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“Usted y José Leonidas Bustos promovieron y dirigieron una organización criminal a la que integraron, entre otros, a Gustavo Moreno, a Leonardo Pinilla y a Gustavo Malo; organización dedicada a cometer delitos indeterminados que afectaron la seguridad, la administración pública y la recta impartición de justicia (...) nunca antes a tan alto nivel se había prostituido la profesión de abogado en el ejercicio de la magistratura”. El fiscal Jaime Camacho Flórez, quien asumió como delegado ante la Corte Suprema de Justicia el 1º de septiembre de 2016, resumió de esa forma los delitos que, en criterio de la Fiscalía, el exmagistrado Francisco Ricaurte cometió. (Vea: Francisco Ricaurte, del cielo al infierno)
La expectativa en los juzgados de Paloquemao en Bogotá este jueves 21 de septiembre estaba puesta en la llegada del exmagistrado Francisco Javier Ricaurte Gómez, quien había pasado la noche en los calabozos del búnker de la Fiscalía. Antes de las 4:00 p.m. de la tarde, el abogado llegó a los juzgados rodeado por más de siete agentes del CTI de la Fiscalía que lo acompañaron hasta la sala de audiencias. El expresidente de la Corte Suprema de Justicia se sentó, por primera vez en toda su carrera en la Rama Judicial, en el banquillo de los acusados. Después de más de 10 horas de audiencia, la jueza 40 de control de garantías de Bogotá lo envió a la cárcel La Picota de Bogotá, mientras se adelanta la investigación en su contra. (En contexto: Investigación contra Gustavo Moreno por corrupción aterrizó en la Corte Suprema)
Fue una audiencia llena de información y de datos claves para este, el peor escándalo de corrupción que ha vivido el alto tribunal al que Ricaurte perteneció. Entre otras cosas, el fiscal Camacho dio detalles muy puntuales sobre alguien que ha permanecido a la sombra en el escándalo, a pesar de ya tener una indagación preliminar en la Corte Suprema: el senador liberal Álvaro Ashton. Inicialmente, por las grabaciones de la DEA, se había dicho que Ashton habría pagado $300 millones a Gustavo Moreno para influir en decisiones de la Corte. Según el fiscal, la cifra fue cuatro veces mayor: $1.200 millones. (Le puede interesar: Guía para entender la captura del exmagistrado Francisco Ricaurte)
Con respecto a este tema, el fiscal Camacho soltó una bomba: “El caso número uno tiene que ver con Álvaro Antonio Ashton Giraldo, quien estaba siendo investigado por la Corte Suprema, en donde se buscaba establecer la posible relación con el bloque Norte de las autodefensas. Se estableció que a través de diligencias de inspección se obtenían copias de algunas piezas, entre ellas un cuaderno reservado que tenía las órdenes de interceptación realizadas a por lo menos seis líneas telefónicas que eran utilizadas por Ashton”. Según la Fiscalía, Ashton le pagó a Ricaurte para evitar una investigación formal en su contra por parapolítica, proceso que aún está en el despacho del magistrado Gustavo Malo.
