Reforma a la justicia: el reversazo de las autoridades judiciales en el Congreso

La reforma a la justicia propuesta por la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía y el Ministerio de Justicia fue presentada como uno de los proyectos de ley que más apoyo recibirían en el Congreso y que se moverían a mayor velocidad en el legislativo. Sin embargo, aunque la iniciativa fue radicada el pasado 8 de octubre, hasta ahora el proyecto está estancado en la Comisión Primera del Senado y, según conoció El Espectador, su futuro ya no pinta tan prometedor y hay un nuevo documento de las tres autoridades judiciales que cambia un aspecto esencial del articulado.

La reforma a la justicia propuesta por la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía y el Ministerio de Justicia fue presentada como uno de los proyectos de ley que más apoyo recibirían en el Congreso y que se moverían a mayor velocidad en el legislativo. Sin embargo, aunque la iniciativa fue radicada el pasado 8 de octubre, hasta ahora el proyecto está estancado en la Comisión Primera del Senado y, según conoció El Espectador, su futuro ya no pinta tan prometedor y hay un nuevo documento de las tres autoridades judiciales que cambia un aspecto esencial del articulado.

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Hace ya casi un mes que el presidente de la Corte, el magistrado Gerson Chaverra; la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo; y la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, convocaron a la prensa y otros asistentes al Salón de la Constitución para presentar el proyecto en el que venían trabajando hace más de cuatro meses. Pero, recientes casos como el feminicidio de Sofía Delgado, de 12 años; así como el de los hermanos Susan y Stiven Beltrán, de cuatro y siete años, respectivamente, han influido a que un importante artículo del proyecto penda de un hilo: el artículo séptimo, que habla de beneficios en relación con delitos contra de menores.

El proyecto 281 de 2024, número que recibió en el Senado la reforma a la justicia, señala literalmente en su artículo séptimo que el “homicidio o lesiones personales bajo modalidad dolosa, delitos contra la libertad, integridad y formación sexual, o secuestros cometidos contra niñas, niños y adolescentes, se aplicarán las siguientes reglas: en caso de celebración de preacuerdos y negociaciones entre la Fiscalía y el imputado/acusado, o de allanamiento a cargos, se concederá la mitad de la rebaja de pena prevista en los artículos 351, 352, 356-5 y 367 del Código de Procedimiento Penal”.

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Ahora, según conoció este diario, las tres autoridades judiciales ya habrían desistido de tratar de rescatar ese punto del articulado. El Espectador habló con varios de los ponentes del proyecto en la Comisión Primera del Senado y aseguraron que esta semana no se llevaron a cabo las primeras reuniones entre ponentes que se tenían previstas. En cambio, decidieron darle el espacio a la Corte, la Fiscalía y el Ministerio, para que construyeran y les presentaran un nuevo documento en el que les respondieran dudas sobre el proyecto, específicamente en lo relacionado con el polémico artículo.

Distintas fuentes al interior de la Corte Suprema le aseguraron a este diario que el artículo séptimo ya está casi totalmente descartado y no pelearán para mantenerlo, porque saben que en el Congreso se caería y habría resultado en un desgaste innecesario. Lo que sí harán, es buscar moverse de la manera más pronta para que el articulado no se vaya a hundir por no darle trámite legislativo. “Saben que toca hacerlo rápido, porque los tiempos están muy justos. Eso tiene que salir en por los menos dos debates de este año y queda mes y medio, por eso están corriendo con el documento que les pidió la Comisión Primera del Senado”, aseguró una fuente.

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De hecho, ponentes como Ariel Ávila (Alianza Verde), presidente de la Comisión Primera; y Germán Blanco (Partido Conservador), en diálogo con este diario, dijeron que es ese punto precisamente el que no ha permitido que se avance más. Casi nadie dentro del Congreso, aseguran ambos, está de acuerdo con que ese punto siga con vida y que, en caso de mantenerse, los legisladores se encargarán de sepultarlo en los debates. Además, se han sustentado en algunos conceptos como el de la Procuraduría, la cual se ha opuesto a los beneficios en delitos contra menores, porque, según dice, no hay sustento de que eso reduzca las conductas violentas.

Ese artículo es el que desde la primera semana de la reforma en la Comisión Primera del Senado tiene a los congresistas a la defensiva y rechazando de tajo ese punto. Tanto así que más de un centenar de legisladores de diferentes fuerzas políticas firmaron una proposición para eliminarlo. Hace una semana, la representante a la Cámara de Cambio Radical, Carolina Arbeláez, quien lidera la proposición, dijo que desde el Capitolio “estamos listos para buscar otros mecanismos que busquen la efectividad de la justicia en los delitos contra nuestros niños. No es posible que se busquen beneficies para los que atentan contra lo más sagrado que tiene la sociedad”.

Por ahora, la Corte, la Fiscalía y el Ministerio le dan las últimas pinceladas al documento antes de radicarlo en el Congreso, para renunciar a uno de los puntos más discutidos, incluso desde la era de Néstor Osuna al frente de la cartera. Aunque sostienen que la idea era que la justicia fuera más efectiva y se aplicara sin dejar impunes este tipo de delitos, saben que lo mejor, por ahora, es echarle tierra. La nueva propuesta podría radicarse a primera hora del próximo martes, señalan fuentes cercanas a la construcción del archivo, que además sostiene que pueden más adelante buscar incluir un punto similar que se acompase sus ideas y las del Congreso.

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