Mancuso pide ayuda a la ONU y su abogada alerta un supuesto plan para asesinarlo
“No existe medida de aseguramiento en mi contra en ningún juzgado o en alguna fiscalía”, declara el exjefe paramilitar en un video, grabado desde la cárcel La Picota, publicado este 8 de julio.
En un video grabado desde el centro penitenciario La Picota, el excomandante paramilitar Salvatore Mancuso, solicitó a la Organización de Naciones Unidas (ONU) que “a través de su relator especial para las violaciones a la privación arbitraria de la libertad tome nota de lo que está sucediendo”, respecto a su libertad. Una situación jurídica que está enredada, a pesar de que el gobierno lo nombró gestor de paz, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) lo aceptó y varios juzgados y tribunales han decidido sobre su libertad.
La Sala de Definición de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) negó la libertad transitoria de Mancuso el pasado 4 de julio. Sin embargo, una juez de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá lo dejó en libertad el viernes pasado, asegurando que no existen órdenes judiciales vigentes para mantenerlo capturado, al menos en su jurisdicción. No obstante, a principios de año, el Tribunal Superior de Barranquilla había negado la libertad a Mancuso, en lo de su competencia. Aun así, el enredo por qué autoridad judicial tiene la última palabra es una tarea que tiene la Corte Constitucional desde marzo pasado, a petición de uno de los tribunales que conoce el expediente Mancuso.
Además del llamado a la ONU, el excomandante del bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) pidió a las autoridades que tomen las medidas pertinentes, y le hizo una solicitud directa al presidente Gustavo Petro, para que considere la “forma ilegal y arbitraria” en la que se está negando su libertad. El jefe de Estado entrega, a su vez, los lineamientos al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec). Mancuso también pidió a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) que siga de manera atenta lo que viene sucediendo con su caso. Y, por último, radicó ante la Fiscalía una denuncia por los delitos de prevaricato por omisión y prolongación ilícita de la privación de libertad, contra directivos de la cárcel La Picota.
“Esto no es un atentado contra mí, es un atentado contra todos aquellos que quieren avanzar en un proceso de paz, desmovilizarse y deponer las armas, (...) pero el mensaje que se está mandando es que las entidades administrativas no cumplen (...) No existe medida de aseguramiento en mi contra en ningún juzgado o en alguna fiscalía. Medida de aseguramiento vigente, legalmente válida”, declaró el exparamilitar.
El supuesto plan para asesinar a Mancuso
Mientras Mancuso llama la atención de las autoridades judiciales por la privación de su libertad, una de sus abogadas, Beatriz Quintero, alertó por un supuesto plan para asesinar al exjefe paramilitar el pasado 7 de julio en declaraciones en RTVC Noticias. Según Quintero, aunque no entregó pruebas concretas de sus señalamientos, este complot estaría orquestado por un grupo de sicarios con la colaboración de funcionarios del Inpec, quienes estarían retrasando de manera ilegal la salida de su cliente para permitir que se concrete este supuesto plan.
“Tenemos conocimiento de que en el Inpec están esperando que un grupo de sicarios se instale en las afueras del instituto penitenciario para hacer un atentado contra (Mancuso) en el momento en que sea dejado en libertad”, dijo Quintero, quien responsabilizó directamente a Mauricio Ríos Moreno, director de la cárcel La Picota; Johan López Sánchez, director encargado del penal, y Ferney Ortiz Romero, el encargado del área jurídica.
Mientras la Corte Constitucional define la entidad de justicia competente para definir la libertad del exjefe paramilitar, el Inpec asegura que está “sustanciando la hoja de vida” de Mancuso, y que le ha solicitado a las autoridades judiciales revisar tanto los procesos del sistema de Justicia y Paz, como de la justicia ordinaria. A corte de la publicación de esta nota, el Inpec le respondió a este diario que se han oficiado a 31 autoridades, entre jueces y fiscales, para que se pronuncien. Solo siete han dado respuesta.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
En un video grabado desde el centro penitenciario La Picota, el excomandante paramilitar Salvatore Mancuso, solicitó a la Organización de Naciones Unidas (ONU) que “a través de su relator especial para las violaciones a la privación arbitraria de la libertad tome nota de lo que está sucediendo”, respecto a su libertad. Una situación jurídica que está enredada, a pesar de que el gobierno lo nombró gestor de paz, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) lo aceptó y varios juzgados y tribunales han decidido sobre su libertad.
La Sala de Definición de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) negó la libertad transitoria de Mancuso el pasado 4 de julio. Sin embargo, una juez de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá lo dejó en libertad el viernes pasado, asegurando que no existen órdenes judiciales vigentes para mantenerlo capturado, al menos en su jurisdicción. No obstante, a principios de año, el Tribunal Superior de Barranquilla había negado la libertad a Mancuso, en lo de su competencia. Aun así, el enredo por qué autoridad judicial tiene la última palabra es una tarea que tiene la Corte Constitucional desde marzo pasado, a petición de uno de los tribunales que conoce el expediente Mancuso.
Además del llamado a la ONU, el excomandante del bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) pidió a las autoridades que tomen las medidas pertinentes, y le hizo una solicitud directa al presidente Gustavo Petro, para que considere la “forma ilegal y arbitraria” en la que se está negando su libertad. El jefe de Estado entrega, a su vez, los lineamientos al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec). Mancuso también pidió a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) que siga de manera atenta lo que viene sucediendo con su caso. Y, por último, radicó ante la Fiscalía una denuncia por los delitos de prevaricato por omisión y prolongación ilícita de la privación de libertad, contra directivos de la cárcel La Picota.
“Esto no es un atentado contra mí, es un atentado contra todos aquellos que quieren avanzar en un proceso de paz, desmovilizarse y deponer las armas, (...) pero el mensaje que se está mandando es que las entidades administrativas no cumplen (...) No existe medida de aseguramiento en mi contra en ningún juzgado o en alguna fiscalía. Medida de aseguramiento vigente, legalmente válida”, declaró el exparamilitar.
El supuesto plan para asesinar a Mancuso
Mientras Mancuso llama la atención de las autoridades judiciales por la privación de su libertad, una de sus abogadas, Beatriz Quintero, alertó por un supuesto plan para asesinar al exjefe paramilitar el pasado 7 de julio en declaraciones en RTVC Noticias. Según Quintero, aunque no entregó pruebas concretas de sus señalamientos, este complot estaría orquestado por un grupo de sicarios con la colaboración de funcionarios del Inpec, quienes estarían retrasando de manera ilegal la salida de su cliente para permitir que se concrete este supuesto plan.
“Tenemos conocimiento de que en el Inpec están esperando que un grupo de sicarios se instale en las afueras del instituto penitenciario para hacer un atentado contra (Mancuso) en el momento en que sea dejado en libertad”, dijo Quintero, quien responsabilizó directamente a Mauricio Ríos Moreno, director de la cárcel La Picota; Johan López Sánchez, director encargado del penal, y Ferney Ortiz Romero, el encargado del área jurídica.
Mientras la Corte Constitucional define la entidad de justicia competente para definir la libertad del exjefe paramilitar, el Inpec asegura que está “sustanciando la hoja de vida” de Mancuso, y que le ha solicitado a las autoridades judiciales revisar tanto los procesos del sistema de Justicia y Paz, como de la justicia ordinaria. A corte de la publicación de esta nota, el Inpec le respondió a este diario que se han oficiado a 31 autoridades, entre jueces y fiscales, para que se pronuncien. Solo siete han dado respuesta.
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