Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
En el Congreso acaba de aterrizar un proyecto de ley del más alto nivel, que busca reformar sustancialmente la justicia colombiana. En la tarde de este martes, la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía General y el Ministerio de Justicia presentaron la iniciativa que viene concertándose desde hace más de un año para que los procesos que se acumulan día a día en los despachos judiciales puedan, dentro de otras cosas, avanzar con mayor velocidad y no prescribir. Sin embargo, hay algunos puntos del articulado que causaron divisiones entre la Corte, la cartera y el ente investigador que, ahora, quedarán en manos de los congresistas, de quienes dependerá sacarlo adelante o archivarlo.
El punto central del articulado, según dieron a conocer los autores de la reforma, tiene que ver con darle un impulso a los mecanismos premiales para llegar a negociaciones o acuerdos dentro de los procesos judiciales que se adelanten “por todos los delitos”, según explicó el magistrado Gerson Chaverra, presidente de la Corte Suprema de Justicia, durante la presentación de la reforma. “El eje central de esta reforma legislativa es restablecer los mecanismos de justicia premial, propios de un sistema de tendencia adversarial. Mecanismos de justicia premial que durante los 20 años de vigencia del sistema penal acusatorio, han venido siendo limitados por acción de reformas legislativas, de manera que el proyecto pretende reestablecer la funcionalidad de mecanismos como los allanamientos y los preacuerdos”, añadió.
Este ha sido un tema de concordancia entre el alto tribunal, la Fiscalía, en cabeza de Luz Adriana Camargo, y el Ministerio de Justicia, dirigido por Ángela María Buitrago. En su propuesta de reforma, argumentan la necesidad de reducir los niveles de impunidad que se presentan en materia penal, “y lograr que los procesos penales que se tramitan, tanto en la Fiscalía como en los juzgados se adelantan de manera pronta para que esa respuesta de justicia en materia penal sea rápida y efectiva, ofreciendo a las víctimas un resultado adecuado confirme al daño sufrido en cuanto a la afectación de sus intereses y bienes jurídicos”, como explicó el magistrado Chaverra ante medios de comunicación.
El articulado está compuesto por un total de 13 artículos, con los cuales se busca retomar “el espíritu original del sistema penal colombiano, creado en 2004, para potenciar las actuaciones a través de la justicia premial, pero que ha ido sufriendo modificaciones aumentando las restricciones a figuras como los preacuerdos y principios de oportunidad, valiosas alternativas para la terminación anticipada de los procesos”. Con esto, las autoridades de la justicia que radicaron el proyecto buscan impulsar nuevamente herramientas como los principios de oportunidad y los preacuerdos, con el objetivo de impulsar la emisión temprana de decisiones judiciales.
A través de un comunicado conjunto entre la alta corte y el ente investigador, se entregaron varias cifras para soportar la necesidad de contemplar un proyecto que permita darle un empujón a estos mecanismos. Por ejemplo, señalaron que tan solo el 10% de los procesos que se llevan ante el sistema penal se logra resolver a través de mecanismos de terminación anticipada, como el caso de los preacuerdos. Las estadísticas indican que, en ese sentido, el 90% de los procesos llegan a la fase de juicio, “cifra inversamente proporcional al promedio esperado en los sistemas acusatorios modernos” que es de 90 % en resolución judicial consensuada y 10 % en juicio.
Así mismo, resaltan que, durante 2022, en Colombia se abrieron más de 1,6 millones de noticias criminales, un dato que aumentó en el 2023, cuando superó los 1,8 millones. La situación para la Corte y la Fiscalía es preocupante, teniendo en cuenta que esto demostraría una congestión en el sistema judicial, pues, aseguran, hay más de tres millones de casos activos en el país. Para el magistrado Chaverra, estos datos son cruciales para resolver una mayor cantidad de casos en menos tiempo y que estos no tengan la necesidad de llegar a juicio, “como es la tendencia en los modelos penales internacionales y, así, también evitar prescripciones, vencimientos de términos y revictimización a las personas afectadas”.
Entretanto, Luz Adriana Camargo, fiscal general, señaló que la propuesta va encaminada a “una reforma sustancial que nos permita dinamizar los mecanismos premiales y los de terminación anticipada de procesos (...) No se trata de un gran proyecto, se trata de un proyecto que tiene 13 artículos, pero con el que esperamos obtener óptimos resultados en cuanto a la disminución de los tiempos que nos cuesta a los actores del sistema penal llevar a juicio a un imputado o a una organización criminal y lograr una sentencia”.
