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La Fiscalía pidió cerrar la investigación contra dos empresarios que hace apenas un mes había llamado a juicio en el caso de la Ruta del Sol III. Se trata de Gilberto Hernán Saldarriaga, y Gilberto Ramírez Varela, quienes recibieron en sus cuentas dinero con el cual, supuestamente, se pagarían millonarios sobornos a la cadena de corrupción que permitió que los contratistas hicieran una jugadita en la megaobra. A juicio del fiscal del caso, el exgerente de la campaña reeleccionista de Santos, Roberto Prieto, “utilizó” a los dos empresarios, quienes no habrían tenido idea de que estaban inmersos en un delito.
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El hecho concreto que desató la investigación de la Fiscalía fue la firma del Otrosí N°5 en el contrato de la Ruta del Sol III, entregado a la concesionaria Yuma. Según el ente investigador, Roberto Prieto y el presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura, Luis Fernando Andrade, acordaron aprobar la construcción de un puente entre Plato y Zambrano (Madgdalena) con un otrosí, a cambio de sobornos que utilizaron para tapar unos huecos en las finanzas de la campaña presidencial. Andrade lo niega, pero Prieto aceptó cargos y dio información que llevó a vincular a Gilberto Hernán Saldarriaga, y Gilberto Ramírez Varela, representantes de las empresas Megaland y Business M&E, respectivamente.
Sin embargo, ahora la Fiscalía sostiene que ninguno de los dos cometió un delito. A las cuentas de Gilberto Hernán Saldarriaga ingresaron $754 millones y a las de Gilberto Ramírez Varela $280 millones. Es un hecho demostrado, que ninguno de los dos niega. De hecho, el fiscal del caso dijo en audiencia: “obran documentos que llevan a la conclusión de que, efectivamente, Eduardo José Zambrano giró dinero en favor de Saldarriaga y Ramírez”. Pero, añadió, “esas consignaciones fueron hechas a pedido de José Roberto Prieto Uribe”.
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Aunque hace apenas un mes el fiscal llamó a juicio a los empresarios de Megaland y Business M&E, ahora dice que fueron utilizados. “José Roberto Prieto utilizó a los imputados para llevar a cabo actividades delictuales, siendo que los conoce y son sus amigos, ha efectuado negocios con ellos. Les solicita un favor por su amistad y ellos, Gilberto Hernán Saldarriaga, y Gilberto Ramírez Varela, le conceden los favores, teniendo en cuenta la posición social que ostentaba Prieto”, señaló el fiscal en una audiencia en la que pidió la preclusión del proceso.
Es decir, que se archive. Por dos razones. La primera, porque al parecer no habría delito. “Aquí hay que ser muy claros: el delito que se les imputó es el de lavado de activos, pero este requiere para su configuración del conocimiento que tuvieran ellos que el dinero recibido viniera de una conducta delictiva, algo que no se encuentra demostrado aquí”, explicó el fiscal del caso. La segunda razón, es porque no habría forma de probar en juicio que los empresarios conocían el origen ilícito del dinero. Si bien la Fiscalía tiene pruebas y al menos 14 testimonios, todas apuntan a que ni Saldarriaga ni Ramírez sabían que había un millonario soborno de por medio.
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“Teniendo en cuenta la posición y los cargos que había mantenido Roberto Prieto, no les hacía sospechar de manera alguna a los imputados que el ingreso de esos dineros a sus cuentas fueran producto de una conducta delictiva. Los imputados ni siquiera sospechaban que estuvieran participando de la comisión de un delito”, dijo el fiscal. En cualquier cosa, quien decide si la investigación precluye es el juez. En caso de negar la solicitud de la Fiscalía, Saldarriaga y Ramírez deberán demostrar su inocencia en juicio.
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