Salvador Arana denuncia a sus víctimas

Un desconcertante expediente reposa hoy en el despacho del fiscal 3 especializado para la investigación de falsos testigos. El denunciante: Salvador Arana Sus, exgobernador de Sucre, sentenciado por el asesinato de Eudaldo Díaz, el alcalde de El Roble que en 2003 señaló que la parapolítica se había enquistado en el departamento y que lo iban a matar. Los denunciados: Juan David y Enriqueta Díaz, hijo y hermana de Eudaldo, líderes del proceso que culminó con la condena a 40 años de prisión que hoy purga el exgobernador por orden de la Corte Suprema de Justicia. El escenario parece absurdo, no sólo porque los Díaz no participaron como testigos en el juicio, sino porque fueron ellos las víctimas de la alianza criminal que, según la Corte, fraguaron Arana y los comandantes del bloque Héroes de los Montes de María para expandir el paramilitarismo y apoderarse del erario.

En opinión de Juan David Díaz, “aquí se está abriendo una puerta muy peligrosa. Después de que conseguimos justicia nos toca soportar la pesadilla de que el victimario nos denuncie, con el agravante de que la Fiscalía se preste para eso. Estos procesos van a causar terror en las víctimas, que van a terminar retractándose para evitar ser judicializadas”. Según él, la denuncia de Arana busca socavar la legitimidad del fallo con el fin de trasladar el expediente a una corte internacional, donde podría alegar que en Colombia se violó el debido proceso. Un camino que está recorriendo el general (r) Jaime Humberto Uscátegui, cuya condena a 37 años de prisión por la masacre de Mapiripán será revisada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la cual admitió estudiar el caso por considerar que pudo estar viciado por las declaraciones de falsas víctimas y falsos testigos.

En una carta dirigida al fiscal 3, Enriqueta Díaz aseguró que “lo que Arana pretende es generar confusiones dilatorias, creyendo poder afectar el proceso culminado en la Corte Suprema de Justicia”. Una opinión que, paradójicamente, la Fiscalía comparte. Fuentes del ente acusador así lo confirman, aunque recordaron que es su deber continuar con las pesquisas. El panorama se complica aún más si se tiene en cuenta que, en la decisión contra Arana, la Corte advirtió que “en el evento de que alguna autoridad pretenda la impunidad de los hechos aquí juzgados (la desaparición y el homicidio de Eudaldo Díaz), se remitirá copia a la Corte Penal Internacional en tanto se demostraría que algunas instituciones en Colombia obstruyen la administración de justicia”. De manera que unos y otros podrían acudir a esa instancia para blindar o revertir la sentencia.

En esa ocasión, el alto tribunal también desmintió las acusaciones de Arana, quien aseguró que los demás declarantes habían sido manipulados por las hermanas Isabel del Socorro y Enriqueta Díaz. Además dejó constancia de que el exgobernador y los paramilitares habían presionado a los testigos Sadys Enrique Ríos, Emiro José Correa y Juan Pablo Viloria para que se retractaran y negaran conocer la alianza entre Arana y el bloque Héroes de los Montes de María. En el caso de este último, Rodrigo Mercado Pelufo, alias Cadena, secuestró a su hermano Isaías de Jesús y le exigió un cambio de declaración so pena de no liberarlo. Aunque la retractación se hizo efectiva, la Corte determinó que “esa circunstancia constrictiva e intimidante no le resta credibilidad al relato inicial de Viloria”, por lo que tuvo en cuenta su versión y la usó para emitir la condena.

Las amenazas y los homicidios que rodearon el juicio, sumados a las relaciones del exgobernador, hacen que Juan David Díaz tema por su vida. Según él, “es un riesgo para mi seguridad asistir a un interrogatorio donde Arana sabe que yo voy a estar. La Fiscalía nos está poniendo en una situación muy complicada y no sabemos qué nos pueda esperar a la entrada o a la salida de esa cita”. Pues además de las posibles retaliaciones por ese fallo, Díaz enfrenta múltiples riesgos asociados a su condición de vocero del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) en Sucre. En enero, pese a contar con un esquema de seguridad asignado por la Unidad Nacional de Protección, los Urabeños lo declararon objetivo militar y seis meses después lo amenazaron de muerte. Por eso señala que “con este proceso nos están revictimizando”.

