Salvatore Mancuso: JEP le quita poder a Tribunales y ahora definirá su libertad

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) aceptó completamente el sometimiento del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso. Con la decisión quedaría en manos de la JEP definir si dejar o no en libertad a Mancuso para que cumpla su rol de gestor de paz del gobierno de Gustavo Petro para que busque acercamientos con grupos de origen paramilitar como el Clan del Golfo o las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN).

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En su decisión, la JEP revoca la decisión con la que aceptó el sometimiento parcial de Mancuso y en su lugar ordena que resuelva sobre la libertad del exjefe paramilitar “sobre los beneficios transicionales provisionales, y vigile inicialmente el cumplimiento el régimen de condicionalidad en los términos de la presente decisión”.

Además, señala que la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad “ejercerá la supervisión de su régimen de condicionalidad a partir del momento que seleccione, si es del caso, al compareciente como posible máximo responsable de las conductas cobijadas en los macrocasos 03, 04, 06 y 08″.

Por otra parte, debe dársele celeridad a los macrocasos en los que pueda ser seleccionado como “máximo responsable de los crímenes más graves y representativos cometidos entre 1989 y 2004 como sujeto incorporado funcional y materialmente a la Fuerza Pública”.

Además, en el documento también llaman a Mancuso para “que concrete sus compromisos con el Sistema Integral de Paz en lo relativo a la indemnización y la satisfacción integral de los derechos de las víctimas a la verdad, justicia, reparación y no repetición, so pena de su exclusión definitiva de los procedimientos transicionales y su retorno a la justicia penal ordinaria”.

Le recomendamos: “Le he pedido a Mancuso que ayude a construir la paz en Urabá”: presidente Petro

La decisión llega tras la apelación de la defensa del exjefe paramilitar sobre la decisión con la que lo habían aceptado parcialmente en esa jurisdicción el pasado 17 de noviembre. Al exparamilitar se le abrió la puerta en ese entonces como “bisagra” o punto de conexión entre las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y miembros de la Fuerza Pública. La defensa de Mancuso alegó en ese momento que con un sometimiento a medias había inseguridad jurídica.

A través de una carta, Mancuso dijo que “esta apelación surge no solo por la inseguridad jurídica en la que me sitúa sino como un debate profundo sobre la facilidad de operar dos sistemas de justicia transicional para un único conflicto armado, así como la urgencia de establecer un tribunal de cierre que garantice la conclusión justa y definitiva de estos procesos”.

Con las cosas así, la JEP se encargará de definir la situación de Mancuso y podría, o no, concederle la libertad que ha estado buscando ya ante dos jueces desde su regreso a Colombia el pasado 27 de febrero.

Ya lo ha intentado ante la sala de Justicia y Paz de los tribunales de Bogotá y Barranquilla. En el primero, se le dio la libertad condicionada por cuatro años, aclarando que el exjefe paramilitar seguiría en la cárcel mientras resolvía los demás pendientes con la justicia. En el segundo tribunal, el magistrado decidió no reconocerlo como gestor de paz, pues consideró que existían “vicios” dentro de la resolución presidencial que lo nombró bajo este cargo.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) aceptó completamente el sometimiento del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso. Con la decisión quedaría en manos de la JEP definir si dejar o no en libertad a Mancuso para que cumpla su rol de gestor de paz del gobierno de Gustavo Petro para que busque acercamientos con grupos de origen paramilitar como el Clan del Golfo o las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN).

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En su decisión, la JEP revoca la decisión con la que aceptó el sometimiento parcial de Mancuso y en su lugar ordena que resuelva sobre la libertad del exjefe paramilitar “sobre los beneficios transicionales provisionales, y vigile inicialmente el cumplimiento el régimen de condicionalidad en los términos de la presente decisión”.

Además, señala que la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad “ejercerá la supervisión de su régimen de condicionalidad a partir del momento que seleccione, si es del caso, al compareciente como posible máximo responsable de las conductas cobijadas en los macrocasos 03, 04, 06 y 08″.

Por otra parte, debe dársele celeridad a los macrocasos en los que pueda ser seleccionado como “máximo responsable de los crímenes más graves y representativos cometidos entre 1989 y 2004 como sujeto incorporado funcional y materialmente a la Fuerza Pública”.

Además, en el documento también llaman a Mancuso para “que concrete sus compromisos con el Sistema Integral de Paz en lo relativo a la indemnización y la satisfacción integral de los derechos de las víctimas a la verdad, justicia, reparación y no repetición, so pena de su exclusión definitiva de los procedimientos transicionales y su retorno a la justicia penal ordinaria”.

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A través de una carta, Mancuso dijo que “esta apelación surge no solo por la inseguridad jurídica en la que me sitúa sino como un debate profundo sobre la facilidad de operar dos sistemas de justicia transicional para un único conflicto armado, así como la urgencia de establecer un tribunal de cierre que garantice la conclusión justa y definitiva de estos procesos”.

Con las cosas así, la JEP se encargará de definir la situación de Mancuso y podría, o no, concederle la libertad que ha estado buscando ya ante dos jueces desde su regreso a Colombia el pasado 27 de febrero.

Ya lo ha intentado ante la sala de Justicia y Paz de los tribunales de Bogotá y Barranquilla. En el primero, se le dio la libertad condicionada por cuatro años, aclarando que el exjefe paramilitar seguiría en la cárcel mientras resolvía los demás pendientes con la justicia. En el segundo tribunal, el magistrado decidió no reconocerlo como gestor de paz, pues consideró que existían “vicios” dentro de la resolución presidencial que lo nombró bajo este cargo.

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