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La Corte Constitucional solicitó a la Unidad Especial de Investigaciones de la Fiscalía General que, en el caso de no haberlo hecho, adopte las medidas necesarias que “realmente impulsen” la investigación y judicialización de las organizaciones criminales que atentan contra los desmovilizados que firmaron el Acuerdo de Paz. La orden se basa en los múltiples hechos victimizantes en contra de esta población, que en 2023 ha visto caer asesinados a 24 de sus miembros, según Indepaz.
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La alta corte le envió a la Fiscalía información relevante de la Sala especial de seguimiento a la sentencia de 2022 que declaró el Estado de Cosas Inconstitucional con respecto a los firmantes de la paz. Esa declaratoria significó poner de presente a todo el aparato judicial que existe una masiva violación de derechos humanos contra quienes se desmovilizaron y que, según el Partido Comunes (representación política de los exguerrilleros), han sido asesinados en 390 oportunidades de 2016.
“La Sala especial de seguimiento explicó que lleva un registro de los hechos victimizantes contra este grupo de personas con base en la información que le envían diversos actores, así como por la búsqueda activa en distintas fuentes públicas, especialmente de los colectivos de los firmantes y de la sociedad civil”, señaló la Corte Constitucional en un comunicado público.
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La Sala especial de seguimiento documento hechos que implican graves violaciones a los derechos fundamentales de los firmantes y conductas punibles que atentaron directamente contra el derecho a la vida de las víctimas. De ahí que también se le hay ordenado a la Unidad Nacional de Protección revisar las condiciones de riesgo a las que se exponen los miembros de las FARC que pertenecían al Bloque Sur y que son comparecientes ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
“La Sala también ordenó asegurar la protección de las organizaciones ANFAP y ECOMUN. En ese sentido, la UNP debe adoptar e implementar sin dilaciones las medidas individuales y colectivas para garantizarles las condiciones para comparecer de forma segura ante el sistema de justicia transicional y entregar la información que le permita a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP actualizar el Sistema de Registro de Afectaciones a Comparecientes”, agregó la Corte.
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Y, por último, le solicitó a la Agencia para la Reincorporación y Normalización (ARN) y a la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz, informal cuál es la situación actual de los firmantes que fueron desplazados del Antiguo Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación de Vista Hermosa, Meta. Asimismo, la ARN deberá presentar los planes, cronogramas y mecanismos de seguimiento para verificar el cumplimiento de los compromisos de las autoridades para atender la situación de seguridad y reubicación digna de los desmovilizados.
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