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“La Fiscalía prometió al inicio de este juicio que iba a probar la existencia de los delitos de concierto para delinquir, cohecho -soborno- por dar u ofrecer y tráfico de influencias”. Con esas palabras la fiscal Claudia Vanegas inició la audiencia de alegatos finales, en medio del juicio penal que enfrenta el exmagistrado Francisco Ricaurte, quien es señalado como uno de los principales participantes del cartel de la toga. Se trataba de una “empresa criminal”, según la Fiscalía, donde se tramitaban decisiones judiciales en la Corte Suprema de Justicia.
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De acuerdo con la fiscal Vanegas, el exmagistrado Francisco Ricaurte, quien fue llamado a juicio en marzo de 2018, habría conformado una empresa de abogados fachada donde congresistas y altos funcionarios recurrían para tramitar servicios en la Corte Suprema de Justicia. La delegada de la Fiscalía le pidió al juez del caso que le otorgara la mayor credibilidad al testimonio de Luis Gustavo Moreno, exfiscal anticorrupción, quien durante el proceso ha dicho que él y Ricaurte conformaron un supuesto bufete de abogados, donde excongresistas con procesos por paramilitarismo pagaron millonarias sumas para trabar sus casos en la alta corte.
“Dado su carácter de ser uno de los integrantes de esa organización conoció de primera mano lo que hacían los demás. Él recibía poderes, se reunía con los clientes, recibía en algunas ocasiones los pagos, eso le permitía conocer de manera personal y directa los hechos”, dijo la fiscal. Actualmente, el exfiscal Moreno paga una condena de 4 años y 10 meses, tras aceptar su participación en la “empresa criminal” y luego de comprometerse a dar nombres. De hecho, en medio del juicio contra Ricaurte, el mismo Moreno testificó que el exmagistrado “era la persona que mejor relación tenía con la parte política”, dijo el 13 de agosto de 2020.
Sin embargo, el exmagistrado Ricaurte ha asegurado que su proyecto profesional nunca estuvo enfocado en trabajar con Moreno, quien a mediados de la década pasada era el defensor de un puñado de congresistas que tenían investigaciones por paramilitarismo. Tal es el caso de Álvaro Ashton, quien el 28 de enero de 2020 aceptó haber pagado $800 millones a la “empresa criminal”, para que le ayudaran a tumbar una investigación en la Corte Suprema de Justicia. Ricaurte testificó que nunca supo de las actividades ilegales de Moreno y que, en realidad, tuvo varios “encontronazos” en el tiempo que trabajaron en el supuesto bufete de abogados.
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Sin embargo, para la Fiscalía, esos “encontronazos” no serían otra cosa que una fachada de Ricaurte, con la cual intentaría eludir la acción de la justicia y hacerle entender al juez que nunca tuvieron una relación amistosa. Además, en la audiencia de alegatos finales, la fiscal Vanegas explicó que “el procesado quiere hacer ver que su relación con Moreno inició por iniciativa del exfiscal Anticorrupción. No solo en la forma en que se conocieron, sino porque a lo largo de su testimonio intentó ver sus reuniones como fruto de la casualidad, a veces de la supuesta habilidad de Moreno para aproximársele”.
Y siguió con sus alegatos: “(la defensa de Ricaurte) muestra un personaje salido de la mejor obra de estafadores a Luis Gustavo Moreno, que hasta toma clases de teatro y que su genialidad le llevó a crear una historia en la que como único protagonista se aprovechó del magistrado Ricaurte”, y de los demás togados de la Corte Suprema, aseguró la Fiscalía. “Quiso probar la defensa que Luis Gustavo Moreno se aprovechó del conocimiento que tenía de los magistrados José Leónidas Bustos (también investigado) y Francisco Javier Ricaurte para montar una organización criminal y era él quién conseguía los clientes, obtenía la información, era quien cobraba las sumas de dinero, y se gastaba el dinero”, concluyó la fiscal Vanegas.
El exmagistrado Francisco Ricaurte, por su parte, también se ha referido a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia investigados por el cartel de la toga, entre ellos el funcionario suspendido de la Sala Penal, Gustavo Malo. Ricaurte explicó bajo juramento que solo se trataba de una “amistad estrecha” y que “asistían mutuamente a sus cumpleaños”. Sin embargo, durante el proceso, Luis Gustavo Moreno ha testificado que en el despacho de Gustavo Malo, tras inmediación de Ricaurte, los clientes compraban la “tranquilidad de que, a pesar de que hubiera evidencia o de que estuviera un funcionario instruyendo y tuviera esa convicción, no se fuera a tomar una decisión que los afectara”.
