Reforma a la justicia, cada vez más cerca de convertirse en una realidad

La tan anhelada reforma a la justicia está a un debate de ser ley. Este martes la Comisión Primera del Senado aprobó en tercera ronda el proyecto que ha sido el dolor de cabeza del gobierno nacional desde 2012, momento en el que el legislativo ha intentado implementar la iniciativa que alivie la congestión que padece el sector judicial y logre que la justicia sea más cercana al ciudadano. Hasta el momento no lo habían conseguido. Lo más cercano que estuvo de ser una realidad fue en un junio de ese año pero se cayó por los “micos” que le iban colgando por el camino los congresistas.

Desde ese entonces, las iniciativas para establecer la reforma a la justicia como un proyecto de ley no han cesado. Sin embargo, no han salido victoriosas en los primeros debates en el legislativo que son casi siempre en los que se han caído porque las altas cortes, el Gobierno de turno y la presión ciudadana o sindicatos se han opuesto. Aunque esta vez el panorama parece estar un poco más despejado, han llovido una serie de críticas que, incluso, han puesto en consideración del Comité de Paro Nacional para que se aborde el tema en las negociaciones que se surte con la administración de Iván Duque.

Cabe mencionar que este pedido lo están haciendo los sindicatos, quienes se unieron al paro durante los días 25 y 26 de mayo, en el marco de las protestas que se adelantan desde el pasado 28 de abril como negativa a las directrices dadas por el Gobierno de Duque. La iniciativa ciudadana de volcarse a las calles ha dejado en el piso la reforma tributaria, que el mismo presidente de la República decidió retirar del Congreso para su estudio. A su paso dejó la renuncia del ministro de hacienda Alberto Carrasquilla.

Pese a que todo lo anterior ocurrió en el marco de las manifestaciones, varios sectores no estiman conveniente que una situación de tal magnitud suceda con la reforma a la justicia debido a que esta viene siendo necesaria desde años memorables. El nuevo proyecto que se mueve en los pupitres virtuales de los congresistas busca fortalecer la carrera judicial, la autonomía e independencia presupuestal de la Rama Judicial, la doble instancia en asuntos disciplinarios para magistrados de tribunales y fiscales delegados, la transformación digital, la modernización de la infraestructura y la credibilidad del ciudadano en la justicia.

Esa es la apuesta del Consejo Superior de la Judicatura, que presentó el proyecto ante el legislativo. No obstante, durante 2020, se radicaron dos iniciativas más en cabeza de la Procuraduría General, cuando su jefe era Fernando Carrillo, y una tercera, por parte del Ministerio de Justicia en cabeza del actual dignatario de la entidad Wilson Ruiz, quien ha celebrado los espaldarazos que le ha dado el Congreso de la República a las pretensiones de las entidades. Desde esa cartera, la intención con la reforma es mejorar las condiciones de trabajo de los servidores judiciales, reestructurar la escuela judicial para ofrecer una mejor y más oportuna capacitación a los administradores de justicia y hacer ajustes para lograr mayor seguridad jurídica.

El alto funcionario dejó claro que la administración de justicia es “un servicio público esencial”, y que lo que se busca es reformar la Ley 270 de 1996 para adecuar el gobierno y administración de la Rama Judicial a la arquitectura constitucional establecida en el acto legislativo 02 de 2015. Esta es una de las teorías que se suma a la iniciativa que propuso la Procuraduría que consideró que la reforma no debía hacerse desde las entidades que presiden la justicia como las altas cortes sino desde la calle. La intención del Ministerio Público estaba más enfocada al ciudadano de a pie, como de alguna manera lo ha expuesto también el Consejo Superior de la Judicatura, que si bien ha celebrado los avances en el Congreso ha generado grandes críticas.

En el marco de la aprobación del primer debate en el Senado, la entidad evidenció la incorporación de artículos que serían inconstitucionales, teniendo en cuenta lo establecido por la Corte Constitucional en una sentencia de 2016 que trajo a colación tras ser notificados de la aprobación del tercer debate en el legislativo.

