Reforma a la justicia: preparar a los fiscales y más propuestas de la Corte Suprema

El Ministerio de Justicia, cartera de Gobierno que presentará al Congreso la reforma a la justicia, durante este 2024, sigue escuchando los análisis y propuestas de los expertos llamados a entregar ideas para una mejor justicia en Colombia. Esta vez, el turno fue de la Corte Suprema de Justicia, la cual entregó sus propuestas con respecto a la justicia penal, laboral, agraria, civil y rural.

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Con respecto a la justicia penal, la Corte Suprema de Justicia propone eliminar todas las reformas posteriores al vigente sistema penal acusatorio, que data de 2004 y al cual le han modificado las reglas, al punto que han reducido la capacidad de los funcionarios judiciales de terminar, con facilidad, los procesos de manera anticipada. Esto ha terminado en una larga dilación judicial, al impedir la reducción de penas por allanamientos o acuerdos.

“Además, tratándose de delitos sexuales, es claro que la terminación anticipada del asunto redunda en beneficio de la víctima, vista la posibilidad de revictimización, mucho más, si se considera que gran parte de los procesos obedecen a la intervención de un victimario cercano o miembro de su familia”, explicó la Corte Suprema de Justicia, a través de su presidente, el magistrado Gerson Chaverra.

En Colombia rige la figura del principio de oportunidad, que, bajo ciertos criterios, les permiten librarse de investigaciones a personas que delinquen por primera vez, a cambio evitarles el trámite judicial a las instituciones del Estado. Según la Corte, a pesar de que no es difícil aplicarla, los fiscales no acuden a ella regularmente. Por tanto, es necesario que a reforma plantee normas que permitan hacer aún más fácil el trámite y que hagan más precisa su aplicación.

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De otro lado, aunque en Colombia se aplican preacuerdos y allanamientos a cargo, esto no ha impedido que los casos sigan desgastando la justicia en instancias superiores. Se necesita, de acuerdo con la Corte Suprema de Justicia, una modificación que obligue a definir, desde la aceptación de cargos o la firma del preacuerdo, cuál será la pena aplicable y si se podrán conceder beneficios penales.

“Gran parte de los asuntos que culminan con nulidades o absoluciones, obedecen a la falta de preparación de los fiscales o la ausencia de empoderamiento con el caso. Bien poco debe decirse respecto de lo primero, pues la solución escapa a la órbita de la Corte o, incluso, de una reforma legislativa, excepto, si se asumiera que la profesionalización e instauración de la carrera en Fiscalía, pudieran hacerse efectivas por vía normativa expresa”, agrega la Corte Suprema.

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La alta corte advierte que la división de funciones en los fiscales ha terminado en que los procesos queden irregulares desde el principio, pues los fiscales que conocen hasta la imputación, en su afán de salir del proceso, no realizan una labor integral. Y esto afecta las funciones del fiscal que asume después de la audiencia de imputación. Por tanto, para la alta corte, los fiscales deben conocer los casos desde un comienzo y terminar con el expediente.

De otro lado, en cuando a la justicia laboral, la Corte Suprema de Justicia solicita fortalecer los procesos mediante la implementación de tecnologías en la administración de justicia, lo cual requiere consolidar el expediente electrónico. Deberían crearse jueces municipales y del circuito en los territorios; potenciar reformas a las reglas procesales para lograr mayor celeridad en los procesos judiciales; y fortalecer la conciliación extrajudicial entre las partes. En cuanto a la justicia civil, agraria y rural, la alta corte solicita reformar los procesos que soluciones la congestión judicial.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

El Ministerio de Justicia, cartera de Gobierno que presentará al Congreso la reforma a la justicia, durante este 2024, sigue escuchando los análisis y propuestas de los expertos llamados a entregar ideas para una mejor justicia en Colombia. Esta vez, el turno fue de la Corte Suprema de Justicia, la cual entregó sus propuestas con respecto a la justicia penal, laboral, agraria, civil y rural.

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Con respecto a la justicia penal, la Corte Suprema de Justicia propone eliminar todas las reformas posteriores al vigente sistema penal acusatorio, que data de 2004 y al cual le han modificado las reglas, al punto que han reducido la capacidad de los funcionarios judiciales de terminar, con facilidad, los procesos de manera anticipada. Esto ha terminado en una larga dilación judicial, al impedir la reducción de penas por allanamientos o acuerdos.

“Además, tratándose de delitos sexuales, es claro que la terminación anticipada del asunto redunda en beneficio de la víctima, vista la posibilidad de revictimización, mucho más, si se considera que gran parte de los procesos obedecen a la intervención de un victimario cercano o miembro de su familia”, explicó la Corte Suprema de Justicia, a través de su presidente, el magistrado Gerson Chaverra.

En Colombia rige la figura del principio de oportunidad, que, bajo ciertos criterios, les permiten librarse de investigaciones a personas que delinquen por primera vez, a cambio evitarles el trámite judicial a las instituciones del Estado. Según la Corte, a pesar de que no es difícil aplicarla, los fiscales no acuden a ella regularmente. Por tanto, es necesario que a reforma plantee normas que permitan hacer aún más fácil el trámite y que hagan más precisa su aplicación.

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“Gran parte de los asuntos que culminan con nulidades o absoluciones, obedecen a la falta de preparación de los fiscales o la ausencia de empoderamiento con el caso. Bien poco debe decirse respecto de lo primero, pues la solución escapa a la órbita de la Corte o, incluso, de una reforma legislativa, excepto, si se asumiera que la profesionalización e instauración de la carrera en Fiscalía, pudieran hacerse efectivas por vía normativa expresa”, agrega la Corte Suprema.

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