“Sabía que esas bajas eran falsos positivos”: cabo Mora tras imputación de la JEP

“Es un paso importante, pero no es el gran paso”, le dijo a este diario el cabo del Ejército, Carlos Eduardo Mora, sobre la imputación que hizo, el 6 de julio pasado, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) por falsos positivos ocurridos en la región del Catatumbo entre 2007 y 2008. Él estuvo ahí, en el teatro de operaciones y fue uno de los primeros en alertar sobre las ejecuciones extrajudiciales presentadas como bajas en combate. En diálogo con El Espectador, Mora recordó cómo vivió esos días, cómo casi fue asesinado por uno de sus compañeros y asegura que, en las versiones libres que les ha tomado la Sala de Reconocimiento a quienes fueron sus compañeros, todavía falta verdad.

En contexto: Falsos Positivos en Catatumbo: ¿Quiénes son los 10 militares imputados en la JEP?

En su relato, el cabo Mora rememoró que, cuando llevaba apenas unos meses en el Catatumbo, conoció al cabo (r) del Ejército, Rafael Antonio Urbano, cuando este se unió a la Central de Inteligencia de Ocaña (Cioca) en 2007. El primer resultado recuerda de Urbano fue la incautación de una caleta de armas que dejó como resultado una supuesta baja en combate. Una fuente en la morgue le dijo a Mora que se trataba de un vecino con antecedentes psiquiátricos. Tiempo después, Urbano citó al cabo en el distrito Aguas Claras y, cuando Mora se negó a fusilar a un par de informantes, asegura, Urbano le apuntó con un arma en la frente. Se trataba de dos paramilitares que llegaron al mismo lugar bajo engaños y que escaparon porque Mora no quiso matarlos.

Urbano es uno de los diez militares imputados y llamados a reconocer responsabilidad por falsos positivos en Catatumbo. Mora, dice, se salvó esa noche tras gritarle a Urbano que, si algo le pasaba, había dejado instrucciones. Su muerte también era la sentencia de Urbano. Desde entonces, Mora conoció una red de muerte en la Brigada Móvil 15 (BRIM15) y en el Batallón de Infantería N°15 General Francisco de Paula Santander (BISAN), en Norte de Santander, que para la JEP fue una “organización criminal”. Entre los imputados está el general (r) Paulino Coronado, excomandante de la Brigada 30, a cargo de las dos unidades implicadas.

“Es un paso importante, pero no es el gran paso. Todavía falta que estas personas reconozcan lo que hicieron. Quienes hemos estado en la JEP, sabemos que hay inconsistencias en sus declaraciones, sobre todo de los altos mandos. Para mí es motivo de felicidad saber que prácticamente los militares que menciono en el libro (La verdad del cabo Mora), estos comandantes de la BRIM15, son los primeros imputados en la JEP”, dijo Mora en diálogo con El Espectador. El militar, exiliado y hoy instructor de derechos humanos, fue uno de los primeros uniformados en revelar la siniestra estrategia para aumentar los resultados operacionales del Ejército.

Video: “Son crímenes de lesa humanidad”: JEP sobre caso de falsos positivos en Catatumbo

“La guerra se mide en litros de sangre”, asegura haberle escuchado a sus superiores. Pero él no era así: Carlos Eduardo Mora vivió su niñez en Ciudad Bolívar, en Bogotá. Quiso ser militar desde que unos soldados salvaron a su hermana de la persecución de una pandilla. De personalidad tranquila, parecía una locura que entrara al Ejército. Su padre biológico, un antiguo soldado que conoció apenas tras cumplir la mayoría de edad, le dio un empujón para que en 2003 entrara a la Escuela Militar de Suboficiales, en Tolemaida. Allí forjó su carácter y encontró su primer oficio: militar de inteligencia. Luego fue trasladado de Bogotá a Ocaña en 2005 y allí fue testigo del horror.

Primero, porque descubrió que el precio a pagar para tener premios y vacaciones era la vida de inocentes. El cabo Mora recuerda que, para 2006 la Cioca, unidad a la que pertenecía, estaba siguiéndole los talones a las disidencias de Víctor Ramón Navarro, alias Megateo (quien murió en 2015 en un operativo). Sin embargo, los números de bajas estaban muy por debajo de lo esperado por los altos mandos. De acuerdo con Mora, el 20 de septiembre de 2006, Juan Manuel Santos, entonces ministro de Defensa, anunció cambios en la comandancia de la BRIM 15 y fue así que el coronel Argemiro Reyes Cristancho fue relevado por el coronel (r) Santiago Herrera Fajardo.