La corporación, en cabeza de la magistrada Gloria Stella López expuso reparos a la incorporación de estas iniciativas que, a su juicio, otorgan nuevas facultades a la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial. La presidente explicó que la Corte fue explícita en señalar que “la Comisión Interinstitucional se encuentra integrada por operadores de justicia, pero cuya labor no es la de gobernar ni la de administrar la Rama Judicial, sino la de servir como mecanismos de información recíproca entre las instancias judiciales y la de servir como canal de comunicación entre el sector justicia y el gobierno”.

A modo de ver de López, esas iniciativas intervienen en “la supresión del principio de autonomía porque el órgano de gobierno judicial se ve desprovisto de todas las herramientas que le permitirían asumir su rol de gobernanza judicial”. Para la Corporación, los presidentes de altas cortes no pueden intervenir en funciones de gobernanza judicial, debido a que esto contraría lo señalado por la Corte Constitucional y la vía en la que va el proyecto.

López explicó que la Comisión Interinstitucional es la encargada de emitir conceptos vinculantes para definir el presupuesto de la Rama Judicial, el plan de inversiones, el plan sectorial de desarrollo, la estructura y la planta de personal, entre otras funciones propias del órgano de administración. “El diseño de la gobernanza judicial fijado en la Constitución de 1991 ha sido armónico”, explicó el Consejo Superior de la Judicatura. Prueba de ello fue la creación de cargos permanentes y medidas de descongestión definidas de manera equilibrada de común acuerdo con las salas de gobierno de las altas cortes, de acuerdo a las peticiones de cada jurisdicción, para beneficio de los usuarios de los servicios de justicia.

Respecto a los requisitos para ser magistrado de unas de las tres altas cortes, el Consejo Superior de la Judicatura solicitó mantener el proyecto inicial, que reafirma la función jurisdiccional. En el proyecto en trámite, dijo el Consejo Superior, se incorporan nuevas posibilidades para acreditar experiencia profesional diferente a la formación en derecho desconociendo que la función jurisdiccional del juez exige una mayor experiencia y experticia exclusivamente en el ejercicio de tal profesión.

En lo relacionado con las formas de provisión de cargos en la Rama Judicial, la corporación propuso volver al texto original del Proyecto de Ley Estatutaria presentado por el Consejo que precisa que serán los nominadores los encargados de proveer cargos en vacancias definitivas o temporales, respetando el mérito.

Le puede interesar: Reformar la justicia, sí; pero no como venganza

Aunque la corporación que dirige López expuso los reparos que consideró pertinentes tras llegar al tercer debate en el Congreso, para el Ministerio de Justicia todo parece estar en sintonía con la iniciativa que llevaron al legislativo. Ruiz celebrando la aprobación del tercer debate aseguró que la iniciativa está acorde al principio de separación de poderes con autonomía presupuestal para la Rama Judicial. Estimó que es pertinente y necesaria determinar la función constitucional del Consejo Superior para ubicar y distribuir los despachos judiciales de acuerdo con la conflictividad social y la demanda de justicia a nivel local y rural, permitiendo la creación de juzgados itinerantes.

Otros aspectos centrales de la reforma que celebra el alto funcionario tiene que ver con el fortalecimiento de la defensoría pública para la defensa jurídica de procesados y representación de víctimas, y el impulso de los medios alternativos de solución de conflictos de manera cumplida. Para el ministro Ruiz, adaptar la administración de justicia a las tecnologías de la información y las comunicaciones bajo un enfoque de adopción del expediente digital mejorará la eficiencia y productividad en tiempos y costos para el Estado.

