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Condenado por más de 46 falsos positivos, el coronel retirado del Ejército Robinson González del Río recuperó su libertad en 2018 por someterse a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Pero en marzo pasado, cuatro años más tarde, volvió a prisión porque se le señala de ponerse al servicio del difunto narcotraficante Matamba y su grupo criminal Cordillera, que delinque en Nariño. Es decir, González habría cometido delitos con posterioridad al Acuerdo de Paz y ahora la JEP estudia si expulsarlo por esa razón.
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El Espectador conoció la decisión de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas con la que se abre un incidente de cumplimiento en contra de González del Río. Este es el trámite que tiene que iniciar cualquier sala de la JEP para determinar si un compareciente —militar o exguerrillero— incumplió sus deberes con la jurisdicción. Según promete la magistrada ponente, Claudia Rocío Saldaña, en el auto: “la SDSJ verificará el caso que nos ocupa de manera rigurosa y con base en criterios de proporcionalidad y razonabilidad”.
El incidente se abrió por solicitud de la Corporación Jurídica Libertad, la Red de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos (dh Colombia) y el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), organizaciones de derechos humanos que defienden a familiares de falsos positivos y que habían solicitado desde junio que Robinson González fuera expulsado de la JEP. Para entonces, los abogados del militar retirado ya habían pedido a la justicia especial que ordenara cambiar su sitio de reclusión, pues consideran que está en riesgo su vida.
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El propio González le había escrito a la JEP desde marzo que el expediente judicial que lo vincula con la organización narcotraficante de Matamba y puntualmente en hechos que habrían tenido lugar en 2019, sería un complot en su contra. El 7 de marzo, González pidió: “se me sea escuchado lo antes posible para exponer mis argumentos y se me permita seguir aportando verdad total incluyendo los hechos actuales que se me imputa ya que tengo los argumentos que fui utilizado por el Ejército con el fin de entorpecer mi proceso del cual hago parte en el Caso No. 003 de la JEP y donde mi aporte a verdad ha sido total”.
En mayo, este diario reveló apartes de lo que ha contado González en sus versiones ante la JEP. Allí declaró, entre otras cosas: “Somos formados, perdóneme la expresión tan fuerte, para matar. Quisiera hacer una demostración con mi cuerpo: cuando entro a la Escuela de Cadetes me enseñan a disparar y el primer fundamento es que debo pasar la materia sobre 7. Y si me dicen que esto es 10 (se señala en el centro de la cara), que esto es 9 (los ojos), que esto es 8 (la frente), que esto es 7 (más arriba), y que si pego un 6 no me voy a graduar… O sea que me enseñan a disparar para matar”.
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Ahora, tanto las asociaciones de víctimas como la defensa de González y la Procuraduría tienen algunos días para entregarle pruebas a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas. Actualmente, el coronel retirado se encuentra en prisión preventiva por los delitos de concierto para delinquir agravado, entrenamiento para actividades ilícitas y utilización ilegal de uniformes e insignia.
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