Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
Desde el 31 de julio de 2017 fue llamado a juicio el exsecretario general de la Presidencia, Bernardo Moreno Villegas, por presuntamente hacer presiones indebidas a funcionarios para que dieran puestos a cambio de favorecer la reelección presidencial en 2004. En concreto, fue acusado por el delito de tráfico de influencias de servidor público en relación con unos nombramientos de notarías. Más de dos años después, el caso revivió en la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia.
Este martes, en audiencia preparatoria de juicio, la defensa de Moreno solicitó al alto tribunal declarar la prescripción del expediente por el tiempo que ha pasado desde que habrían sucedido los hechos, a hoy. No obstante, la Sala negó esa petición argumentando que el última actuación que habría cometido Moreno es de finales de 2008. La Fiscalía y la Procuraduría aseguraron igualmente que se trata de un delito continuado.
(Le puede interesar: Tumban sanción a Bernardo Moreno por caso de chuzadas ilegales del DAS)
Al exfuncionario se le investiga en relación con nombramientos de notarías, que son de fuero presidencial, y en las que interviene la Secretaría General de Presidencia. En su contra pesa el testimonio del exsuperintendente de Notariado y Registro, Manuel Cuello Baute, quien fue procesado y condenado a 8 años de prisión.
La defensa del exfuncionario, que adelanta el abogado Jaime Granados, considera que hay suficientes pruebas que desvirtuarían la declaración de Cuello. Por ahora, la definición de si el caso está prescrito le correspondió, en segunda instancia, a la Sala Penal de la Corte Suprema. Entre tanto, se aceptaron como testigos en el caso al expresidente Álvaro Uribe Vélez, al exdirector de la Policía y exvicepresidente general (r) Óscar Naranjo; entre otros.
(Le puede interesar: Corte Suprema condenó a 14 años de prisión a María del Pilar Hurtado por 'chuzadas')
El juicio quedó fijado inicialmente para abril de 2020. Bernardo Moreno Villegas fue condenado en abril de 2015 a ocho de prisión por conocer de primera mano la información que fue obtenida de manera ilegal por parte de agentes del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), designados específicamente a recopilar datos para crear una campaña de desprestigio mediática en contra de este grupo de personas predeterminadas.