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¿Por qué hay que reformar la Policía?
La participación de la Policía en las políticas contrainsurgentes la convirtió en una entidad al servicio de intereses militares, lo cual desdibujó el carácter civil que le asigna la Constitución de 1991.
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Por eso el cambio institucional, doctrinal y operativo de la Policía Nacional es fundamental para cumplir el objetivo del Acuerdo de Paz: dejar atrás la época del bien o mal llamado “conflicto armado interno”.
La desmilitarización de la Policía es uno de los mínimos para una verdadera reforma, pues esta implica recuperar:
- La misión de velar por la seguridad ciudadana,
- La confianza de la ciudadanía, y
- El trabajo basado en la protección de las personas.
Paradójicamente, una de las principales razones para adscribir la Policía Nacional al Ministerio de Defensa fue la necesidad de “despolitizarla” después de sus flagrantes abusos partidistas durante la Violencia de mediados de siglo.
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Y, sin embargo, la violencia protagonizada por agentes de la Policía —especialmente en contextos de protesta social—demuestra que esta institución ha perdido el rumbo, pues ahora funciona como un aparato de represión del descontento social. En esta apreciación coinciden muy diversas instituciones nacionales e internacionales, ONG y centros de pensamiento, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Amnistía Internacional (AI), Human Rights Watch, CODHES, Foros Javerianos …e inclusive algunos expolicías, como Jiménez Vega.
Además es peligroso mantener el carácter militar de la Policía en un Estado que se niega a los cambios profundos. Esto se puede ver en el fracaso de los cerca de veinte proyectos de ley sobre el uso de la fuerza, seguridad social, profesionalización, ascensos, primas, y otros asuntos referentes a la Policía Nacional que fueron presentados por distintos congresistas en las legislaturas de 2020 y 2021.
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No son abusos aislados
Aunque para el gobierno Duque las violaciones de los derechos humanos cometidas por agentes de Policía son “actos irregulares individuales”, para aquellas organizaciones se trata de una violencia institucional de carácter masivo, generalizado y sistemático. Como dice Amnistía Internacional (AI), el problema “va más allá de conductas indebidas individuales, y deja entrever fallos operativos del respeto de los derechos humanos en las fuerzas policiales”.
En este punto coinciden Uprimny; Salinas; Torres y Perdomo; Temblores ONG; AI o la Universidad de los Andes cuando señalan que, ante las protestas sociales de los últimos años, la respuesta generalizada de la Policía ha sido represiva y violenta.
Organizaciones como Temblores ONG e Indepaz le indicaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que durante el paro nacional del año pasado se reportaron más de 200 lesiones personales, más de treinta casos de violencia sexual y aproximadamente cuarenta homicidios atribuibles a agentes de la Policía.
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Después de su visita a Colombia en junio de 2021, la CIDH destacó como “extremadamente graves” … “las denuncias de personas desaparecidas; […] la utilización de perfilamiento étnico-racial; […]las agresiones a periodistas y a misiones médicas…” por parte de la Fuerza Pública.
La situación anterior no es novedosa. Por ejemplo, entre 2013 y 2014 —en el marco de la Cumbre Agraria, Campesina y Popular y de la Minga Social y Comunitaria— el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE) reportó más de 900 casos de «brutalidad policial» en tan solo el departamento de Cundinamarca —asesinatos, torturas y detenciones arbitrarias— por parte del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) de la Policía.
Según la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) más de 200 indígenas fueron víctimas de abusos policiales en el marco de la Minga Nacional realizada en 2016. Esto ocurrió al mismo tiempo que avanzaban las negociaciones de paz entre el gobierno y las FARC-EP. Durante el año siguiente, la Minga reportó 44 indígenas heridos por acciones conjuntas entre el Ejército y el ESMAD en los departamentos de Cauca, Valle del Cauca, Risaralda, Caldas y Nariño.
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Pero organizaciones como el Proceso de Comunidades Negras (PNC) y CODHES advierten que el recrudecimiento de la violencia policial hace parte de una política de gobierno Duque para “dar tratamiento de guerra” a la protesta social. Este giro se aprecia especialmente a través de la figura de “asistencia militar” establecida por la Ley 1801 de 2016; mediante el decreto 575 de 2021, el presidente Duque ordenó a gobernadores y alcaldes que acudieran a este tipo de “asistencia”. En la práctica, dicho tratamiento implica la criminalización de quienes ejercen el derecho a protestar, a través de:
- la estigmatización de jóvenes —especialmente pobres, como señala el informe del exdefensor del pueblo sobre el caso de Bogotá—;
- el perfilamiento racial de personas negras e indígenas, y
- la sexualización de mujeres.