El Movice, por su parte, le exigió a la Fiscalía “que ponga fin al desarrollo de casos judiciales sin fundamento contra Juan David Díaz y su familia”, teniendo en cuenta que varios desmovilizados han proferido señalamientos similares a los de Arana. Además, la familia solicitó la exclusión de seis postulados de Justicia y Paz, entre los que se encuentra el excomandante paramilitar Édwar Cobos Téllez, alias Diego Vecino, con los argumentos de que no han contado la verdad sobre el crimen de Eudaldo Díaz y de que “han emprendido acciones de persecución, amenaza y montajes falsos contra nosotros por el hecho de reclamar y exigir justicia”. En el documento, remitido al fiscal Eduardo Montealegre, también reclamaron por el desmantelamiento de los sectores políticos y económicos que se aliaron con las autodefensas para asesinar al alcalde.

Pese a ello, Juan David y Enriqueta Díaz aseguran que comparecerán a las diligencias programadas por la Fiscalía y que se defenderán de las nuevas acusaciones. Mientras tanto, Arana continuará recluido en la cárcel El Bosque de Barranquilla, no sólo por haber ordenado el asesinato del alcalde de El Roble, sino también por impulsar las autodefensas desde 1997, cuando a partir de las Convivir y, más tarde, del bloque comandado por Cadena contribuyó a la formación y el fortalecimiento de los ejércitos paramilitares. En octubre de 2007, la Procuraduría lo destituyó e inhabilitó por 15 años tras comprobar que promovió grupos al margen de la ley durante su paso por la Gobernación de Sucre.

mflorez@elespectador.com

@elenaflorezr

Un desconcertante expediente reposa hoy en el despacho del fiscal 3 especializado para la investigación de falsos testigos. El denunciante: Salvador Arana Sus, exgobernador de Sucre, sentenciado por el asesinato de Eudaldo Díaz, el alcalde de El Roble que en 2003 señaló que la parapolítica se había enquistado en el departamento y que lo iban a matar. Los denunciados: Juan David y Enriqueta Díaz, hijo y hermana de Eudaldo, líderes del proceso que culminó con la condena a 40 años de prisión que hoy purga el exgobernador por orden de la Corte Suprema de Justicia. El escenario parece absurdo, no sólo porque los Díaz no participaron como testigos en el juicio, sino porque fueron ellos las víctimas de la alianza criminal que, según la Corte, fraguaron Arana y los comandantes del bloque Héroes de los Montes de María para expandir el paramilitarismo y apoderarse del erario.

En opinión de Juan David Díaz, “aquí se está abriendo una puerta muy peligrosa. Después de que conseguimos justicia nos toca soportar la pesadilla de que el victimario nos denuncie, con el agravante de que la Fiscalía se preste para eso. Estos procesos van a causar terror en las víctimas, que van a terminar retractándose para evitar ser judicializadas”. Según él, la denuncia de Arana busca socavar la legitimidad del fallo con el fin de trasladar el expediente a una corte internacional, donde podría alegar que en Colombia se violó el debido proceso. Un camino que está recorriendo el general (r) Jaime Humberto Uscátegui, cuya condena a 37 años de prisión por la masacre de Mapiripán será revisada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la cual admitió estudiar el caso por considerar que pudo estar viciado por las declaraciones de falsas víctimas y falsos testigos.

