La Procuraduría sancionó con destitución e inhabilidad para ejercer cargos públicos por 14 años al excandidato presidencial, y exalcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández. Fue declarado disciplinariamente responsable por mover sus fichas en la alcaldía en un proceso contractual de 2016. El proyecto buscaba la adquisición de tecnología de aseo para la capital santandereana y Hernández aprovechó su cargo para que su hijo, Luis Carlos Hernández, resultara beneficiado.
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Se encontró “probado su interés indebido en el proceso de selección destinado a la asignación del contrato para el aprovechamiento y disposición final de residuos sólidos a la unión temporal Vitalogic RSU que, de resultar contratada, le daría beneficios económicos a su hijo (Luis Carlos Hernández), en virtud de un contrato de porcentaje previamente acordado”, explicó el órgano de control.
El contrato data de 2016, cuando Rodolfo Hernández estaba a cargo de Bucaramanga y la Empresa Municipal de Aseo de la ciudad (EMAB) requirió una contrato para consultar si podía tener una tecnología que convirtiese la basura en energía. Según el fallo, el entonces alcalde tuvo contacto directo con los potenciales contratistas de Vitalogic RSU, a quienes les entregó información privilegiada para que presentaran una oferta acomodada a los intereses de ambas partes. Y así, obtener una ventaja sobre los demás competidores en el proceso de selección público.
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La Procuraduría comprobó que Hernández tuvo una reunión en Bogotá con emisarios de la compañía (Vitalogic RSU), “no como un acto de cortesía para oír propuestas”, sino para conocer como se había estructurado el proyecto que previamente había solicitado. En esa misma reunión se acordó designar la persona que elaboraría los términos que permitieran que la empresa fuera la seleccionada. Según el expediente, el hijo de Rodolfo Hernández, como intermediario, iba a obtener hasta US$100 millones si Vitalogic RSU quedaba seleccionada.
Asimismo, se encontró probado que el exalcalde “adelantó acciones destinadas a coaccionar al director jurídico de la Empresa de Aseo de Bucaramanga (EMAB), a quien instó a omitir las reglas de contratación y el manual existente para lograr que se formalizara el negocio de basuras”. La Procuraduría lo sancionó por los cargos de interés indebido en la celebración de contratos y de coacción. Sin embargo, el político tiene la opción de llevar su proceso a segunda instancia. Aun así, la Fiscalía también lo tiene en juicio penal por los mismos hechos y el encargado de dictar sentencia será el Juzgado Décimo Penal de Conocimiento de Bucaramanga.
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