¿Qué implica una buena reforma?
Debido a la herencia de políticas y estatutos de seguridad nacional, las protestas pacíficas de la ciudadanía todavía son consideradas como «subversivas» por parte del gobierno y los cuerpos policiales.
Por eso mismo la reforma a la Policía es un asunto de paz y de justicia. Si bien se puede avanzar con ajustes institucionales u operativos, es necesario transformar la doctrina policial y la política criminal.
La imagen pública que hoy proyecta la Policía no podría mejorase con el cambio de color de los uniformes. Esta imagen no dista de la que había tenido en décadas anteriores; por ejemplo Camacho Guizado escribió en 1994 que “en las encuestas que se celebran (sic) con regularidad en el país, la Policía Nacional siempre sale muy mal librada; más de un argumento sale a la luz cuando se trata de caracterizarla: corrupción, ineficiencia, delincuencia, faltas a la ética, militarización”.
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Expertos como Alejo Vargas y Gustavo Gallón nos recuerdan que los intentos fallidos de reforma han sido numerosos; por ejemplo desde el decenio de los ochenta se presentaron iniciativas que habrían de conducir a la Ley 62 de 1993, donde algunas medidas apuntaban a reafirmar el carácter civil de la Policía. Y sin embargo estas medidas no se llevaron a la práctica, gracias a las contrarreformas que el gobierno Samper adoptó por decretos.
De ahí surge la necesidad de insistir en una reforma a la Policía que:
- esté enfocada en recuperar su carácter civil y democrático;
- no se limite a confiar en la buena voluntad de sus altos mandos,
- incluya cambios de fondo —constitucionales, legales y de cultura organizacional—, y
- redefina las políticas de seguridad ciudadana.
Esta reforma implica pues modificar la doctrina y la organización de la Policía para enfocarla en la protección de los derechos humanos y la garantizar de la convivencia, tal como indicó la Corte IDH en los casos “Montero Aranguren y otros (Retén de Catia) Vs. Venezuela” y “Mujeres víctimas de tortura sexual vs. México.
Como ha señalado la Corte Constitucional en sentencias como la C-492 de 2002 , un punto imprescindible es supeditar la actividad de policía a la función de policía que ejercen las autoridades civiles —especialmente en ámbitos territoriales—. Dicho en otras palabras: los policías deben ser evaluados en virtud de su protección efectiva de los derechos fundamentales, no en virtud de su reacción a hechos delincuenciales.
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Según la Fundación Ideas para la Paz y FESCOL, la Policía debe abrirse a la observación ciudadana y nutrirse de los aportes que puedan brindar las autoridades y organizaciones civiles en aspectos vitales como la formación policial.
La reforma de la Policía debe entonces estar orientada por la ciudadanía y no apenas por la institución, como si fuera un asunto interno. Un conjunto de interlocutores clave para efectuar la reforma son precisamente las víctimas de la violencia policial. Más aún: los ajustes institucionales, operativos y doctrinales hacen parte del derecho a la no repetición. Lo anterior supone sistemas de supervisión y sanción independientes de la Policía y acordes a los estándares internacionales.
Según el Protocolo de Minnesota de Naciones Unidas por ejemplo, las investigaciones sobre ejecuciones extrajudiciales cometidas por agentes del Estado deben ser prontas, efectivas, exhaustivas y transparentes. Deben estar a cargo de funcionarios capacitados e independientes que cuenten con las herramientas suficientes para determinar responsabilidades en cabeza de los mandos y no apenas de los agentes implicados en la violencia policial.
Aceptar este protocolo implicaría eliminar la extensión del fuero penal militar a los agentes de Policía, lo cual significa mejores garantías y capacidades de la justicia ordinaria para investigar, juzgar y sancionar todo caso de violación a los derechos humanos.
*Este texto fue publicado originalmente en el portal Razón Pública. Lea la versión original del artículo aquí.
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