Ricardo Martínez, el delator del Fondo Premium

Mientras Tomás Jaramillo y Juan Carlos Ortiz están a la espera de que el próximo 22 de junio un juez defina si hay trato de colaboración con la Fiscalía, uno de sus trabajadores de confianza, Ricardo Martínez, ya se convirtió en el primer delator del escándalo bursátil del Fondo Premium. A pesar de que el contenido de los principios de oportunidad de Ortiz y de Jaramillo es desconocido, las víctimas aseguraron que se opondrán a que les den beneficios jurídicos.

A su vez, a Ricardo Martínez le ofrecieron no investigarlo por el delito de captación masiva y habitual de dinero a cambio de que entregue las pruebas claves que permitan desenredar y entender cómo se movió y escondió el dinero en tres países que son paraísos fiscales: Panamá, Curazao e Islas Vírgenes. El pacto estará vigente un año. El argumento de la Fiscalía para otorgarle el principio de oportunidad es que entregó una serie de correos, documentos y extractos bancarios con información que le permitieron entender el entramado empresarial que se montó en el exterior.

El principio de oportunidad de 28 páginas, aprobado el pasado 7 de abril por un juez –y aceptado por las víctimas del descalabro bursátil–, fue conocido por El Espectador. En éste se hace un resumen del caso, en el que se explica cómo se originó la estafa de 1.028 personas que depositaron su dinero en el grupo Fondo Premium y en qué va el proceso de seis de los nueve implicados. Ricardo Martínez, Juan Carlos Ortiz y Tomás Jaramillo ya aceptaron cargos por los delitos de concierto para delinquir, estafa y manipulación de especies, y serán juzgados por el delito de no reintegro –Ortiz y Jaramillo están a la espera de que les otorguen el principio de oportunidad por el delito de captación masiva y habitual de dinero–.

El caso del Fondo Premium comenzó en junio de 2013, cuando los abogados Julio Sampedro y Juan David Riveros denunciaron, en representación de un grupo de inversionistas, una serie de irregularidades sobre cómo se estaba administrando la plata que estaba entrando a los fondos de inversión a través de Interbolsa. Supuestamente el dinero iría al exterior, pero terminó siendo transferido a empresas colombianas –Rentafolio Bursátil y Valores Incorporados (propiedad de Ortiz y Jaramillo)– que invirtieron los recursos en operaciones de Fabricato. Es decir, fueron la base del primer capítulo del descalabro de Interbolsa.

En 2008 Interbolsa firmó una serie de contratos de corresponsalía –es decir, promover productos de empresas extranjeras– con tres fondos de inversión constituidos en Curazao, que juntos eran conocidos como los Fondo Premium. El primero de ellos era el Premium Capital Apreciation Fund, el cual era propiedad de una empresa llamada Premium Capital Advisor –constituida en Bahamas y que era propiedad de Ortiz y Jaramillo–.

El segundo era el Premium Capital Global Portafolio Fund BV, que además era administrado por Eric Andersen, el estadounidense que aún no ha sido llevado ante la justicia y es ficha clave en el proceso, pues le rendía cuentas a una sociedad llamada Global Advisors Investment Management –creada en Delaware y que era propiedad de Ortiz, Jaramillo, Víctor Maldonado y Rachid Maluf–. Y el tercero era el Premium Capital Individual Portafolio –que a su vez era propiedad del primer fondo–.

Es decir, un enredo empresarial en el que los verdaderos dueños eran Juan Carlos Ortiz, Tomás Jaramillo y Víctor Maldonado, quienes terminaban tomando las decisiones de cómo se administraba el dinero de los fondos. Lo que se descubrió fue que el dinero volvió a Colombia a las empresas de ellos tres, es decir, a sus bolsillos. Sin embargo, si bien la Fiscalía evidenció que la plata se captaba en Colombia y luego volvía al país tras una serie de transacciones, aún no se conoce cómo fueron las movidas en el exterior. Además, se presume, hay plata que quedó escondida en otras cuentas internacionales.

El caso se enreda aún más cuando se descubrió la forma en que intentaron circular la plata en el exterior para no dejar evidencia. Ahí aparecieron dos empresas claves: Intertourist y Andean Capital. La primera fue constituida en Islas Vírgenes, y era de Ortiz y Jaramillo, y administrada por Ricardo Martínez. La segunda fue creada en Panamá y en la que tenía un papel importante Martínez, pues era el tesorero y conocía cómo se gestionaron créditos y movimientos bancarios para mover el dinero de los inversionistas y darles apariencia de legalidad a las transacciones.

