La Corte Constitucional tomó una decisión de fondo respecto a una tutela presentada por Jineth Prieto, periodista de La Silla Vacía, quien solicitó, a través de un derecho de petición, información sobre el manejo de la campaña presidencial que llevó a Gustavo Petro a la Casa de Nariño en 2022. Esa petición se la hizo llegar a Ricardo Roa, hoy presidente de Ecopetrol, quien para entonces se desempeñaba como gerente de campaña del mandatario. Sin embargo, la actual cabeza de la petrolera estatal nunca respondió. El alto tribunal le dio un plazo de 10 días a Roa para responder las preguntas de la periodista.
La comunicadora presentó la petición el 6 de junio de 2023, señalando que ejerce como periodista en un medio de comunicación y que, por esos motivos, requería una respuesta de Roa sobre el manejo de recursos durante la campaña. Precisamente, Prieto buscaba conocer detalles sobre los gastos de la campaña política, el registro de los mismos y su reporte ante el Consejo Nacional Electoral.
La solicitud, sin embargo, no fue contestada, por lo que la periodista envió otra petición el 30 de junio, la cual tampoco fue respondida. Así pues, la comunicadora presentó una tutela en busca de una respuesta “de fondo, clara, completa, oportuna y efectiva”. En primera instancia, el Juzgado Tercero Penal Municipal de Control de Garantías de Bogotá negó el recurso, argumentando que “el demandado no presta un servicio público, no ejerce funciones públicas o actividades que comprometan el interés general y no ostenta una posición que someta a la accionante a una situación de indefensión o subordinación”.
El caso llegó hasta la Corte Constitucional que, a través de la Sala Segunda de Revisión, estudió el recurso y revocó las decisiones de los jueces de primera instancia, amparando así los derechos de la comunicadora. El alto tribunal, en su decisión, precisó que “el derecho de petición resulta determinante para la efectividad de los mecanismos de la democracia participativa, dado que permite garantizar otros derechos constitucionales, como los de acceso a la información, la libertad de expresión y la participación política”.
De igual manera, la alta corte agregó que todas las personas tienen derecho a acceder a los documentos públicos, salvo las excepciones que establezca la ley, y reiteró que “el acceso a la información es una garantía fundamental cuyo ejercicio goza de protección jurídica y, a la vez, implica obligaciones y responsabilidades”. Además, agregó que “la jurisprudencia de esta corporación ha establecido que en esta materia, los periodistas tienen una protección constitucional especial, porque ejercen una función de particular importancia en la sociedad”.
La Corte, además, concluyó que toda información que tenga que ver con ingresos y gatos de campañas electorales es de interés público. Así mismo, estableció que el gerente de una campaña electoral a la Presidencia es “su representante oficial y tiene deberes de reporte, garantía de veracidad y conservación de los datos de ingresos y gastos, y rendición de cuentas”. Y, por último, dejó en claro que los derechos de petición de periodistas tienen especial protección constitucional, en especial cuando se trata de asuntos de relevancia social. Por estos motivos, señaló la Corte, Roa tenía la obligación de responder la petición presentada por la periodista
El actual presidente de Ecopetrol ha estado, desde hace varios meses, en el centro de la discusión sobre la presunta financiación irregular de la campaña del presidente Gustavo Petro, y que surgió de la mano del caso de Nicolás Petro, hijo del mandatario, y ha venido creciendo con la aparición de otros elementos. El pasado mes de abril, Roa asistió a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes para dar su versión sobre las investigaciones; no obstante, guardó silencio.
De hecho, esa corporación también indaga si la campaña violó los topes de gastos electorales con el pago de testigos para el día de las votaciones y los escrutinios, y el aporte de $500 millones de Fecode a Colombia Humana, que según algunos documentos habrían terminado invertidos en la campaña por la Casa de Nariño.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.