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En manos del presidente Iván Duque están las preocupaciones de la Relatora Especial sobre la situación de las personas defensoras de los derechos humanos y otros expertos de la ONU. El organismo internacional allegó al gobierno las graves denuncias presentadas por oenegés, sindicatos y defensores de derechos humanos, las cuales dieron a conocer amenazas de muerte por su trabajo durante el paro nacional.
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“Nos preocupan los informes que hemos recibido sobre el aumento de las amenazas contra los defensores de los derechos humanos en Colombia. Esto podría tener un efecto amedrentador en la sociedad civil y en la legítima labor que realizan las personas defensoras de los derechos humanos”, señaló la Relatoría Especial.
En sus antecedentes, la sección de la ONU mencionó que, desde su conformación en 2019, el Comité del Paro Nacional ha recibido múltiples señalamientos, hostigamientos y amenazas en contra de la vida e integridad de sus integrantes. Según evidenció la Relatoría, la situación de seguridad se agravó en 2021 durante el periodo de protestas. Además, llegaron denuncias por amenazas contra periodistas, estudiantes, congresistas, políticos alternativos y líderes de organizaciones campesinas.
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Entre las pruebas con las que cuenta la Relatoría está la amenaza pública del supuesto grupo paramilitar “Águilas Negras” en contra representantes del Comité del Paro, entre ellos el curtido abogado Alirio Uribe Muñoz. Se trata de un defensor de derechos humanos, quien desde hace décadas ha trabajado para la protección de las garantías ciudadanas. Es miembro del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar) y, hace unos días, fue electo para ocupar una curul en la Cámara.
Asimismo, el 18 de noviembre pasado, en la puerta del Comité fue encontrado un sobre de manila suscrito, al parecer, por el Clan del Golfo. En dicho texto, líderes sindicales y defensores de derechos humanos fueron tildados de guerrilleros, comunistas y milicianos. Fueron declarados objetivo militar.
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“El 19 de noviembre de 2021 se conoció públicamente otro panfleto suscrito por las “Agc” con el mismo título, en el que se amenaza a varios líderes sindicales, políticos e integrantes de organizaciones, declarándoles objetivos miliares por supuestamente ser parte de las milicias urbanas de las Farc, el Eln y el Epl”, agregó la Relatoría.
Sobre Alirio Uribe, tres veces vicepresidente de la Fundación Internacional de Derechos Humanos, el órgano de la ONU señaló que representa a familias de jóvenes presuntamente asesinados por la Policía, en contexto de protesta social. Además, que sobre las amenazas denunciadas por el abogado, la Fiscalía no habría anunciado ningún desarrollo investigativo.
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También fue puesto de presente ante Duque, a través de la ONU, una denuncia de la defensora de derechos humanos Adriana Lizarazo, integrante del Comité de Solidad con los Presos Políticos (CSPP). Señaló que el 13 de noviembre de 2021, recibió numerosos mensajes de las Agc, en los cuales se le indicaba que estaba plenamente identificada y que si seguía adelantando labores sociales en Santander lo que le esperaba era la muerte.
“Al no responder, a ninguno de los mensajes, el individuo habría amenazado de muerte a la señora Lizarazo y habría declarado la seccional Santander del CSPP y sus miembros como objetivo miliar. Le habrían también enviado fotos de armas y de un individuo desconocido vestido con ropa militar y un brazalete con las siglas de las Agc”, se lee en un documento anexo de la Relatoría. La CSPP agregó que tiene medidas cautelares por orden de la Comisión Interamericana de DD.HH.
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La comunicación fue enviada al Gobierno el 28 de enero del año presente y desde entonces permanecía confidencial. La ONU esperaba que la administración Duque respondiera, pero al parecer no ha existido una retroalimentación. En todo caso, la Relatoría Especial publicará en la base de datos de la ONU las consideraciones el gobierno saliente sobre las amenazas, en contexto de paro nacional, contra defensores de derechos humanos.
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