cabello.
Finalmente, el ente de control reiteró su disposición para generar procesos de articulación institucional con el fin de dar cumplimiento a los derechos de las víctimas.
Cabe recordar que el mismo presidente de la JEP señaló que fueron más de $450.000 millones que debían ser girados a las cuentas de la Unidad de Víctimas para garantizar la financiación de los proyectos restaurativos. Sin embargo, le dijo a este diario que los recursos habían sido “reorientados”.
En un primer momento el magistrado mencionó que ese dinero había sido dirigido a otras misiones de la Unidad de Víctimas. La entidad respondió que el dinero aun sigue en trámite y que esos recursos no fueron redirigidos.
“Una solicitud de ese tamaño, de esa cantidad de dinero, no se hace a través de una carta. Detrás de esa solicitud hay un documento Conpes que se firmó con el gobierno Duque, una gestión de la JEP que nos llevó a incluir cinco artículos en el Plan Nacional de Desarrollo, dos años de trabajo de equipos técnicos de la JEP con el Ministerio de Hacienda y una solicitud que hizo la JEP para que eso se pusiera en el lugar del Ejecutivo que podía ejecutar las sanciones propias a través de la Unidad de Víctimas. Llevamos tres años trabajando esa plata”, señaló Vidal sobre los recursos.
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