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Salvatore Mancuso y Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, dos de los protagonistas del conflicto armado más sanguinarios aun con vida, tienen un nuevo chance en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Luego de varios intentos y recursos judiciales con los cuales buscaron abrirse un espacio, los exjefes paramilitares lograron que la justicia transicional los escuche en una audiencia pública en la que deberán explicar qué tanta verdad pueden contar, a cambio de un puesto en la JEP.
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El magistrado Eduardo Cifuentes dio a conocer que ambos tendrían un espacio en la Jurisdicción bajo la figura de “sujeto incorporado funcional y materialmente a la fuerza pública”. En síntesis, deberán argumentar en la audiencia pública como llegaron a ser el punto de encuentro entre grandes organizaciones criminales, en este caso las Auc, y fuerzas de seguridad del Estado. Y que esa alianza fue utilizada para cometer graves violaciones de derechos humanos.
“Cuando un comandante paramilitar pone al servicio de los miembros de la fuerza pública el grupo armado organizado sobre el que tiene pleno dominio para cometer conjuntamente crímenes del conflicto, no le es aplicable la regla general de exclusión. Por el contrario, en esta situación límite y puntual, dicho sujeto puede eventualmente ser percibido como incorporado funcional y materialmente al Estado y, por ello, compareciente ante la JEP”, agregó Cifuentes.
Sobre Tovar Pupo, excomandante del Bloque Norte de las AUC, El Espectador confirmó que la JEP resolvió a su favor una apelación, luego de que en septiembre de 2020 fuera rechazado. En su momento, se explicó que no tenía cabida como tercero civil, ya que sus crímenes “están excluidos del ámbito de competencia personal de la JEP y no pueden ser conocidos por esta Jurisdicción”.
En 2020, además, la JEP invitó a Jorge 40 a llevar su versión a otras instituciones hijas del Acuerdo de Paz. “Si el señor Tovar Pupo tiene el sincero propósito de reparar a las víctimas, ofrecer verdad, reparación y garantías de no repetición por las conductas que realizó mientras formó parte de las Auc, como lo afirma en su recurso, podrá acudir a otros órganos (…) como la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad y la Unidad para la Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas”, explicó la Jurisdicción.
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Con el nuevo cambio de panorama, los crímenes de Jorge 40 podrían ser conocidos y juzgados por la JEP, la cual justo esta semana anunció la apertura del macrocaso 08, denominado: “Crímenes cometidos por la fuerza pública, otros agentes de Estado, en asocio con grupos paramilitares o terceros civiles”. En ese espacio podrían entrar, entre otros hechos atroces, la masacre de El Salado (Bolívar), en el 2.000, que dejó más de 60 asesinatos y que fue comandada por Jorge 40, entre otros jefes paramilitares.
Jorge 40 fue uno de los principales voceros de las Auc en las negociaciones de Santa Fe de Ralito y fue uno de los últimos jefes paramilitares en desmovilizarse. No obstante, en 2015 fue expulsado del también sistema transicional de Justicia y Paz, creado para la desmovilización paramilitar, por no aceptar su participación en crímenes de reclutamiento forzado de menores, violencia de género y secuestro ni haber reparado a las víctimas
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“Mi compromiso con las víctimas de Colombia es pleno. Es lo mínimo que podemos hacer por nuestros hijos e hijas para darles una oportunidad de vivir en un país diferente al que nos tocó vivir a nosotros. Para ello, considero que el Sistema Integral cuenta con la capacidad de proveer a las víctimas de la verdad, imponer sanciones por el daño causado, así como definir las rutas de reparación”, señaló Jorge 40 en 2020, mismo año en el que regresó a Colombia tras 12 años en extradición en Estados Unidos.
Asimismo, el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, líder de las Autodefensas Unidas de Colombia, también podría encontrar un espacio bajo sometimiento en la JEP. Las puertas se le habían cerrado también en 2020, luego de que la Sala de Reconocimiento argumentara que entre 1989 y 1997, periodo por el que solicitó ser aceptado como tercero civil, es decir, como una persona que apoyó, auspició o financió el conflicto armado, realmente fue un “miembro orgánico de la estructura criminal, desarrollando una función continua de combate”.
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La defensa de Mancuso argumentaba que, a pesar de ser un exjefeparamilitar, también fue informante del Ejército en 1989 y colaborador de la misma Fuerza Militar. También describió el entrenamiento militar que le dio el mayor del Ejército Walter Fratini Lobacio, comandante del batallón de contraguerrilla de la IX Brigada del Ejército, así como la participación de Mancuso en patrullajes contrainsurgentes ilegales, realizados con Frantini y con soldados y exguerrilleros.
Durante los últimos años, Mancuso ha sido insistente en lograr su sometimiento a la JEP. En su contribución a la Comisión de la Verdad, en agosto de 2021, pidió ser incluido en el macrocaso de falsos positivos. “Quiero colaborar para esclarecer estos crímenes. A las víctimas mi respeto por su lucha, resistencia y valentía”, señaló. Asimismo, desde su prisión en Atlanta (Estados Unidos) ha reiterado su disposición para contar la verdad y ha confirmado asociaciones con políticos, ganaderos y militares para sostener el poder en los noventa e inicios de los 2.000.
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