El fiscal confirmó que esta versión la tiene gracias a las declaraciones de Gustavo Moreno, el hombre que se encargaba de recibir los pagos que, supuestamente, iban para Ricaurte y para José Leonidas Bustos. “Álvaro Ashton pagó $1.200 millones con la finalidad de lograr el archivo de su investigación, pero eso al final no se materializó”, señaló el fiscal Camacho. “Entonces optaron por dilatarla. Son circunstancias de las que puede dar cuenta la declaración del propio (exmagistrado auxiliar José) Reyes y corroboradas en el interrogatorio de Luis Gustavo Moreno ante la Fiscalía como en el testimonio ante la Corte Suprema de Justicia. (Álvaro Ashton: el senador que más visitó a Francisco Ricaurte)
En la audiencia de imputación de cargos contra Ricaurte, por los delitos de concierto para delinquir agravado, uso indebido de información privilegiada, cohecho (soborno) y tráfico de influencias, salió además al ruedo un nombre que no estaba en el radar de nadie: Juan Carlos Abadía, exgobernador del Valle. La investigación señala que, entre 2015 y 2016, Alfredo Betín Sierra (fiscal delegado ante la Corte Suprema que renunció este miércoles) llevaba varias actuaciones contra Abadía. “Ricaurte y el exfiscal Alfredo Betín Sierra acordaron, por una parte, orientar las investigaciones hacia posibles decisiones de archivo, dos de las cuales se alcanzaron a expedir”, dijo el fiscal Camacho. (Francisco Ricaurte es inocente: abogado del exmagistrado)
El funcionario añadió que la otra misión era evitar imputaciones contra el político vallecaucano, a quien Gustavo Moreno también representó. A finales de 2016, el hoy exfiscal (Betín) le informa a Ricaurte que en una de las actuaciones estaba obligado a formular imputación en contra del exgobernador. Como Moreno había sido nombrado fiscal, renuncia a los poderes y le otorga el poder a Leonidas Bustos o a abogados que éste designó. Finalmente, como lo anunció Betín, ante las presiones de la nueva administración de la Fiscalía, la imputación tuvo que ser formulada. La audiencia, por celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos y peculado, se hizo en marzo de este año.
Sobre el tema de Musa Besaile, la Fiscalía detalló uno a uno los pagos que habría hecho hasta completar los $2.000 millones que pactó con él Gustavo Moreno por “orden” de Ricaurte. El primero habría sido por $390 millones, en la oficina de Luis Ignacio Lyons, cerca de la medianoche en el primer semestre de 2015, “de los cuales (Ricaurte) recibió de manera directa de Moreno $290 millones”. El segundo fue en la casa de Moreno por $300 millones, de los que $250 habrían sido para Ricaurte. El exmagistrado, dijo la Fiscalía, “desaprobó” que Lyons se quedara con $150 millones. Y el dinero restante, $1.310 millones, los habría recibido Ricaurte “de manera directa del senador Besaile”. De ese dinero, dijo la Fiscalía, iba una “tajada” para el magistrado Gustavo Malo.
Desde el pasado miércoles, 20 de septiembre, el exmagistrado Ricaurte está siendo oficialmente investigado por la Fiscalía por cuatro delitos que, para alguien que ha sido juez de la República, resultan absolutamente graves: concierto para delinquir agravado —asociarse con otros para cometer delitos—, cohecho —soborno—, tráfico de influencias y uso abusivo de información privilegiada. Este jueves, en los juzgados de Paloquemao en el occidente de Bogotá, esos fueron los cargos que le imputó la Fiscalía al exmagistrado, quien, por medio de su abogado, se declaró inocente desde antes de que la audiencia comenzara.
“(El exmagistrado Ricaurte) no va a aceptar ningún delito. Vamos a responder, a ejercer el derecho de defensa y a exigir que se respete el debido proceso para demostrar su absoluta inocencia”, dijo en Blu Radio Álvaro Luna, defensor de Francisco Ricaurte, el jueves en la mañana. Y agregó: “El doctor Ricaurte se acercó a la Fiscalía antes de que la orden de captura estuviera en firme (…) es una persona que viene trabajando en la Rama Judicial desde muchacho. No es un aparecido. Es un académico, ha desempeñado cargos con lujo de detalles y no tienen un solo antecedente”
En la audiencia, el abogado Luna insistió: “Quieren enlodar el buen nombre de un exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia”. Por su lado, el exmagistrado Francisco Ricaurte no aceptó los cargos que le imputó la Fiscalía. “No acepto los falsos cargos provenientes de reconocidos testigos criminales”, dijo refiriéndose sobre todo a Gustavo Moreno, cuyos testimonios, se hizo evidente en esta diligencia judicial, han resultado fundamentales para la Fiscalía. "La justicia está herida (...) Dolor de patria porque esta toga debemos portarla con orgullo. Nos exige y nos recuerda que la justicia es un valor supremo consagrado en nuestra Constitución", resaltó la jueza que envió a La Picota a Ricaurte, quien pasará a la historia del país como el primer exmagistrado de la Corte Suprema, o de un alto tribunal, en ser enviado a prisión.