“Santos envió al coronel Santiago Herrera Fajardo a la BRIM 15, me imagino que fue recomendación de los comandantes del Ejército. Lo nombró nuevo comandante porque la brigada móvil no daba los resultados que tenían que darse”, explicó Mora. Herrera Fajardo es otro de los imputados por la JEP: se le señala de estar detrás de por lo menos 43 falsos positivos. Al parecer, alteró la línea de mando y el Estado Mayor de la brigada, para contar con personas de confianza que llevaran a cabo los crímenes. Con la llegada de Herrera, además, se habría pagado a reclutadores para que engañaran a personas vulnerables, ofreciéndoles trabajo, para luego asesinarlos y presentarlos como bajas.

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Bajas. Positivos. Números y más números. Esas eran las metas que buscaban los altos mandos, según la JEP. Mora cuenta que el 1 de diciembre de 2006 fue el punto de giro para la BISAN. Ese día, 17 soldados murieron tras una emboscada del frente 33 de las Farc. Ahí tomó la comandancia de la BISAN el coronel Álvaro Diego Tamayo, quien buscaría cambiar el rostro de la unidad, solo que, según el cabo, recurriendo a métodos que involucrarían la vida de inocentes. “Era una unidad sin resultados. De una vez se incrementaron las cifras de bajas de combate en contra del supuesto enemigo. Pero yo ya sabía que esas bajas eran falsos positivos”, explicó Mora.

Entre el 22 de enero de 2007 y el 7 de noviembre de 2008, Tamayo se hizo cargo de la BISAN. Según imputó la JEP, presionó a sus subalternos para que aumentaran las bajas reportadas. Además, su trabajo en la “organización criminal” habría sido falsificar escenas del crimen, por ejemplo, enviando armas y material de intendencia. Mora dice que tenía idea de ello, pues sus informantes, quienes buscaban la desmovilización, se lo dijeron y él asegura haber confrontado a militares de la BRIM15 que lo obligaron a callarse por meses. A finales de 2007, luego de traslados en los que, dice, habrían buscado su muerte, llegó a Bogotá y denunció los hechos en la Central de Inteligencia.

De allí lo remitieron a la Fiscalía 19 de derechos humanos de la capital. Asegura que un general del Ejército le dijo: “El general (r) Mario Montoya —entonces comandante del Ejército— no quiere que esto se sepa”. Pero él se metió en la boca del lobo: Desde entonces, es testigo de la Fiscalía, Procuraduría y la JEP, y ha entregado su versión ante la Comisión de la Verdad y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. “Han intentado decir que yo vendía armamento, que yo era un loco, e incluso pagaron ‘paras’ para decir que yo trabajaba con ellos. El Ejército no puede permitirse que estas barbaridades se olviden. Tenemos que recordárselas a nuestros hombres, a nuestros nuevos oficiales, suboficiales y soldados, para que nunca vuelva a pasar lo que pasó”.

“Es un paso importante, pero no es el gran paso”, le dijo a este diario el cabo del Ejército, Carlos Eduardo Mora, sobre la imputación que hizo, el 6 de julio pasado, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) por falsos positivos ocurridos en la región del Catatumbo entre 2007 y 2008. Él estuvo ahí, en el teatro de operaciones y fue uno de los primeros en alertar sobre las ejecuciones extrajudiciales presentadas como bajas en combate. En diálogo con El Espectador, Mora recordó cómo vivió esos días, cómo casi fue asesinado por uno de sus compañeros y asegura que, en las versiones libres que les ha tomado la Sala de Reconocimiento a quienes fueron sus compañeros, todavía falta verdad.

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En su relato, el cabo Mora rememoró que, cuando llevaba apenas unos meses en el Catatumbo, conoció al cabo (r) del Ejército, Rafael Antonio Urbano, cuando este se unió a la Central de Inteligencia de Ocaña (Cioca) en 2007. El primer resultado recuerda de Urbano fue la incautación de una caleta de armas que dejó como resultado una supuesta baja en combate. Una fuente en la morgue le dijo a Mora que se trataba de un vecino con antecedentes psiquiátricos. Tiempo después, Urbano citó al cabo en el distrito Aguas Claras y, cuando Mora se negó a fusilar a un par de informantes, asegura, Urbano le apuntó con un arma en la frente. Se trataba de dos paramilitares que llegaron al mismo lugar bajo engaños y que escaparon porque Mora no quiso matarlos.

Urbano es uno de los diez militares imputados y llamados a reconocer responsabilidad por falsos positivos en Catatumbo. Mora, dice, se salvó esa noche tras gritarle a Urbano que, si algo le pasaba, había dejado instrucciones. Su muerte también era la sentencia de Urbano. Desde entonces, Mora conoció una red de muerte en la Brigada Móvil 15 (BRIM15) y en el Batallón de Infantería N°15 General Francisco de Paula Santander (BISAN), en Norte de Santander, que para la JEP fue una “organización criminal”. Entre los imputados está el general (r) Paulino Coronado, excomandante de la Brigada 30, a cargo de las dos unidades implicadas.

