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Una semana antes de que el Senado aprobara el proyecto de Reforma a la Justicia, el cual está a detalles y control de la Corte Constitucional para ser una realidad, el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, envió una carta al Ministerio de Justicia pidiendo revisar la conveniencia de la actualización. La reforma promete una inyección de por lo menos el 3% del presupuesto de la Nación, sin embargo, Restrepo aseguró que no es el mejor momento fiscal del país.
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Una fuente en el Ministerio de Justicia le confirmó a El Espectador que la carta de Restrepo fue radicada el pasado 9 de junio, justo antes del cuarto y último debate en el Senado. Se trata de un compilado de consideraciones sobre tres proyectos de ley, entre ellos la actualización de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia. ¿La petición central? Bajarse de parte de la inversión de casi $4 billones, con la cual la Rama Judicial pretende incursionar en nuevas tecnologías y llevar el sistema a las regiones más olvidadas de Colombia.
“Surge la necesidad de la implementación de medidas de política fiscal orientadas a aumentar los ingresos fiscales o reducir el gasto público, para así estabilizar y posteriormente reducir la deuda pública, con la finalidad de asegurar la sostenibilidad de las finanzas públicas”, allegó el ministro de Hacienda a la cartera de Justicia. Restrepo explicó que, para que el Gobierno incurra en gastos adicionales, se deben dejar claras las fuentes de financiamiento que cubran dichas inversiones.
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“Se hace necesario el eficiente uso de los recursos públicos”, fue otra de las frases que quedó en la carta. El ministro Restrepo, además, reconoció que el proyecto de Reforma a la Justicia puede representar beneficios para el sector, sin embargo, podría verse afectada la estabilidad financiera y fiscal de la Nación. ¿Cuál es el objetivo de Hacienda? Planear e implementar la reactivación económica de un país que ha estado en crisis sanitaria desde casi un año y medio.
De acuerdo con el ministro de Justicia Wilson Ruiz Orejuela, la carta de Hacienda se compartió y discutió con los órganos involucrados en la reforma: cortes, Congreso y el mismo Gobierno. La petición de Restrepo fue tenida en cuenta, de acuerdo con el ministro, para aplicar la mejor redacción posible, de tal forma que no fuera a perderse la oportunidad de transformar la justicia. El proyecto de ley se ha hablado desde 2012 y pretende renovar unas normas que datan de 1997. Hace falta la conciliación de textos con la Cámara -en la que no hay diferencias fuertes- y el control de la Corte Constitucional.
“Precisamente gracias al trabajo que se hizo de revisión luego de esta carta, incluyendo al Ministerio de Hacienda, al de Justicia y a los demás involucrados, se buscó que la redacción garantizara el marco fiscal de mediano plazo y que garantizara la disponibilidad presupuestal”, explicó la fuente en la cartera de Justicia. El dinero que invertiría la Nación en la Rama Judicial incluso será distinto al presupuesto de la Fiscalía y para el pago de sentencias y conciliaciones.
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Con esa inversión, de acuerdo con el proyecto, se pretende lograr un avance tecnológico, el cual se “enfocará en mejorar el acceso a la justicia, la práctica de las pruebas, la formación, conservación y reproducción de los expedientes, la comunicación entre los despachos y entre estos y los usuarios, el litigio en línea, la producción y divulgación de las estadísticas de cada despacho judicial y de las providencias de todas las autoridades judiciales en sus diferentes niveles y especialidades, en cada una de las jurisdicciones a través, de la actualización de la sección de relatorías de sus páginas web o portales digitales”.
Con el proyecto de reforma se pretende garantizar el acceso a la justicia a todos los colombianos, sin importar sus circunstancias personales, medios o conocimientos. Habrá como mínimo una oficina de la Defensoría del Pueblo en cada municipio, compuesta por al menos un defensor municipal y uno público. Se espera que la Rama Judicial pueda fortalecer la misma Defensoría, las personerías municipales y las casas de justicia, para que ofrezcan un servicio gratuito. En las oficinas de atención no se podrá negar la recepción de denuncias o querellas.