En una carta dirigida al fiscal 3, Enriqueta Díaz aseguró que “lo que Arana pretende es generar confusiones dilatorias, creyendo poder afectar el proceso culminado en la Corte Suprema de Justicia”. Una opinión que, paradójicamente, la Fiscalía comparte. Fuentes del ente acusador así lo confirman, aunque recordaron que es su deber continuar con las pesquisas. El panorama se complica aún más si se tiene en cuenta que, en la decisión contra Arana, la Corte advirtió que “en el evento de que alguna autoridad pretenda la impunidad de los hechos aquí juzgados (la desaparición y el homicidio de Eudaldo Díaz), se remitirá copia a la Corte Penal Internacional en tanto se demostraría que algunas instituciones en Colombia obstruyen la administración de justicia”. De manera que unos y otros podrían acudir a esa instancia para blindar o revertir la sentencia.

En esa ocasión, el alto tribunal también desmintió las acusaciones de Arana, quien aseguró que los demás declarantes habían sido manipulados por las hermanas Isabel del Socorro y Enriqueta Díaz. Además dejó constancia de que el exgobernador y los paramilitares habían presionado a los testigos Sadys Enrique Ríos, Emiro José Correa y Juan Pablo Viloria para que se retractaran y negaran conocer la alianza entre Arana y el bloque Héroes de los Montes de María. En el caso de este último, Rodrigo Mercado Pelufo, alias Cadena, secuestró a su hermano Isaías de Jesús y le exigió un cambio de declaración so pena de no liberarlo. Aunque la retractación se hizo efectiva, la Corte determinó que “esa circunstancia constrictiva e intimidante no le resta credibilidad al relato inicial de Viloria”, por lo que tuvo en cuenta su versión y la usó para emitir la condena.

Las amenazas y los homicidios que rodearon el juicio, sumados a las relaciones del exgobernador, hacen que Juan David Díaz tema por su vida. Según él, “es un riesgo para mi seguridad asistir a un interrogatorio donde Arana sabe que yo voy a estar. La Fiscalía nos está poniendo en una situación muy complicada y no sabemos qué nos pueda esperar a la entrada o a la salida de esa cita”. Pues además de las posibles retaliaciones por ese fallo, Díaz enfrenta múltiples riesgos asociados a su condición de vocero del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) en Sucre. En enero, pese a contar con un esquema de seguridad asignado por la Unidad Nacional de Protección, los Urabeños lo declararon objetivo militar y seis meses después lo amenazaron de muerte. Por eso señala que “con este proceso nos están revictimizando”.

El Movice, por su parte, le exigió a la Fiscalía “que ponga fin al desarrollo de casos judiciales sin fundamento contra Juan David Díaz y su familia”, teniendo en cuenta que varios desmovilizados han proferido señalamientos similares a los de Arana. Además, la familia solicitó la exclusión de seis postulados de Justicia y Paz, entre los que se encuentra el excomandante paramilitar Édwar Cobos Téllez, alias Diego Vecino, con los argumentos de que no han contado la verdad sobre el crimen de Eudaldo Díaz y de que “han emprendido acciones de persecución, amenaza y montajes falsos contra nosotros por el hecho de reclamar y exigir justicia”. En el documento, remitido al fiscal Eduardo Montealegre, también reclamaron por el desmantelamiento de los sectores políticos y económicos que se aliaron con las autodefensas para asesinar al alcalde.

Pese a ello, Juan David y Enriqueta Díaz aseguran que comparecerán a las diligencias programadas por la Fiscalía y que se defenderán de las nuevas acusaciones. Mientras tanto, Arana continuará recluido en la cárcel El Bosque de Barranquilla, no sólo por haber ordenado el asesinato del alcalde de El Roble, sino también por impulsar las autodefensas desde 1997, cuando a partir de las Convivir y, más tarde, del bloque comandado por Cadena contribuyó a la formación y el fortalecimiento de los ejércitos paramilitares. En octubre de 2007, la Procuraduría lo destituyó e inhabilitó por 15 años tras comprobar que promovió grupos al margen de la ley durante su paso por la Gobernación de Sucre.

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