La Fiscalía asegura que Ricaurte, durante su supuesta actividad criminal, intentó darle apariencia de legalidad a los negocios ante la Corte Suprema de Justicia. “Desde el inicio el señor Ricaurte ha tratado de mantenerse en la clandestinidad al límite o aparecer en lo que menos se requería. Él mantenía fuera su nombre de los terceros extraños a la organización. Sin embargo, esos clientes tuvieron contacto con el acusado, aparte de tratar con Luis Gustavo Moreno”, aseguró la fiscal Vanegas. Uno de esos “terceros” sería Luis Ignacio Lyons, quien para la época del cartel de la toga era abogado de los excongresistas Álvaro Ashton y Musa Besaile.
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De hecho, el pasado 23 de febrero el exabogado Luis Ignacio Lyons fue llamado a juicio por la Fiscalía, pues habría puesto sobre la mesa $2.000 millones para que su cliente, el excongresista Musa Besaile, tuviera mejor fortuna en una investigación por parapolítica que estaba en las carpetas del magistrado Gustavo Malo. Al parecer, como lo asegura la Fiscalía, el exmagistrado Francisco Ricaurte habría advertido a Luis Gustavo Moreno que la Corte Suprema estaba alistando una orden de captura contra Besaile. Moreno, a su vez, el envió el mensaje al abogado Leonardo Pinilla -condenado el año pasado-, quien le dio la noticia al defensor Luis Ignacio Lyons.
El mismo abogado Leonardo Pinilla, quien obtuvo una rebaja de pena por su colaboración a la justicia, habría coordinado una reunión en la Pescadería Jaramillo de la 93, en Bogotá, para revelar la información conocida por el exmagistrado Ricaurte, “amigo persona de Gustavo Malo”, repite la Fiscalía. “Al recibir esa información, Lyons España le preguntó a Luis Gustavo Moreno cómo se podía evitar dicha captura, obteniendo como respuesta que eso se podía lograr por una suma de $3.000 millones”, agrega el ente investigador, en la acusación contra Lyons. En el mismo documento conocido por El Espectador, la Fiscalía cuenta que la cifra se pactó finalmente en $2.000 millones y, además, que Francisco Ricaurte se habría sentido incomodo ante la cantidad personas en la operación, por lo que supuestamente pidió línea directa con Musa Besaile.
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Sin embargo, magistrados de la Corte Suprema de Justicia han indicado que nunca conocieron de presiones en la alta corte, para torcer procesos por parapolítica. Tal es el caso del exmagistrado Leónidas Bustos, quien aseguró que tenía ordenes directas que no le permitían, en lo posible, dejar extinguir caso alguno. “Yo era muy celoso con los términos de prescripción y cada que llegaba un caso a mi despacho le pedía al magistrado auxiliar que registrara la fecha para que no fueran a prescribir, pero jamás conocí un caso de prescripción”, dijo durante el juicio de Ricaurte, el 26 de enero de 2021. Sin embargo, actualmente el exmagistrado Bustos es investigado por la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, como supuesto miembro del cartel de la toga.
Así mismo, la defensa de Ricaurte llamó al funcionario Héctor Casanova, quien desde 2016 es magistrado auxiliar en la Sala Penal de la Corte Suprema. “Que un proceso le prescriba a uno significa la muerte jurídica de uno”, aseguró bajo juramento. A sus palabras adhirió el magistrado Rafael Calderón, auxiliar delegado para la parapolítica en la misma alta corte: “La prescripción es una sanción por no hacer cumplir la pena en el tiempo determinado por la ley”. Ambos coincidieron en que nunca recibieron presión alguna, ni tampoco escucharon a sus compañeros hablar de constreñimientos. Con testimonios con de esa naturaleza, sumados a otras decenas de pruebas, la defensa del exmagistrado Ricaurte pretende que el juez del caso lo declare inocente. Para convencerlo, solicitaron un estimado de ocho horas para presentar sus alegatos finales, los cuales empezarán mañana.