Reforma a la justicia: eliminar la Procuraduría y más propuestas de Vargas Lleras

“La justicia colombiana muestra niveles de ineficiencia, impunidad e inseguridad jurídica desoladores. Una justicia rápida, confiable y predictiva es un instrumento indispensable dentro de un Estado moderno a la hora de garantizar los derechos de los ciudadanos y de asegurar la resolución idónea, integral y definitiva de todos los conflictos, sin importar su cuantía o motivación”.

En contexto: Reforma a la justicia: preparar a los fiscales y más propuestas de la Corte Suprema

Ese es el abrebocas con el que Germán Vargas Lleras envió su concepto al Ministerio de Justicia, tras haber sido invitado como uno de los expertos que están aportando sus propuestas para intentar una mejor justicia en Colombia. El Gobierno, este 2024, presentará una reforma que promete cambios estructurales. Vargas Lleras está de acuerdo con ello y por ello propone, desde el principio, la eliminación de la Procuraduría.

Según el escrito del político, el órgano de control ha perdido la capacidad para estudiar procesos contra congresistas, gobernadores o alcaldes. Y, por si fuera poco, con la última sentencia de la Corte Constitucional con respecto a sus funciones, se le ordenó a la Procuraduría enviar para revisión del Consejo de Estado todas las sanciones de suspensión e inhabilidad contra funcionarios de elección popular. “Su existencia se volvió inocua”, señaló Vargas Lleras.

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Para el experto consultado por el Ministerio de Justicia, los funcionarios de la Procuraduría podrán fortalecer la Rama Judicial, a partir de sus capacidades y experticias. De hecho, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, le explicó a El Espectador que podrán ser repartidos a juzgados de la República, incluso de la nueva jurisdicción agraria.

Según las estadísticas presentadas al Ministerio, la congestión judicial en Colombia es más que palpable. Mientas en el país los procesos demoran, en promedio, hasta 1.288 días (cuatro años), en países de la región los casos se resuelven en 735 días menos (dos años). Por tanto, para descongestionar la justicia podría funcionar darles facultades de juez a notarios, centros de conciliación y arbitraje y, ¿por qué no?, a abogados. Esta puede ser una medida transitoria de cinco años prorrogables.

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Entre otras revolucionarias medidas, Vargas Lleras establece que se elimine la audiencia de imputación de los procesos penales. Con esta diligencia, el fiscal le comunica al investigado o a los investigados la teoría inicial del caso y que están formalmente bajo una causa penal. Sin embargo, el político observó que el juez es mero espectador de lo que sucede. Aunque los procesados pueden aceptar cargos, pocas veces lo hacen. Y representa la principal causa de aplazamientos en el sistema penal.

“Prolonga innecesariamente la fase judicial del proceso penal, tiempo en el cual no puede haber una decisión de fondo ni se avanza en la recolección de pruebas. Ni siquiera se avanza en la preparación de la defensa, pues el descubrimiento probatorio es llevado a cabo en la audiencia de acusación (el denominado llamado a juicio y la fase siguiente del procedimiento penal). Además, genera libertades injustificadas si no se presenta el escrito de acusación en 60 días para la justicia ordinaria, o 120 días para la justicia especializada”, agregó Vargas Lleras.

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Otra de las ideas es “acabar el sistema aplazatorio”. Un término coloquial dado que el sistema penal acusatorio se ha convertido en un escenario propicio para el aplazamiento de audiencias. Para ello, Vargas Lleras propone que, en cada caso, el abogado principal designe a un abogado suplente y a uno sustituto. Asimismo, que los procesados, después del primer aplazamiento, solo puedan asignar a un único defensor. Además, aumentar las sanciones a los defensores que dilaten procesos. Y fortalecer el sistema de Defensoría Pública.

Para que la ciudadanía recuperar la fe en las instituciones de justicia, Vargas Lleras propone un aumento de los requisitos para ser magistrado de las altas cortes: Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia o Consejo de Estado. Entre las variables está aumentar la experiencia que los candidatos deben tener a la hora de presentarse a 25 años desempeñando cargos afines al Derecho. Y sacarles todas las responsabilidades que tienen de elección de autoridades, como el Registrador, el Auditor u otros magistrados de altas cortes, dado que les quita tiempo. Eso sí, Vargas Lleras cree que deben seguir eligiendo Fiscal General, dado que su función está entrelazada con la justicia.

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Entre otras medidas, Vargas Lleras no le encuentra sentido a que los jueces sigan leyendo los procesos, en audiencias que pueden llegar a hacerse eternas solo por ello. Prohibir las “tutelatones” para que los jueces se concentren en verdaderas violaciones de derechos humanos. Asimismo, para mejorar la calidad de los abogados del país, se le propuso al Ministerio de Justicia que cada 10 años acrediten su idoneidad con un examen nacional.