Para Ruiz está claro que teniendo una digitalización en la justicia, el ciudadano podrá acceder a la misma de una manera más rápida, efectiva y eficaz. “Establecer con rigor los principios de la administración de justicia como carta de navegación de todos los operadores jurídicos y medidas de prevención de corrupción le devolverán la confianza a la ciudadana en la justicia”, aseguró el alto funcionario y añadió que si es necesario realizar ajustes al documento estará presto para avanzar en ello. “Así mismo, me comprometo a avanzar en la transformación digital de la Rama Judicial”, puntualizó

Sobre este último punto, el director Ejecutivo de la Corporación Excelencia en la Justicia, Hernando Herrera Mercado en diálogo con El Espectador celebró las iniciativas que conlleven a que el ciudadano de a pie pueda tener mayor acceso a la justicia a través de dichos medios. “La corporación piensa que es necesario surtir algunos ajustes o retoques como viene operando a nivel judicial. Después de tener una norma como viene operando desde hace tanto tiempo, emitida en 1996, ha llegado la hora de remozar la institución judicial por medio de una reforma que se afinque oportuna y que garantice mayor acceso y eficiencia a los ciudadanos”.

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Para Mercado, toda iniciativa dirigida en aumentar el acceso y generar menos congestión judicial será bien recibida desde la corporación que preside. Mientras el ejecutivo expone su postura sobre el acceso a la justicia, el presidente nacional de Asonal Judicial, Freddy Machado le dijo a este diario que es necesario resolver la crisis que padece el sector justicia con más juzgados. “La respuesta a la justicia se da a la célula básica. La reforma es necesaria pero no así”.

Machado resaltó que en este momento se padece una crisis basada en que no hay acceso a la justicia por parte de los ciudadanos y que esta solo se erradica cuando se entienda que es necesario crear más juzgados, iniciativa que no se han registrado en mayor proporción las veces que han adelantado proyectos de reforma. Respecto de los jueces itinerantes, iniciativa que está en el legislativo, el juez radicado en Cartagena considera que es ineficiente. Lo anterior porque son delegados que estarán en varios regiones sin arraigo en las mismas y les tomará más tiempo conocer y ocuparse de los expedientes que reposan en cada uno de los despachos.

Entre otras cosas, Machado argumenta que el actual documento de reforma aumenta la amenaza a la autonomía de la independencia judicial porque entidades del gobierno se involucran. “Se privatiza más la justicia”, expresó y añadió que también se considera que el proyecto genera excesos de burocracia. “La reforma es necesaria pero no así, debe tener consensos entre la academia, los sindicatos y las entidades de justicia”.

La tan anhelada reforma a la justicia está a un debate de ser ley. Este martes la Comisión Primera del Senado aprobó en tercera ronda el proyecto que ha sido el dolor de cabeza del gobierno nacional desde 2012, momento en el que el legislativo ha intentado implementar la iniciativa que alivie la congestión que padece el sector judicial y logre que la justicia sea más cercana al ciudadano. Hasta el momento no lo habían conseguido. Lo más cercano que estuvo de ser una realidad fue en un junio de ese año pero se cayó por los “micos” que le iban colgando por el camino los congresistas.

Desde ese entonces, las iniciativas para establecer la reforma a la justicia como un proyecto de ley no han cesado. Sin embargo, no han salido victoriosas en los primeros debates en el legislativo que son casi siempre en los que se han caído porque las altas cortes, el Gobierno de turno y la presión ciudadana o sindicatos se han opuesto. Aunque esta vez el panorama parece estar un poco más despejado, han llovido una serie de críticas que, incluso, han puesto en consideración del Comité de Paro Nacional para que se aborde el tema en las negociaciones que se surte con la administración de Iván Duque.

Cabe mencionar que este pedido lo están haciendo los sindicatos, quienes se unieron al paro durante los días 25 y 26 de mayo, en el marco de las protestas que se adelantan desde el pasado 28 de abril como negativa a las directrices dadas por el Gobierno de Duque. La iniciativa ciudadana de volcarse a las calles ha dejado en el piso la reforma tributaria, que el mismo presidente de la República decidió retirar del Congreso para su estudio. A su paso dejó la renuncia del ministro de hacienda Alberto Carrasquilla.

Pese a que todo lo anterior ocurrió en el marco de las manifestaciones, varios sectores no estiman conveniente que una situación de tal magnitud suceda con la reforma a la justicia debido a que esta viene siendo necesaria desde años memorables. El nuevo proyecto que se mueve en los pupitres virtuales de los congresistas busca fortalecer la carrera judicial, la autonomía e independencia presupuestal de la Rama Judicial, la doble instancia en asuntos disciplinarios para magistrados de tribunales y fiscales delegados, la transformación digital, la modernización de la infraestructura y la credibilidad del ciudadano en la justicia.

