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Rodolfo Hernández, el exalcalde de Bucaramanga que llegó a la administración local bajo la promesa de no ligarse nunca a la politiquería y a la corrupción, va a juicio. El 1° de julio pasado la Fiscalía radicó el escrito de acusación en su contra por el escándalo de Vitalogic cinco meses después de que le imputara el cargo de interés indebido en celebración de contratos, el cual no aceptó el exmandatario. De acuerdo con la Fiscalía, está pendiente la fecha de la audiencia en que se lea la acusación.
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De acuerdo con el ente acusador, el exalcalde de Bucaramanga estaría involucrado en hechos de corrupción, luego de que se encontraran irregularidades en un contrato de asesoría en la Empresa Municipal de Aseo de Bucaramanga (EMAB) que presuntamente benefició a su hijo, Luis Carlos Hernández.
La Fiscalía sostiene que hay evidencias de que el exmandatario local intervino para que el contrato de consultoría 096 de 2016 fuera adjudicado a la empresa Vitalogic RSU. El contrato entre la compañía y la Empresa Municipal de Aseo de Bucaramanga tenía como objetivo la implementación de nuevas tecnologías en el relleno sanitario de El Carrasco.
Según los señalamientos de la Fiscalía, el hijo de Hernández habría pactado repartir comisiones por la adjudicación de ese contrato a la empresa Vitalogic RSU. El documento, dice el ente investigador, contó con las firmas del asesor de la Empresa de Aseo de Bucaramanga, Jorge Hernán Alarcón, y el contratista de Vitalogic, Carlos Gutiérrez.
“Antes de que se iniciara la licitación de las basuras en Bucaramanga, ya el alcalde Rodolfo Hernández había designado unas ‘calaveras’ como vulgarmente las llama; es decir, unas personas para que realizaran los pliegos de la licitación y la misma fuera adjudicada a la empresa de su preferencia, esto con el fin de que su hijo Luis Carlos Hernández recibiera un pago de US$100 millones”, dice en el expediente publicado por el diario Vanguardia Liberal en 2017.
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Por su parte, el representante legal de Vitalogic RSU, José Manuel Hormaza, dijo en esa ocasión que tampoco conocía la existencia de ese acuerdo. Durante la última diligencia del proceso el pasado mes de febrero, el exalcalde advirtió que se trata de “una clara persecución política a una persona que aspira a la Presidencia de la República, que ha luchado con toda su alma para derrotar la corrupción y hoy esa corrupción me llama a juicio por delitos que nunca se cometieron”.
Por el escándalo ya han sido acusadas cinco personas: el exgerente de la EMAB para la época de los hechos, José Manuel Barrera; el jefe de disposición final de la EMAB, Rubén Enrique Amaya y el asesor de esta entidad, Jorge Hernán Alarcón, por los delitos de falsedad en documento privado, contrato sin cumplimiento de requisitos legales e interés indebido en la celebración de contratos. Así mismo, la Fiscalía también acusó al exdirector Jurídico de la EMAB, César Fontecha, y al exsubgerente Técnico y Operativo de esta empresa, Abelardo Durán Leiva, por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad ideológica en documento público.
Ninguno de los involucrados en este escándalo ha aceptado cargos. Todos sostienen que son inocentes.