Otras de las ideas tienen que ver con crear una regulación clara a los trámites de consulta previa con las comunidades indígenas, negras o rom, dado que no se encuentran centralizadas y, así, ha sido difícil charlar con ellas de cara a proyectos de inversión o solicitudes de utilización del territorio. Por tanto, se requiere una ley estatutaria de consultas previas e incentivar la creación de una organización nacional para las comunidades negras, como la ONIC indígena.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

“La justicia colombiana muestra niveles de ineficiencia, impunidad e inseguridad jurídica desoladores. Una justicia rápida, confiable y predictiva es un instrumento indispensable dentro de un Estado moderno a la hora de garantizar los derechos de los ciudadanos y de asegurar la resolución idónea, integral y definitiva de todos los conflictos, sin importar su cuantía o motivación”.

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Ese es el abrebocas con el que Germán Vargas Lleras envió su concepto al Ministerio de Justicia, tras haber sido invitado como uno de los expertos que están aportando sus propuestas para intentar una mejor justicia en Colombia. El Gobierno, este 2024, presentará una reforma que promete cambios estructurales. Vargas Lleras está de acuerdo con ello y por ello propone, desde el principio, la eliminación de la Procuraduría.

Según el escrito del político, el órgano de control ha perdido la capacidad para estudiar procesos contra congresistas, gobernadores o alcaldes. Y, por si fuera poco, con la última sentencia de la Corte Constitucional con respecto a sus funciones, se le ordenó a la Procuraduría enviar para revisión del Consejo de Estado todas las sanciones de suspensión e inhabilidad contra funcionarios de elección popular. “Su existencia se volvió inocua”, señaló Vargas Lleras.

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Según las estadísticas presentadas al Ministerio, la congestión judicial en Colombia es más que palpable. Mientas en el país los procesos demoran, en promedio, hasta 1.288 días (cuatro años), en países de la región los casos se resuelven en 735 días menos (dos años). Por tanto, para descongestionar la justicia podría funcionar darles facultades de juez a notarios, centros de conciliación y arbitraje y, ¿por qué no?, a abogados. Esta puede ser una medida transitoria de cinco años prorrogables.

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Entre otras revolucionarias medidas, Vargas Lleras establece que se elimine la audiencia de imputación de los procesos penales. Con esta diligencia, el fiscal le comunica al investigado o a los investigados la teoría inicial del caso y que están formalmente bajo una causa penal. Sin embargo, el político observó que el juez es mero espectador de lo que sucede. Aunque los procesados pueden aceptar cargos, pocas veces lo hacen. Y representa la principal causa de aplazamientos en el sistema penal.

“Prolonga innecesariamente la fase judicial del proceso penal, tiempo en el cual no puede haber una decisión de fondo ni se avanza en la recolección de pruebas. Ni siquiera se avanza en la preparación de la defensa, pues el descubrimiento probatorio es llevado a cabo en la audiencia de acusación (el denominado llamado a juicio y la fase siguiente del procedimiento penal). Además, genera libertades injustificadas si no se presenta el escrito de acusación en 60 días para la justicia ordinaria, o 120 días para la justicia especializada”, agregó Vargas Lleras.

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Otra de las ideas es “acabar el sistema aplazatorio”. Un término coloquial dado que el sistema penal acusatorio se ha convertido en un escenario propicio para el aplazamiento de audiencias. Para ello, Vargas Lleras propone que, en cada caso, el abogado principal designe a un abogado suplente y a uno sustituto. Asimismo, que los procesados, después del primer aplazamiento, solo puedan asignar a un único defensor. Además, aumentar las sanciones a los defensores que dilaten procesos. Y fortalecer el sistema de Defensoría Pública.

Para que la ciudadanía recuperar la fe en las instituciones de justicia, Vargas Lleras propone un aumento de los requisitos para ser magistrado de las altas cortes: Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia o Consejo de Estado. Entre las variables está aumentar la experiencia que los candidatos deben tener a la hora de presentarse a 25 años desempeñando cargos afines al Derecho. Y sacarles todas las responsabilidades que tienen de elección de autoridades, como el Registrador, el Auditor u otros magistrados de altas cortes, dado que les quita tiempo. Eso sí, Vargas Lleras cree que deben seguir eligiendo Fiscal General, dado que su función está entrelazada con la justicia.

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Entre otras medidas, Vargas Lleras no le encuentra sentido a que los jueces sigan leyendo los procesos, en audiencias que pueden llegar a hacerse eternas solo por ello. Prohibir las “tutelatones” para que los jueces se concentren en verdaderas violaciones de derechos humanos. Asimismo, para mejorar la calidad de los abogados del país, se le propuso al Ministerio de Justicia que cada 10 años acrediten su idoneidad con un examen nacional.

Otras de las ideas tienen que ver con crear una regulación clara a los trámites de consulta previa con las comunidades indígenas, negras o rom, dado que no se encuentran centralizadas y, así, ha sido difícil charlar con ellas de cara a proyectos de inversión o solicitudes de utilización del territorio. Por tanto, se requiere una ley estatutaria de consultas previas e incentivar la creación de una organización nacional para las comunidades negras, como la ONIC indígena.

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