En Andean Capital también tuvieron una importante participación Rachid Maluf, Juan Andrés Tirado, Natalia Zúñiga y Claudia Aristizábal. Las dos últimas firmaron los documentos que les permitieron a los dos primeros quedarse con las acciones con derecho a voto (que representaban el 2 %) para tomar las decisiones claves y así cumplir con los intereses de Juan Carlos Ortiz y Tomás Jaramillo. Es más, el otro 98 % era propiedad de uno de los tres fondos, Premium Capital Apreciation Fund, es decir, que los dueños a la sombra también eran Ortiz y Jaramillo.

La Fiscalía logró demostrar las similitudes en las estructuras que tenían las distintas sociedades en el exterior, en la que se repetían los nombres de funcionarios de confianza de Juan Carlos Ortiz y Tomás Jaramillo. Pero no había logrado entender la dinámica de cómo se movía el dinero porque las autoridades de Panamá, Curazao e Islas Vírgenes no colaboraron con la entrega de información al decir que debían respetar el secreto bancario. De ahí radica la importancia para la Fiscalía de firmar un principio de oportunidad con Ricardo Martínez, para entender cómo empresas extranjeras captaron plata de inversionistas colombianos.

El 10 de junio de 2015 se presentó la solicitud ante el entonces fiscal general, Eduardo Montealegre, para darle el principio de oportunidad a Ricardo Martínez. En esa misma fecha se solicitaron los de Juan Carlos Ortiz y Jaramillo. Según la Fiscalía, Ricardo Martínez colaboró desde el inicio de la investigación entregando información de la composición de todas las sociedades implicadas, al explicar la forma en que se beneficiaron algunos inversionistas –como Víctor Maldonado y Alessandro Corridori– y sobre cómo se movió el dinero en Intertourist y Andenan Capital para que terminaran en Colombia en las firmas Valores Incorporados y Rentafolio Bursátil.

Ricardo Martínez se comprometió a entregar más de 1.000 correos electrónicos para establecer las relaciones entre las empresas en el exterior y establecer relaciones entre las órdenes impartidas para realizar transferencias irregulares y los implicados en el escándalo. También aportará bases de datos sobre las cuentas del grupo Fondo Premium en el exterior, documentos sobre los clientes que entraban y salían de Intertourist, dos carpetas –una de 113 folios y otra de 179– en las que están las órdenes de transferencias, extractos y movimientos que se hicieron en Intertourist e Interbolsa.

Según la Fiscalía, esto permitirá develar el modus operandi e identificar los roles de todos los participantes. Ricardo Martínez también será testigo en contra de sus exjefes Juan Carlos Ortiz, Tomás Jaramillo y Rachid Maluf –y del resto de implicados–. En el documento obtenido por este diario se habla de que con la información aportada por Juan Carlos Ortiz, Tomás Jaramillo y Ricardo Martínez la Fiscalía les imputó cargos a nueve personas y precisa “la estructura societaria que había en el exterior”.

Además, la Fiscalía agregó: “La información que aportarán las personas mencionadas, no obstante su calidad, es muy importante porque fue de difícil o imposible acceso para la Fiscalía. En relación con la ubicación del dinero, se ha verificado con ellos operaciones que pueden ser de importancia para la liquidación y se ha verificado el posible destino de los mismos, pero para avanzar se está al tanto del presente principio de oportunidad”. Es decir, que Juan Carlos Ortiz y Tomás Jaramillo entregarán información de sus bienes en el exterior si, y solo si, les dan beneficios en la Fiscalía.

“La información aportada por cada uno de ellos es de gran relevancia, teniendo en cuenta que se aporta a partir de la función o condición que tenían cada uno de ellos en el interior de la estructura societaria (…) por tal motivo la información debe ser valorada en su conjunto y no es posible hacerlo de forma individual, teniendo en cuenta que las sociedades en las que estaban presentes cada uno de ellos cumplía funciones distintas”, se lee en el documento. En pocas palabras, para la Fiscalía la información que aporte Ricardo Martínez no será suficiente sin la colaboración efectiva de Juan Carlos Ortiz y Tomás Jaramillo.

