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El exjefe paramilitar Salvatore Mancuso podría caminar libre si regresa a Colombia. La jueza de ejecución de penas para el sistema de Justicia y Paz le concedió el beneficio de libertad “a modo de prueba” al exjefe paramilitar del Caribe, durante cuatro años. Sin embargo, aclara que solo será efectivo cuando vuelva al país desde Estados Unidos, donde cumplió hace ya tres años una condena por narcotráfico y se encuentra a la espera de que se resuelva su futuro judicial.
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En el sistema de Justicia y Paz, creado para juzgar al paramilitarismo, la pena máxima que puede recibir una persona condenada por crímenes de guerra y de lesa humanidad, como los que ha reconocido Salvatore Mancuso es ocho años de prisión. Según la jueza, este tiempo ya se cumplió, por lo que el exjefe paramilitar podría recobrar la libertad una vez pise suelo colombiano. No obstante, su defensa apeló la decisión por estar inconforme con las condiciones en que se dio.
Entretanto, Salvatore Mancuso continúa recluido en un centro de detención de la agencia migratoria estadounidense (ICE), a la espera de que ese país defina si lo deja permanecer allí, si lo extradita a Colombia o si lo deporta a Italia, de donde también es ciudadano. Desde 2020, cuando recobró su libertad, el exjefe paramilitar demandó a las autoridades norteamericanas que lo iban a extraditar, asegurando que con ese envío a territorio colombiano podrían estar violando la Convención contra la Tortura.
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La situación judicial se ha tornado ya kafkiana. Aunque el Ministerio de Justicia, por ejemplo, ha solicitado hasta 11 veces la extradición del exjefe paramilitar a Colombia y ocho de esas solicitudes ya están en trámite, el Ministerio de Relaciones Exteriores le ha dicho a la Jurisdicción Especial para la Para (JEP) que desconoce la situación de Mancuso. Esa respuesta le valió un fuerte llamado de atención a la Cancillería, en un fallo de tutela que emitió el Tribunal para la Paz ante el pedido de Mancuso de garantías.
La Cancillería “no precisó las razones por las cuales permanece privado de la libertad, ni los procesos que la autoridad foránea adelanta en su contra. Sugirió que la JEP lo consultara directamente con el accionante (Mancuso), pues según indicó (el Ministerio), se trata de una situación propia del señor Mancuso Gómez con las autoridades de inmigración de ese país”. El Tribunal para la Paz también cuestionó que los funcionarios diplomáticos de Colombia en Atlanta (Georgia), donde está recluido Mancuso, se hubieran tomado a la ligera el tema.
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A pesar de que inicialmente le cerró las puertas, la JEP entró al baile por la situación judicial de Mancuso desde mediados de 2022, cuando el Tribunal para la Paz introdujo una nueva interpretación del pasado criminal de este exjefe paramilitar y de su compañero, Rodrigo Tovar, alias Jorge 40. A pesar de haber dicho inicialmente que solo podían ser juzgados en Justicia y Paz, el año pasado concluyó que, durante un tiempo, los dos habían tenido la calidad de “sujeto incorporado funcional y materialmente a la fuerza pública”.
Así las cosas, los citó a una audiencia única de verdad, donde deberían exponerle a la JEP qué información sobre la guerra estaban dispuestos a aportar. En el caso de Jorge 40, esa audiencia ya tuvo lugar. La de Salvatore Mancuso, no obstante, aún no ha tenido lugar y la justicia especial se encuentra realizando coordinaciones con el Gobierno para asegurar la comparecencia del exjefe paramilitar.
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