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El Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras en Antioquia acaba de dar una noticia que significa una luz de esperanza para el Consejo Comunitario por la Identidad Cultural de Mandé que es conformada por más de 1.000 personas en Antioquia y Chocó. El despacho judicial restituyó los derechos étnicos territoriales de esa población, con lo cual podrán recuperar un terreno de 12.394 hectáreas ubicado entre los municipios de Urrao y Frontino, arrebatado hace décadas durante el conflicto armado.
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La demanda buscaba resarcir los daños que esa comunidad sufrió producto de la constante presencia de grupos armados al margen de la ley, quienes constantemente se enfrentaban entre sí; además de la estigmatización de los miembros de la comunidad como colaboradores de los grupos guerrilleros por parte del Ejército Nacional; situación que dio paso a múltiples violaciones de derechos humanos y desplazamientos. Además, buscaba salvaguardar la memoria y tradiciones de la comunidad de Mandé, que se han visto diezmadas por la violencia.
“Por muchos años las guerrillas le marcaron un pasado sangriento a la Comunidad de Mandé, mediante los múltiples enfrentamientos entre el Frente 34 de las FARC-EP y el Ejército Nacional de Colombia; situación que al volverse insoportable provocó que muchos Mandeceños tuvieran que huir, otros fueron desaparecidos y otros asesinados. Así mismo, en la memoria de los habitantes de Mandé está la aparición de otro grupo armado denominado el Ejército Popular de Liberación (EPL), agrupación que hizo mucha presencia en el territorio, en los años 80′s”, explica la decisión judicial, que agregó que en la zona también existió la presencia de grupos paramilitares.
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En este contexto y luego de estudiar la demanda, el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras concluyó, en primer lugar, que la Comunidad de Mandé, no fue ajena a la realidad del conflicto armado en Colombia, hechos que provocaron una serie indiscriminada de violaciones a los derechos humanos, entre ellas numerosos desplazamientos. Por esa razón, se ordenó la restitución del territorio.
“Por todo lo anterior, y como quiera que los señalamientos de la comunidad solicitante se revisten de buena fe; además de que las presiones a las que fueron sometidos son un agravio a los derechos humanos, concurriendo así los presupuestos de los cuales se predica que los miembros de la comunidad étnica reclamante, se hacen acreedores de los beneficios consagrados en esta ley. Legitimándolos para impetrar la medida de reparación, consistente en la restitución jurídica y material de los derechos étnicos territoriales”, concluye la decisión.
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