En el principio de oportunidad de Ricardo Martínez se aclara que la Fiscalía no iba a dejar de investigarlo por el delito de no reintegro, pues no se podían desconocer los derechos de las víctimas y su aplicación debe considerarse un interés de la sociedad: “Esta herramienta no puede abrir paso al desprestigio de la administración de justicia”. Ya hay un delator en el bando de la Fiscalía y que es apoyado por las víctimas. El ente investigador también quiere tener de aliados a Tomás Jaramillo y Juan Carlos Ortiz, aunque las víctimas ya anunciaron que darán la pelea para oponerse a cualquier acuerdo.

Dura oposición

El apoderado de las víctimas, Francisco José Sintura, quien representa a algunos de los inversores de Interbolsa que se vieron afectados por el Fondo Premium, advirtió que el principio de oportunidad de Ricardo Martínez era necesario porque no había quien hablara sobre lo sucedido en el exterior. “No teníamos un delator de las operaciones en el exterior. Ni la Fiscalía ni nosotros tenemos la suficiente información y conocimiento de lo que sucedió en el exterior”, advirtió Sintura.

El abogado agregó que se necesita saber dónde está el dinero. Sin embargo, insistió en que se opondrá a cualquier acuerdo entre la Fiscalía y Juan Carlos Ortiz y Tomás Jaramillo, como lo ha venido haciendo desde noviembre de 2015, cuando se enteró de la intención de darles un principio de oportunidad: “Ellos son los cabecillas de la organización y ese beneficio se entrega a mandos medios y no a los altos mandos que quieren delatar lo que ellos hicieron. Además, radicamos una denuncia por el tema de lavado de activos que sería el derivado de la captación ilegal”.

“No es la misma situación de Ricardo Martínez. La diferencia es que él era un funcionario que actuaba –sabiendo que estaba mal– bajo las órdenes de ellos dos. Me sorprendería que la Fiscalía pensara en un principio de oportunidad para Tomás y Juan Carlos, porque es desmejorar la figura. Además, no hay sentido en que la Fiscalía los hubiera llamado a juicio, en el que se incluye el delito de captación masiva y habitual, si no tuviera pruebas. Ahora es más fuerte porque tiene como testigo a Ricardo Martínez, que trabajó con ellos. Y eso es lo que vale en un principio de oportunidad, poder ser testigo, porque me pregunto: ¿contra quién van a declarar Ortiz y Jaramillo? Ellos sólo contarán cómo hicieron el tumbado”, puntualizó Sintura.

Mientras Tomás Jaramillo y Juan Carlos Ortiz están a la espera de que el próximo 22 de junio un juez defina si hay trato de colaboración con la Fiscalía, uno de sus trabajadores de confianza, Ricardo Martínez, ya se convirtió en el primer delator del escándalo bursátil del Fondo Premium. A pesar de que el contenido de los principios de oportunidad de Ortiz y de Jaramillo es desconocido, las víctimas aseguraron que se opondrán a que les den beneficios jurídicos.

A su vez, a Ricardo Martínez le ofrecieron no investigarlo por el delito de captación masiva y habitual de dinero a cambio de que entregue las pruebas claves que permitan desenredar y entender cómo se movió y escondió el dinero en tres países que son paraísos fiscales: Panamá, Curazao e Islas Vírgenes. El pacto estará vigente un año. El argumento de la Fiscalía para otorgarle el principio de oportunidad es que entregó una serie de correos, documentos y extractos bancarios con información que le permitieron entender el entramado empresarial que se montó en el exterior.

El principio de oportunidad de 28 páginas, aprobado el pasado 7 de abril por un juez –y aceptado por las víctimas del descalabro bursátil–, fue conocido por El Espectador. En éste se hace un resumen del caso, en el que se explica cómo se originó la estafa de 1.028 personas que depositaron su dinero en el grupo Fondo Premium y en qué va el proceso de seis de los nueve implicados. Ricardo Martínez, Juan Carlos Ortiz y Tomás Jaramillo ya aceptaron cargos por los delitos de concierto para delinquir, estafa y manipulación de especies, y serán juzgados por el delito de no reintegro –Ortiz y Jaramillo están a la espera de que les otorguen el principio de oportunidad por el delito de captación masiva y habitual de dinero–.

El caso del Fondo Premium comenzó en junio de 2013, cuando los abogados Julio Sampedro y Juan David Riveros denunciaron, en representación de un grupo de inversionistas, una serie de irregularidades sobre cómo se estaba administrando la plata que estaba entrando a los fondos de inversión a través de Interbolsa. Supuestamente el dinero iría al exterior, pero terminó siendo transferido a empresas colombianas –Rentafolio Bursátil y Valores Incorporados (propiedad de Ortiz y Jaramillo)– que invirtieron los recursos en operaciones de Fabricato. Es decir, fueron la base del primer capítulo del descalabro de Interbolsa.

