Al Congreso acaba de aterrizar un proyecto de ley del más alto nivel, que busca reformar sustancialmente la justicia colombiana. En la tarde de este martes, la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía General y el Ministerio de Justicia presentaron la iniciativa que viene concertándose desde hace más de un año para que los procesos que se acumulan día a día en los despachos judiciales puedan, dentro de otras cosas, avanzar con mayor velocidad y no prescribir. Sin embargo, hay algunos puntos del articulado que causaron divisiones entre la Corte, la cartera y el ente investigador que, ahora, quedarán en manos de los congresistas, de quienes dependerá sacarlo adelante o archivarlo.
El punto central del articulado, según dieron a conocer los autores de la reforma, tiene que ver con darle un impulso a los mecanismos premiales para llegar a negociaciones o acuerdos dentro de los procesos judiciales que se adelanten “por todos los delitos”, según explicó el magistrado Gerson Chaverra, presidente de la Corte Suprema de Justicia, durante la presentación de la reforma. “El eje central de esta reforma legislativa es restablecer los mecanismos de justicia premial, propios de un sistema de tendencia adversarial. Mecanismos de justicia premial que durante los 20 años de vigencia del sistema penal acusatorio, han venido siendo limitados por acción de reformas legislativas, de manera que el proyecto pretende reestablecer la funcionalidad de mecanismos como los allanamientos y los preacuerdos”, añadió.
Este ha sido un tema de concordancia entre el alto tribunal, la Fiscalía, en cabeza de Luz Adriana Camargo, y el Ministerio de Justicia, dirigido por Ángela María Buitrago. En su propuesta de reforma, argumentan la necesidad de reducir los niveles de impunidad que se presentan en materia penal, “y lograr que los procesos penales que se tramitan, tanto en la Fiscalía como en los juzgados se adelantan de manera pronta para que esa respuesta de justicia en materia penal sea rápida y efectiva, ofreciendo a las víctimas un resultado adecuado confirme al daño sufrido en cuanto a la afectación de sus intereses y bienes jurídicos”, como explicó el magistrado Chaverra ante medios de comunicación.
“Quisimos proponerle al país una reforma sustancial que nos permita dinamizar los mecanismos premiales y los de terminación anticipada de procesos (...) No se trata de un gran proyecto, se trata de un proyecto de 13 artículos con el que esperamos obtener óptimos resultados en cuanto a la disminución de los tiempos que nos cuesta llevar a juicio a un imputado o a una organización criminal”, agregó la fiscal Camargo.
De acuerdo con lo establecido en el articulado, uno de los objetivos principales es incluir la reparación integral como una causa para extinguir la acción penal o, en palabras más sencillas, frenar las investigaciones contra los procesados. “Esto permitirá que, en delitos como homicidio culposo o contra el patrimonio económico, el infractor pueda cerrar el proceso mediante la reparación completa a la víctima (...) El objetivo es garantizar los derechos de las víctimas y facilitar la rápida restitución de los bienes afectados, priorizando la indemnización integral para finalizar el proceso”, resume la reforma.
Otro de los puntos con los cuales se le busca dar celeridad a los procesos judiciales a través del articulado tiene que ver con la modificación de los mecanismos de rebaja de pena para quienes admitan delitos en etapas tempranas del proceso penal. Este tema, reseña el proyecto que tendrá su primer debate la Comisión Primera del Senado, sería una vía que abre las puertas para que quienes acepten su responsabilidad “se eviten procesos largos y se asegure una justicia más rápida para las víctimas”.
Para lograr ese objetivo, el proyecto tiene en cuenta dos escenarios. El primero tiene que ver con los delitos en flagrancia, pues se pretende que quienes sean sorprendidos en esa conducta puedan acceder a beneficios como los allanamientos, que generalmente se aplican a otros delitos. Lo que buscan tanto el Ministerio como la Corte Suprema y la Fiscalía, es que estos beneficios permitan acelerar la imposición de condenas y, así, reducir la congestión que hay en el sistema judicial y evitar que los procesos se acumulen en un archivo.
El otro punto que va en el mismo sentido de las rebajas de pena dentro del articulado presentado al Senado en la tarde de este martes, podría ser el que más demoraría en debatirse, porque está directamente relacionado con los delitos en contra de niños, niñas y adolescentes. Lo propuesto por la Corte Suprema, la Fiscalía y el Ministerio de Justicia es modificar el numeral 7º del artículo 199 de la Ley 1098 de 2006, que estipula los “beneficios y mecanismos sustitutivos”. Lo que dice el proyecto es que quedaría así:
“Cuando se trate de los delitos de homicidio o lesiones personales bajo modalidad dolosa, delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales, o secuestro, cometidos contra niños, niñas y adolescentes, se aplicarán las siguientes reglas: en caso de celebración de preacuerdos y negociaciones entre la fiscalía y el imputado o acusado, o de allanamiento a cargos, se concederá la mitad de la rebaja de pena prevista en los artículos 351, 352, 356-5 y 367 del Código de Procedimiento Penal”.
Si bien el tema ha resultado espinoso, los autores del proyecto señalan que esta modificación se basa, principalmente, en los derechos de las víctimas. El proyecto, entonces, resalta las dificultades para presentar pruebas en estos casos, “lo que complica la demostración de la responsabilidad de los agresores, ya que estas conductas suelen ocurrir en la intimidad (...) Por esta razón, se propone permitir que los agresores accedan a preacuerdos y negociaciones, con rebajas de pena menores a las que se aplican en otros delitos, para reconocer la gravedad de estas acciones y asegurar sentencias condenatorias en contra de quienes cometen estos delitos”.
El proyecto contempla otros puntos claves para impulsar las negociaciones entre los investigados y las autoridades judiciales. Uno de ellos es la ampliación de los principios de oportunidad, los cuales, precisa el proyecto, podrían ser autorizados por la Fiscalía desde la etapa de indagación y no únicamente en las fases de investigación o en el juicio. El proyecto también incluye la figura de “prueba anticipada”, con la que la Fiscalía puede cerrar la persecución penal contra los investigados gracias a una colaboración eficaz dentro del caso, con el fin de “preservar el medio probatorio y asegurar su utilidad en el futuro”.
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