La titular del búnker, así como el magistrado Chaverra, hicieron un recorrido punto por punto del proyecto. La fiscal, por ejemplo, hizo hincapié en la reparación integral, primer punto del articulado, e hizo énfasis en la necesidad de evitar los juicios a través de los mecanismos premiales. “La idea central era que la mayoría de los casos se resolvieran mediante estos mecanismos especiales, pero la realidad hoy es otra (...) el 60% de las causas que llegan a juicio concluyen a través de una sentencia ordinaria y estamos en cifras muy lejanas al 30% que debería concluir vía mecanismos premiales”. Y, de igual manera, añadió que este cambio en las cifras hace que el sistema se vuelva “lento, genera desazón para la ciudadanía y creemos que es necesario que sólo los casos más graves, que requieren la mayor atención de los jueces, lleguen efectivamente a un juicio oral, público y con plena garantía”.
Para la jefe de la cartera de Justicia, Ángela María Buitrago, este es un tema de la mayor importancia para la discusión en el Legislativo, pues se trata de arreglar lo que considera “fallas” en el sistema penal acusatorio. “Hay fallas de origen del sistema acusatorio que trata de remediar este proyecto, pero también cuenta con lo más interesante: la polémica, la discusión y sobre todo el diálogo. Aquí hubo temas muy importantes que fueron objeto de aportes y de entendimientos”, apuntó ante medios.
Puntos clave del proyecto de reforma
De acuerdo con lo establecido en el articulado, uno de los objetivos principales es incluir la reparación integral como una causa para extinguir la acción penal o, en palabras más sencillas, frenar las investigaciones contra los procesados. “Esto permitirá que, en delitos como homicidio culposo o contra el patrimonio económico, el infractor pueda cerrar el proceso mediante la reparación completa a la víctima (...) El objetivo es garantizar los derechos de las víctimas y facilitar la rápida restitución de los bienes afectados, priorizando la indemnización integral para finalizar el proceso”, reseña un documento construido entre la Corte, la Fiscalía y el Ministerio que explica el paso a paso del proyecto.
Otro de los puntos con los cuales se le busca dar celeridad a los procesos judiciales a través del articulado tiene que ver con la modificación de los mecanismos de rebaja de pena para quienes admitan delitos en etapas tempranas del proceso penal. Este tema, reseña el proyecto que tendrá su primer debate la Comisión Primera del Senado, sería una vía que abre las puertas para que quienes acepten su responsabilidad “se eviten procesos largos y se asegure una justicia más rápida para las víctimas”.
Para lograr ese objetivo, el proyecto tiene en cuenta dos escenarios. El primero tiene que ver con los delitos en flagrancia, pues se pretende que quienes sean sorprendidos en esa conducta puedan acceder a beneficios como los allanamientos, que generalmente se aplican a otros delitos. Lo que buscan tanto el Ministerio como la Corte Suprema y la Fiscalía, es que estos beneficios permitan acelerar la imposición de condenas y, así, reducir la congestión que hay en el sistema judicial y evitar que los procesos se acumulen en un archivo.
El otro punto que va en el mismo sentido de las rebajas de pena dentro del articulado presentado al Senado en la tarde de este martes, podría ser el que más demoraría en debatirse, porque está directamente relacionado con los delitos en contra de niños, niñas y adolescentes. Lo propuesto por la Corte Suprema, la Fiscalía y el Ministerio de Justicia es modificar el numeral 7º del artículo 199 de la Ley 1098 de 2006, que estipula los “beneficios y mecanismos sustitutivos”. Lo que dice el proyecto es que quedaría así:
“Cuando se trate de los delitos de homicidio o lesiones personales bajo modalidad dolosa, delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales, o secuestro, cometidos contra niños, niñas y adolescentes, se aplicarán las siguientes reglas: en caso de celebración de preacuerdos y negociaciones entre la fiscalía y el imputado o acusado, o de allanamiento a cargos, se concederá la mitad de la rebaja de pena prevista en los artículos 351, 352, 356-5 y 367 del Código de Procedimiento Penal”.
Si bien el tema ha resultado espinoso, los autores del proyecto señalan que esta modificación se basa, principalmente, en los derechos de las víctimas. El proyecto, entonces, resalta las dificultades para presentar pruebas en estos casos, “lo que complica la demostración de la responsabilidad de los agresores, ya que estas conductas suelen ocurrir en la intimidad (...) Por esta razón, se propone permitir que los agresores accedan a preacuerdos y negociaciones, con rebajas de pena menores a las que se aplican en otros delitos, para reconocer la gravedad de estas acciones y asegurar sentencias condenatorias en contra de quienes cometen estos delitos”.
El proyecto contempla otros puntos claves para impulsar las negociaciones entre los investigados y las autoridades judiciales. Uno de ellos es la ampliación de los principios de oportunidad, los cuales, precisa el proyecto, podrían ser autorizados por la Fiscalía desde la etapa de indagación y no únicamente en las fases de investigación o antes de llegar a juicio. El proyecto también incluye la figura de “prueba anticipada”, con la que la Fiscalía puede cerrar la persecución penal contra los investigados gracias a una colaboración eficaz dentro del caso, con el fin de “preservar el medio probatorio y asegurar su utilidad en el futuro”.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.