En 2008 Interbolsa firmó una serie de contratos de corresponsalía –es decir, promover productos de empresas extranjeras– con tres fondos de inversión constituidos en Curazao, que juntos eran conocidos como los Fondo Premium. El primero de ellos era el Premium Capital Apreciation Fund, el cual era propiedad de una empresa llamada Premium Capital Advisor –constituida en Bahamas y que era propiedad de Ortiz y Jaramillo–.

El segundo era el Premium Capital Global Portafolio Fund BV, que además era administrado por Eric Andersen, el estadounidense que aún no ha sido llevado ante la justicia y es ficha clave en el proceso, pues le rendía cuentas a una sociedad llamada Global Advisors Investment Management –creada en Delaware y que era propiedad de Ortiz, Jaramillo, Víctor Maldonado y Rachid Maluf–. Y el tercero era el Premium Capital Individual Portafolio –que a su vez era propiedad del primer fondo–.

Es decir, un enredo empresarial en el que los verdaderos dueños eran Juan Carlos Ortiz, Tomás Jaramillo y Víctor Maldonado, quienes terminaban tomando las decisiones de cómo se administraba el dinero de los fondos. Lo que se descubrió fue que el dinero volvió a Colombia a las empresas de ellos tres, es decir, a sus bolsillos. Sin embargo, si bien la Fiscalía evidenció que la plata se captaba en Colombia y luego volvía al país tras una serie de transacciones, aún no se conoce cómo fueron las movidas en el exterior. Además, se presume, hay plata que quedó escondida en otras cuentas internacionales.

El caso se enreda aún más cuando se descubrió la forma en que intentaron circular la plata en el exterior para no dejar evidencia. Ahí aparecieron dos empresas claves: Intertourist y Andean Capital. La primera fue constituida en Islas Vírgenes, y era de Ortiz y Jaramillo, y administrada por Ricardo Martínez. La segunda fue creada en Panamá y en la que tenía un papel importante Martínez, pues era el tesorero y conocía cómo se gestionaron créditos y movimientos bancarios para mover el dinero de los inversionistas y darles apariencia de legalidad a las transacciones.

En Andean Capital también tuvieron una importante participación Rachid Maluf, Juan Andrés Tirado, Natalia Zúñiga y Claudia Aristizábal. Las dos últimas firmaron los documentos que les permitieron a los dos primeros quedarse con las acciones con derecho a voto (que representaban el 2 %) para tomar las decisiones claves y así cumplir con los intereses de Juan Carlos Ortiz y Tomás Jaramillo. Es más, el otro 98 % era propiedad de uno de los tres fondos, Premium Capital Apreciation Fund, es decir, que los dueños a la sombra también eran Ortiz y Jaramillo.

La Fiscalía logró demostrar las similitudes en las estructuras que tenían las distintas sociedades en el exterior, en la que se repetían los nombres de funcionarios de confianza de Juan Carlos Ortiz y Tomás Jaramillo. Pero no había logrado entender la dinámica de cómo se movía el dinero porque las autoridades de Panamá, Curazao e Islas Vírgenes no colaboraron con la entrega de información al decir que debían respetar el secreto bancario. De ahí radica la importancia para la Fiscalía de firmar un principio de oportunidad con Ricardo Martínez, para entender cómo empresas extranjeras captaron plata de inversionistas colombianos.

El 10 de junio de 2015 se presentó la solicitud ante el entonces fiscal general, Eduardo Montealegre, para darle el principio de oportunidad a Ricardo Martínez. En esa misma fecha se solicitaron los de Juan Carlos Ortiz y Jaramillo. Según la Fiscalía, Ricardo Martínez colaboró desde el inicio de la investigación entregando información de la composición de todas las sociedades implicadas, al explicar la forma en que se beneficiaron algunos inversionistas –como Víctor Maldonado y Alessandro Corridori– y sobre cómo se movió el dinero en Intertourist y Andenan Capital para que terminaran en Colombia en las firmas Valores Incorporados y Rentafolio Bursátil.