Esa es la apuesta del Consejo Superior de la Judicatura, que presentó el proyecto ante el legislativo. No obstante, durante 2020, se radicaron dos iniciativas más en cabeza de la Procuraduría General, cuando su jefe era Fernando Carrillo, y una tercera, por parte del Ministerio de Justicia en cabeza del actual dignatario de la entidad Wilson Ruiz, quien ha celebrado los espaldarazos que le ha dado el Congreso de la República a las pretensiones de las entidades. Desde esa cartera, la intención con la reforma es mejorar las condiciones de trabajo de los servidores judiciales, reestructurar la escuela judicial para ofrecer una mejor y más oportuna capacitación a los administradores de justicia y hacer ajustes para lograr mayor seguridad jurídica.

El alto funcionario dejó claro que la administración de justicia es “un servicio público esencial”, y que lo que se busca es reformar la Ley 270 de 1996 para adecuar el gobierno y administración de la Rama Judicial a la arquitectura constitucional establecida en el acto legislativo 02 de 2015. Esta es una de las teorías que se suma a la iniciativa que propuso la Procuraduría que consideró que la reforma no debía hacerse desde las entidades que presiden la justicia como las altas cortes sino desde la calle. La intención del Ministerio Público estaba más enfocada al ciudadano de a pie, como de alguna manera lo ha expuesto también el Consejo Superior de la Judicatura, que si bien ha celebrado los avances en el Congreso ha generado grandes críticas.

En el marco de la aprobación del primer debate en el Senado, la entidad evidenció la incorporación de artículos que serían inconstitucionales, teniendo en cuenta lo establecido por la Corte Constitucional en una sentencia de 2016 que trajo a colación tras ser notificados de la aprobación del tercer debate en el legislativo.

La corporación, en cabeza de la magistrada Gloria Stella López expuso reparos a la incorporación de estas iniciativas que, a su juicio, otorgan nuevas facultades a la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial. La presidente explicó que la Corte fue explícita en señalar que “la Comisión Interinstitucional se encuentra integrada por operadores de justicia, pero cuya labor no es la de gobernar ni la de administrar la Rama Judicial, sino la de servir como mecanismos de información recíproca entre las instancias judiciales y la de servir como canal de comunicación entre el sector justicia y el gobierno”.

A modo de ver de López, esas iniciativas intervienen en “la supresión del principio de autonomía porque el órgano de gobierno judicial se ve desprovisto de todas las herramientas que le permitirían asumir su rol de gobernanza judicial”. Para la Corporación, los presidentes de altas cortes no pueden intervenir en funciones de gobernanza judicial, debido a que esto contraría lo señalado por la Corte Constitucional y la vía en la que va el proyecto.

López explicó que la Comisión Interinstitucional es la encargada de emitir conceptos vinculantes para definir el presupuesto de la Rama Judicial, el plan de inversiones, el plan sectorial de desarrollo, la estructura y la planta de personal, entre otras funciones propias del órgano de administración. “El diseño de la gobernanza judicial fijado en la Constitución de 1991 ha sido armónico”, explicó el Consejo Superior de la Judicatura. Prueba de ello fue la creación de cargos permanentes y medidas de descongestión definidas de manera equilibrada de común acuerdo con las salas de gobierno de las altas cortes, de acuerdo a las peticiones de cada jurisdicción, para beneficio de los usuarios de los servicios de justicia.

Respecto a los requisitos para ser magistrado de unas de las tres altas cortes, el Consejo Superior de la Judicatura solicitó mantener el proyecto inicial, que reafirma la función jurisdiccional. En el proyecto en trámite, dijo el Consejo Superior, se incorporan nuevas posibilidades para acreditar experiencia profesional diferente a la formación en derecho desconociendo que la función jurisdiccional del juez exige una mayor experiencia y experticia exclusivamente en el ejercicio de tal profesión.

