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La Unidad de Restitución de Tierras (URT) entregó 26.807 hectáreas de territorio ancestral al Consejo Comunitario Río San Francisco en Guapi (Cauca). La ceremonia de restitución en favor de esta comunidad afrodescendiente —enmarcada en el cumplimiento de sentencias de la justicia especializada en restitución de tierras con enfoque étnico—, estuvo encabezada por el director de la URT, Giovani Yule, quien señaló que este acto “es la materialización de los esfuerzos adelantados para constituir cinco juzgados de restitución de tierras con enfoque étnico y dar celeridad a un proceso que estaba estancando en administraciones anteriores”.
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La restitución fue ordenada por el Juzgado Tercero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras con Enfoque Étnico de Popayán, uno de los cinco juzgados creados en alianza con el Consejo Superior de la Judicatura para agilizar el proceso de recuperación de derechos étnico-territoriales. En su discurso a las 314 familias beneficiadas por la decisión judicial, Yule destacó que esta sentencia refleja el compromiso del gobierno con las comunidades vulnerables.
La ceremonia comenzó con cantos tradicionales y actos de armonización por parte de la comunidad, en un gesto de reconciliación con la naturaleza, y se socializaron las 40 órdenes emitidas en el fallo a las 30 entidades del Estado involucradas, dentro de las que figuran los ministerios de Agricultura, Ambiente, Hacienda, Interior, Vivienda, Salud, Igualdad y Cultura. Uno de los puntos centrales de la sentencia fue el reconocimiento de la comunidad como víctima y los daños sufridos en su territorio.
Entre las órdenes emitidas se destacan la implementación de un plan para evaluar el estado de salud de la comunidad, el fomento de acuerdos para el uso productivo y sostenible del territorio, y el análisis de impactos por aspersiones de glifosato. También se ordenaron medidas de protección para los líderes del Consejo Comunitario Río San Francisco y la apertura de una investigación por parte de la Fiscalía para judicializar a los responsables de las violaciones de derechos en la región.
El fallo no solo involucró a los ministerios, sino que además incluyó a la Gobernación de Cauca, la Alcaldía de Guapi, la Unidad para las Víctimas y la Corporación Autónoma del Cauca, entre otros. Con la ceremonia de entrega simbólica, la URT cumplió con la obligación de notificar a estas entidades sobre sus responsabilidades en el proceso de restitución de derechos étnico-territoriales, en cumplimiento del Decreto Ley 4635 de 2011, que establece medidas de reparación y restitución para comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras.
Esta entrega hizo parte de un cronograma que inició el 29 de octubre en el resguardo Indígena de Tóez, Caloto (Cauca), donde se entregarán 596 hectáreas para 1.030 personas de 305 familias. Continuó el 31 de octubre en el Cañón del Río Garrapatas, municipio de Bolívar (Valle del Cauca), se restituirán 14.334 hectáreas a 2.600 indígenas embera chamí, y finalizó con la entrega de este 5 de noviembre al Consejo Comunitario Río San Francisco.
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Durante el evento, José Anilo Caicedo Solís, representante legal del Consejo Comunitario Río San Francisco, resaltó que la restitución es un reconocimiento de los derechos que su comunidad tiene sobre estas tierras, y subrayó la importancia de la colaboración entre la URT y la comunidad. Caicedo también hizo un llamado a las demás entidades para que actúen con rapidez y efectividad en la implementación de las órdenes del fallo. “Es indispensable impulsar las medidas de reparación inmediata. Hemos esperado mucho el reconocimiento de nuestros derechos, para así contrarrestar el desplazamiento y el confinamiento al que hemos sido sometidos”, expresó el líder comunitario, aludiendo a la importancia estratégica y productiva de su territorio.
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