“Es un paso importante, pero no es el gran paso. Todavía falta que estas personas reconozcan lo que hicieron. Quienes hemos estado en la JEP, sabemos que hay inconsistencias en sus declaraciones, sobre todo de los altos mandos. Para mí es motivo de felicidad saber que prácticamente los militares que menciono en el libro (La verdad del cabo Mora), estos comandantes de la BRIM15, son los primeros imputados en la JEP”, dijo Mora en diálogo con El Espectador. El militar, exiliado y hoy instructor de derechos humanos, fue uno de los primeros uniformados en revelar la siniestra estrategia para aumentar los resultados operacionales del Ejército.

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“La guerra se mide en litros de sangre”, asegura haberle escuchado a sus superiores. Pero él no era así: Carlos Eduardo Mora vivió su niñez en Ciudad Bolívar, en Bogotá. Quiso ser militar desde que unos soldados salvaron a su hermana de la persecución de una pandilla. De personalidad tranquila, parecía una locura que entrara al Ejército. Su padre biológico, un antiguo soldado que conoció apenas tras cumplir la mayoría de edad, le dio un empujón para que en 2003 entrara a la Escuela Militar de Suboficiales, en Tolemaida. Allí forjó su carácter y encontró su primer oficio: militar de inteligencia. Luego fue trasladado de Bogotá a Ocaña en 2005 y allí fue testigo del horror.

Primero, porque descubrió que el precio a pagar para tener premios y vacaciones era la vida de inocentes. El cabo Mora recuerda que, para 2006 la Cioca, unidad a la que pertenecía, estaba siguiéndole los talones a las disidencias de Víctor Ramón Navarro, alias Megateo (quien murió en 2015 en un operativo). Sin embargo, los números de bajas estaban muy por debajo de lo esperado por los altos mandos. De acuerdo con Mora, el 20 de septiembre de 2006, Juan Manuel Santos, entonces ministro de Defensa, anunció cambios en la comandancia de la BRIM 15 y fue así que el coronel Argemiro Reyes Cristancho fue relevado por el coronel (r) Santiago Herrera Fajardo.

“Santos envió al coronel Santiago Herrera Fajardo a la BRIM 15, me imagino que fue recomendación de los comandantes del Ejército. Lo nombró nuevo comandante porque la brigada móvil no daba los resultados que tenían que darse”, explicó Mora. Herrera Fajardo es otro de los imputados por la JEP: se le señala de estar detrás de por lo menos 43 falsos positivos. Al parecer, alteró la línea de mando y el Estado Mayor de la brigada, para contar con personas de confianza que llevaran a cabo los crímenes. Con la llegada de Herrera, además, se habría pagado a reclutadores para que engañaran a personas vulnerables, ofreciéndoles trabajo, para luego asesinarlos y presentarlos como bajas.

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Bajas. Positivos. Números y más números. Esas eran las metas que buscaban los altos mandos, según la JEP. Mora cuenta que el 1 de diciembre de 2006 fue el punto de giro para la BISAN. Ese día, 17 soldados murieron tras una emboscada del frente 33 de las Farc. Ahí tomó la comandancia de la BISAN el coronel Álvaro Diego Tamayo, quien buscaría cambiar el rostro de la unidad, solo que, según el cabo, recurriendo a métodos que involucrarían la vida de inocentes. “Era una unidad sin resultados. De una vez se incrementaron las cifras de bajas de combate en contra del supuesto enemigo. Pero yo ya sabía que esas bajas eran falsos positivos”, explicó Mora.

Entre el 22 de enero de 2007 y el 7 de noviembre de 2008, Tamayo se hizo cargo de la BISAN. Según imputó la JEP, presionó a sus subalternos para que aumentaran las bajas reportadas. Además, su trabajo en la “organización criminal” habría sido falsificar escenas del crimen, por ejemplo, enviando armas y material de intendencia. Mora dice que tenía idea de ello, pues sus informantes, quienes buscaban la desmovilización, se lo dijeron y él asegura haber confrontado a militares de la BRIM15 que lo obligaron a callarse por meses. A finales de 2007, luego de traslados en los que, dice, habrían buscado su muerte, llegó a Bogotá y denunció los hechos en la Central de Inteligencia.

De allí lo remitieron a la Fiscalía 19 de derechos humanos de la capital. Asegura que un general del Ejército le dijo: “El general (r) Mario Montoya —entonces comandante del Ejército— no quiere que esto se sepa”. Pero él se metió en la boca del lobo: Desde entonces, es testigo de la Fiscalía, Procuraduría y la JEP, y ha entregado su versión ante la Comisión de la Verdad y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. “Han intentado decir que yo vendía armamento, que yo era un loco, e incluso pagaron ‘paras’ para decir que yo trabajaba con ellos. El Ejército no puede permitirse que estas barbaridades se olviden. Tenemos que recordárselas a nuestros hombres, a nuestros nuevos oficiales, suboficiales y soldados, para que nunca vuelva a pasar lo que pasó”.