En lo relacionado con las formas de provisión de cargos en la Rama Judicial, la corporación propuso volver al texto original del Proyecto de Ley Estatutaria presentado por el Consejo que precisa que serán los nominadores los encargados de proveer cargos en vacancias definitivas o temporales, respetando el mérito.

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Aunque la corporación que dirige López expuso los reparos que consideró pertinentes tras llegar al tercer debate en el Congreso, para el Ministerio de Justicia todo parece estar en sintonía con la iniciativa que llevaron al legislativo. Ruiz celebrando la aprobación del tercer debate aseguró que la iniciativa está acorde al principio de separación de poderes con autonomía presupuestal para la Rama Judicial. Estimó que es pertinente y necesaria determinar la función constitucional del Consejo Superior para ubicar y distribuir los despachos judiciales de acuerdo con la conflictividad social y la demanda de justicia a nivel local y rural, permitiendo la creación de juzgados itinerantes.

Otros aspectos centrales de la reforma que celebra el alto funcionario tiene que ver con el fortalecimiento de la defensoría pública para la defensa jurídica de procesados y representación de víctimas, y el impulso de los medios alternativos de solución de conflictos de manera cumplida. Para el ministro Ruiz, adaptar la administración de justicia a las tecnologías de la información y las comunicaciones bajo un enfoque de adopción del expediente digital mejorará la eficiencia y productividad en tiempos y costos para el Estado.

Para Ruiz está claro que teniendo una digitalización en la justicia, el ciudadano podrá acceder a la misma de una manera más rápida, efectiva y eficaz. “Establecer con rigor los principios de la administración de justicia como carta de navegación de todos los operadores jurídicos y medidas de prevención de corrupción le devolverán la confianza a la ciudadana en la justicia”, aseguró el alto funcionario y añadió que si es necesario realizar ajustes al documento estará presto para avanzar en ello. “Así mismo, me comprometo a avanzar en la transformación digital de la Rama Judicial”, puntualizó

Sobre este último punto, el director Ejecutivo de la Corporación Excelencia en la Justicia, Hernando Herrera Mercado en diálogo con El Espectador celebró las iniciativas que conlleven a que el ciudadano de a pie pueda tener mayor acceso a la justicia a través de dichos medios. “La corporación piensa que es necesario surtir algunos ajustes o retoques como viene operando a nivel judicial. Después de tener una norma como viene operando desde hace tanto tiempo, emitida en 1996, ha llegado la hora de remozar la institución judicial por medio de una reforma que se afinque oportuna y que garantice mayor acceso y eficiencia a los ciudadanos”.

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Para Mercado, toda iniciativa dirigida en aumentar el acceso y generar menos congestión judicial será bien recibida desde la corporación que preside. Mientras el ejecutivo expone su postura sobre el acceso a la justicia, el presidente nacional de Asonal Judicial, Freddy Machado le dijo a este diario que es necesario resolver la crisis que padece el sector justicia con más juzgados. “La respuesta a la justicia se da a la célula básica. La reforma es necesaria pero no así”.

Machado resaltó que en este momento se padece una crisis basada en que no hay acceso a la justicia por parte de los ciudadanos y que esta solo se erradica cuando se entienda que es necesario crear más juzgados, iniciativa que no se han registrado en mayor proporción las veces que han adelantado proyectos de reforma. Respecto de los jueces itinerantes, iniciativa que está en el legislativo, el juez radicado en Cartagena considera que es ineficiente. Lo anterior porque son delegados que estarán en varios regiones sin arraigo en las mismas y les tomará más tiempo conocer y ocuparse de los expedientes que reposan en cada uno de los despachos.

Entre otras cosas, Machado argumenta que el actual documento de reforma aumenta la amenaza a la autonomía de la independencia judicial porque entidades del gobierno se involucran. “Se privatiza más la justicia”, expresó y añadió que también se considera que el proyecto genera excesos de burocracia. “La reforma es necesaria pero no así, debe tener consensos entre la academia, los sindicatos y las entidades de justicia”.