Ricardo Martínez se comprometió a entregar más de 1.000 correos electrónicos para establecer las relaciones entre las empresas en el exterior y establecer relaciones entre las órdenes impartidas para realizar transferencias irregulares y los implicados en el escándalo. También aportará bases de datos sobre las cuentas del grupo Fondo Premium en el exterior, documentos sobre los clientes que entraban y salían de Intertourist, dos carpetas –una de 113 folios y otra de 179– en las que están las órdenes de transferencias, extractos y movimientos que se hicieron en Intertourist e Interbolsa.

Según la Fiscalía, esto permitirá develar el modus operandi e identificar los roles de todos los participantes. Ricardo Martínez también será testigo en contra de sus exjefes Juan Carlos Ortiz, Tomás Jaramillo y Rachid Maluf –y del resto de implicados–. En el documento obtenido por este diario se habla de que con la información aportada por Juan Carlos Ortiz, Tomás Jaramillo y Ricardo Martínez la Fiscalía les imputó cargos a nueve personas y precisa “la estructura societaria que había en el exterior”.

Además, la Fiscalía agregó: “La información que aportarán las personas mencionadas, no obstante su calidad, es muy importante porque fue de difícil o imposible acceso para la Fiscalía. En relación con la ubicación del dinero, se ha verificado con ellos operaciones que pueden ser de importancia para la liquidación y se ha verificado el posible destino de los mismos, pero para avanzar se está al tanto del presente principio de oportunidad”. Es decir, que Juan Carlos Ortiz y Tomás Jaramillo entregarán información de sus bienes en el exterior si, y solo si, les dan beneficios en la Fiscalía.

“La información aportada por cada uno de ellos es de gran relevancia, teniendo en cuenta que se aporta a partir de la función o condición que tenían cada uno de ellos en el interior de la estructura societaria (…) por tal motivo la información debe ser valorada en su conjunto y no es posible hacerlo de forma individual, teniendo en cuenta que las sociedades en las que estaban presentes cada uno de ellos cumplía funciones distintas”, se lee en el documento. En pocas palabras, para la Fiscalía la información que aporte Ricardo Martínez no será suficiente sin la colaboración efectiva de Juan Carlos Ortiz y Tomás Jaramillo.

En el principio de oportunidad de Ricardo Martínez se aclara que la Fiscalía no iba a dejar de investigarlo por el delito de no reintegro, pues no se podían desconocer los derechos de las víctimas y su aplicación debe considerarse un interés de la sociedad: “Esta herramienta no puede abrir paso al desprestigio de la administración de justicia”. Ya hay un delator en el bando de la Fiscalía y que es apoyado por las víctimas. El ente investigador también quiere tener de aliados a Tomás Jaramillo y Juan Carlos Ortiz, aunque las víctimas ya anunciaron que darán la pelea para oponerse a cualquier acuerdo.

Dura oposición

El apoderado de las víctimas, Francisco José Sintura, quien representa a algunos de los inversores de Interbolsa que se vieron afectados por el Fondo Premium, advirtió que el principio de oportunidad de Ricardo Martínez era necesario porque no había quien hablara sobre lo sucedido en el exterior. “No teníamos un delator de las operaciones en el exterior. Ni la Fiscalía ni nosotros tenemos la suficiente información y conocimiento de lo que sucedió en el exterior”, advirtió Sintura.

El abogado agregó que se necesita saber dónde está el dinero. Sin embargo, insistió en que se opondrá a cualquier acuerdo entre la Fiscalía y Juan Carlos Ortiz y Tomás Jaramillo, como lo ha venido haciendo desde noviembre de 2015, cuando se enteró de la intención de darles un principio de oportunidad: “Ellos son los cabecillas de la organización y ese beneficio se entrega a mandos medios y no a los altos mandos que quieren delatar lo que ellos hicieron. Además, radicamos una denuncia por el tema de lavado de activos que sería el derivado de la captación ilegal”.

“No es la misma situación de Ricardo Martínez. La diferencia es que él era un funcionario que actuaba –sabiendo que estaba mal– bajo las órdenes de ellos dos. Me sorprendería que la Fiscalía pensara en un principio de oportunidad para Tomás y Juan Carlos, porque es desmejorar la figura. Además, no hay sentido en que la Fiscalía los hubiera llamado a juicio, en el que se incluye el delito de captación masiva y habitual, si no tuviera pruebas. Ahora es más fuerte porque tiene como testigo a Ricardo Martínez, que trabajó con ellos. Y eso es lo que vale en un principio de oportunidad, poder ser testigo, porque me pregunto: ¿contra quién van a declarar Ortiz y Jaramillo? Ellos sólo contarán cómo hicieron el tumbado”, puntualizó Sintura.